¿Qué enseña la empresa a un directivo del sector público?
No estar tan influenciada por el Gobierno y mejorar el ‘networking’, algunas claves Agilizar los nuevos nombramientos es otra de las recetas que sugieren los expertos
La figura del directivo público tiene un largo camino por recorrer en España. Al menos en lo que respecta a su regulación. “No debemos olvidar que todo viene de la profesionalización de la Administración, que se inicia con el Real Decreto-Ley de 30 de marzo de 1977”, explicó ayer el presidente de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), Jordi Solé, durante la jornada El directivo público, profesionalización y objetividad.
Esto es, de hecho, la punta de lanza que reclama la asociación, que aboga por ese reconocimiento de la alta función pública y de estos ejecutivos, algo que engloba a esos puestos de contenido técnico-político, tales como subsecretarios, secretarios generales, directores generales o delegados del Gobierno. En este sentido, potenciar algunos de los aspectos que están a la orden del día en el ámbito privado, podría ser un buen paso, tal y como explicó la secretaria del Consejo de AENA y directora de asesoría jurídica y gestión patrimonial, Matilde García Duarte: “Deberíamos trabajar habilidades y competencias que no nos enseñan, como movernos mejor en el ámbito profesional o potenciar la red de contactos. Son atributos que nosotros no conocemos muy bien, pero que si funcionan en el sector privado habría que trasladar al público”.
Otra de las urgencias estaría relacionada con las ventajas que supone reconocer a un profesional su trabajo y su trayectoria. “La Administración tiene un problema, y es que es muy poco agradecida. Un perfil que ha sido directivo público puede descender en cascada tras 20 años de servicio. Por eso, el Estatuto del Directivo Público es fundamental, como también lo es dirigirlo para tomar las riendas en determinados aspectos, como reconocer el carácter de directivo a alguien que ha desempeñado la labor, o darle la posibilidad de concurrir a otros puestos”, prosiguió el abogado del Estado Juan García González-Posada.
Una de las razones que los expertos expusieron para justificar su postura es “la enorme profesionalización de los directivos públicos”, comentó el administrador civil del Estado, Israel Pastor Sainz-Pardo: “Debe ponerse en valor la vocación del servicio público, porque es algo que condiciona las características de estos ejecutivos, así como su liderazgo y su inteligencia social”. Dicho de otra forma, “nadie nos ha regalado nada”, espetó González-Posada. “Toda la alta dirección pública ha llegado donde está gracias a una oposición. Mi padre no fue abogado del Estado y mis hijos tampoco lo son. El hecho de llegar a un puesto por tus propios méritos ya es garantía suficiente de objetividad y profesionalidad”.
Sin embargo, el sector aún está anclado por la “excesiva influencia del poder político”, añadió la administradora civil del Estado, Patricia de las Morenas Ferrándiz, pues aunque estos puestos se ocupen por funcionarios, la confianza y cercanía con el gobierno de turno es lo que determina muchas veces sus nombramientos o ceses, “sin obligación de justificación de la capacidad profesional ni el rendimiento en el ejercicio de las competencias asignadas”. Este punto supone para García Duarte una forma de “ver lo objetiva que puedes ser. Yo trabajé, por un lado, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE), y en 2012 perdí mis competencias. En ese año me puse al servicio del ejecutivo de la Comunidad de Madrid (PP) y llevé a cabo mis funciones de forma eficaz”. Para esta profesional, el hecho de haber trabajado con dos gobiernos opuestos, como el PP y el PSOE, es síntoma de la “buena objetividad y profesionalidad” de la que goza su sector.
Pese a ello, uno de los aspectos a mejorar de los que podría empaparse la alta dirección pública, y que tal y como reconocieron los ponentes, suele ser mucho más eficaz en la empresa privada, es la “agilidad en la designación de los puestos”, profundizó Pastor Sainz-Pardo. En elló coincidió García Duarte, que ilustró cómo el sector público, al ser diferente al privado y contar con su propia idiosincracia, lleva a que muchos de los nuevos cargos tarden un periodo de tiempo en hacerse con las riendas de su puesto. “No se concibe que en una compañía privada un nuevo ejecutivo tarde más de la cuenta en adaptarse a su posición”.
Muchas veces, de hecho, la Administración peca de falta de planificación, y se producen nombramientos en cascada que no salen bien y suponen costes y pérdida de tiempo . “La autoridad competente debe encontrar el equilibro entre agilidad y eficacia en un nombramiento”, recalcó Pastor Sainz-Pardo. Además de esto, en el sector público hay otra ristra de detalles que deben abordarse en una nueva designación. “La experiencia y trayectoria del directivo debe ser esencial, los requerimientos y aptitudes para el puesto tienen que ser publicados y sabidos por todos los candidatos, que han de ser evaluados y puestos en práctica, según sus capacidades. Por último, las causas de una posible destitución deberían ser tasadas”, recalcó, ya que, aunque la libre designación sea una fórmula que funciona en ciertos casos, “no aplicarla correctamente puede dar pie a la corrupción”, insistió el citado experto.
