Investigación por la salida a Bolsa

Deloitte expone que en el peor caso hubo un “error” contable en Bankia pero nunca “conducta dolosa”

Francisco Celma, el socio de Deloitte que auditaba a Bankia, ha escrito al juez

Asevera que los nuevos mails del inspector prueban la fiabilidad de las cuentas

Deloitte
Una de las sedes de Deloitte. Reuters

La prueba de última hora aportada al llamado caso Bankia, los correos en los que el inspector del Banco de España José Antonio Casaus advertía a sus superiores de la inviabilidad del grupo y de que sacar a Bolsa el banco sería “el primer paso para nacionalizar pérdidas”, se han convertido en una pieza clave para las acusaciones, pero también para algunos de los investigados.

Francisco Celma, el socio de Deloitte que fue responsable de auditar las cuentas de Bankia, imputado en mayo, ha remitido un escrito al juez instructor del caso, Fernando Andreu, basándose en parte en estos correos para defender su labor.

En una 33 folios de alegaciones, a los que ha tenido acceso este diario, Celma argumenta que aunque el inspector informa de sus temores ante el devenir de la entidad, que terminó recibiendo un rescate público de 22.500 millones de euros, no pone en duda la fiabilidad de las cuentas con que trabaja.

De hecho, subraya el escrito del socio de Deloitte, el inspector reconoce la existencia de las provisiones genéricas y específicas no asignadas de 3.000 millones de euros en el momento de su salida a Bolsa.

Un colchón sobre cuya existencia ha venido fundamentándose hasta ahora el gran debate de la investigación, la posibilidad de que los responsables de la salida a Bolsa de Bankia cometieran un fraude al no presentar al público información fiel a la realidad, como así lo sostuvieron dos inspectores del Banco de España que ejercen como peritos en la causa.

El hecho de que el inspector Casaus reconociera su existencia es, para Deloitte, una prueba de que el problema no fue la veracidad de las cuentas auditadas. “Ciertamente”, expone el documento, “el inspector don José Antonio Casaus expresó, al tiempo de la salida a Bosla de Bankia, sus dudas sobre la futura viablidad del grupo BFA-Bankia en su conjunto”.

“Ahora bien, el señor Casaus no sólo pudo expresar y expresó esas dudas precisamente sobre la base de los estados contables mismos (dándolos así por objetivamente verdaderos); sino que no dejó de manifestar con meridiana claridad que aquel juicio prospectivo suyo es totalmente diferente al juicio que es propio del auditor”, concluye el escrito de alegaciones.

Hipotético error, nunca dolo

En todo caso, establece el documento remitido al juez, “aunque quisiera darse por supuesto que las repetidas cuentas no reflejaban la imagen fiel de Bankia, ello podría a lo más implicar un error del señor Celma en la interpretación o aplicación de la normativa contable: en ningún caso, una conducta dolosa por su parte”.

“Sí pudo existir una estimación equivocada de deterioros futuros en determinados activos”, admite el escrito, pero rechaza que se diera una “cooperación dolosa” entre Deloitte y los administradores de Bankia de cara a estafar a los inversores que acudieron a la salida a Bolsa.

De hecho, el escrito advierte que no se debe deducir delito alguno por parte de Celma en base a la sanción impuesta por el Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAC) a Deloitte, a la que aplicó una infracción muy grave del deber de independencia, dado que esta ha sido recurrida.

La “teoría de la conspiración”

El documento trata de minimizar el papel de Celma en la elaboración de las cuentas “de una entidad que representaba el 26 % del PIB español y que estaba sometida a una intensa supervisión por parte del Banco de España tanto en su operativa como en los estados contables del grupo”.

Siguiendo esta argumentación, el escrito establece que la labor coordinada del supervisor financiero con la de los gestores de la entidad y los auditores supondría dar pábulo a una “teoría de la conspiración”.

Esta misma semana, el propio Banco de España envió un comunicado público defendiéndose de las acusaciones de que ha estado ocultado deliberadamente información al juez por el hecho de no haber remitido los citados correos electrónicos del inspector Casaus en el anterior envío de información al juez.

El supervisor argumenta que la confidencialidad intrínseca a las labores de inspección le impide remitir información alguna que no haya sido reclamada específicamente y que el magistrado no había solicitado aún estos correos.

La correspondencia del inspector fue solicitada por el juez a instancias de la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y representada por el letrado Andrés Herzog, después de que Casaus hiciera mención a ellos en su última declaración judicial.

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