Tribuna

Financiación autonómica, la hora del trabajo en equipo

El Estado tiene que reconocer que el Fondo de Garantía es insuficiente para hacer frente al gasto de los servicios básicos

Ya nadie duda de que el modelo de financiación autonómica debe ser revisado con urgencia, siendo una de las tareas que debe abordar el nuevo Gobierno. El Consejo de Política Fiscal y Financiero ha de reunirse lo antes posible y debatir el nuevo diseño de un modelo que, siendo claro y transparente, respete algunas de las condiciones que el actual incumple. Entre ellas, dotar de los recursos suficientes a las comunidades autónomas para poder ejecutar los servicios que demandan sus ciudadanos, romper la dualidad existente entre las regiones de régimen común y las forales, lograr una mayor equidad en el reparto de los fondos entre comunidades y eliminar fondos que dificultan la comprensión del modelo sin aportar una mayor solidaridad interterritorial.

Pero como toda negociación, no será fácil llegar a acuerdos, y menos si los agentes implicados en esta materia –Estado y comunidades– desconfían unos de otros. Por ello, como instituciones maduras, el primer paso debe ser admitir los errores que todas han cometido.

En el diseño del nuevo modelo, el Estado tiene que reconocer que en la actualidad, el Fondo de Garantía –76.000 millones de euros–, creado para dotar a las comunidades de los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía en sanidad, educación y protección social, es insuficiente para hacer frente a los 100.000 millones de gasto derivado de estos servicios públicos fundamentales.

Y también debe evitar comportamientos que, para su propio beneficio, hacen que las comunidades duden de su lealtad, tales como compensar mediante reducciones del Fondo de Suficiencia los incrementos de recursos que corresponden a las comunidades por las subidas del IVA y los impuestos especiales –impuestos compartidos en los que estas no tienen capacidad normativa. Estas compensaciones han significado para las comunidades renunciar a más de 2.300 millones de euros anuales entre 2010 y 2014.

"Hay que lograr un consenso político que determine qué nivel de prestación de servicios se quiere ofrecer y garantizarlo de forma igualitaria en todo el territorio"

Pero las comunidades también tienen que poner encima de la mesa sus erróneas actuaciones. Las regiones han reclamado con fuerza un mayor grado de autonomía en la gestión de los tributos y, cuando se les permite, lo han utilizado como una herramienta para conseguir más votos y no para obtener recursos. Las deducciones autonómicas aplicadas en el IRPF han impedido que todas ellas, excepto Andalucía, alcancen los niveles de recaudación que deberían, perdiendo más de 1.500 millones entre 2012 y 2014. Y todavía más grave es utilizar su capacidad impositiva para la realización de dumping fiscal entre las propias comunidades, como sucede en algunos impuestos –transmisiones patrimoniales o sucesiones– que provoca fuga de capitales y patrimonios entre regiones españolas.

Las comunidades han de reconocer el fuerte incremento del gasto realizado en 2008 y 2009, cuando no quisieron ver la llegada de la crisis en sus presupuestos. Esas alegrías en momentos que ya eran difíciles fueron facilitadas, en parte, por unos Presupuestos del Estado defectuosos, que negaban la crisis a pesar de que la recaudación ya se estaba resintiendo y ofrecían anticipos elevados que las posteriores liquidaciones no confirmarían.

En cualquier caso, las regiones han reorientado sustancialmente aquellas sendas expansivas del gasto por habitante. Tanto es así que han ajustado su gasto en servicios públicos fundamentales a niveles inferiores a los de 2007, y el del resto de funciones apenas alcanza los niveles de gasto per cápita de 2003.

Es preciso cambiar la actitud adoptada por cada una de las partes y trabajar de manera conjunta para diseñar un modelo de financiación que respete el Estado del bienestar y cumpla con la estabilidad presupuestaria. Hay que lograr un consenso político que determine qué nivel de prestación de servicios se quiere ofrecer a los ciudadanos en educación, sanidad y protección social, y garantizarlo de forma igualitaria en todo el territorio. Y también que las comunidades ejerzan su autonomía en los ingresos –mediante un uso coherente de su capacidad normativa que les permita disponer de recursos para fomentar la competitividad de su territorio–, y sean responsables en los gastos –atendiendo de manera permanente a la eficiencia de sus políticas y cumpliendo una regla de gasto que evite trayectorias insostenibles.

Estado y comunidades tienen que entender que juegan en el mismo equipo y tienen unos mismos objetivos: cumplir el déficit marcado por Bruselas y prestar unos adecuados servicios públicos a los ciudadanos.

Juan Pérez es economista del Ivie.

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