Juicio a la banca

La Audiencia tumba la petición de imputar a Fernández Ordóñez por Bankia previa a las últimas pruebas

La Audiencia Nacional ha tumbado definitivamente el primer intento del CIC por imputar al exgobernador del Banco de España y otros altos cargos por el caso Bankia

Los correos del inspector conocidos el viernes abren la puerta a una nueva petición

El exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez.
El exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez.

La Audiencia Nacional ha tumbado definitivamente el primer intento de la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) en el caso Bankia, de imputar a los antiguos responsables del Banco de España por la salida a Bolsa de la entidad posteriormente nacionalizada.

En un auto, al que ha tenido acceso este diario, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado el recurso presentado por CIC ante la decisión del juez instructor del caso, Fernando Andreu, de no llevar a cabo las imputaciones requeridas.

Se trataba, concretamente, de citar como investigados al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al que fue su número dos, Javier Aríztegui; al exdirector de supervisión Jerónimo Martínez Tello y al actual subgobernador, y exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Fernando Restoy.

La decisión de la Sala tumba el recurso presentado por el CIC el pasado julio después de que el juez Andreu desestimara su petición.

Cerrado este capítulo, sin embargo, la CIC ve una nueva posibilidad de reclamar la imputación de los exresponsables del supervisor financiero a tenor de la última prueba incorporada a la investigación.

Se trata de los correos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus a sus superiores en los que alertaba del descalabroque le esperaba a Bankia tras su salida a Bolsa cuatro meses antes de que esta se produjera

Estos cuatro correos electrónicos fueron conocidos el pasado viernes después de que el juez tuviera que reclamarlos específicamente al Banco de España, a sugerencia de la CIC, que a su vez se interesó por ellos tras mencionarlos Casaus en su declaración ante el juez el pasado septiembre.

En esta correspondencia, el inspector alertaba de que sacar a Bolsa Bankia, dejando a un lado su matriz BFA, sería “el primer paso para nacionalizar pérdidas, algo injusto”, subrayando la “inviabilidad” del grupo financiero y advirtiendo de un potencial agujero de 15.000 millones de euros, un año antes de que la entidad fuera nacionalizada con 22.500 millones de euros públicos.

Desde CIC avanzan que presentarán una nueva petición de imputación contra la antigua cúpula del Banco de España basada en estas nuevas pruebas al considerar que los documentos pueden suponer un vuelco para el caso.

Otras fuentes cercanas al proceso defienden, sin embargo, que pese al desgaste que supone esta prueba para la imagen del Banco de España, no está tan claro que vaya a tener consecuencias judiciales como ya se podría atisbar en el auto de este lunes.

 

  • Fundamentos de la decisión

“Se fundamenta la citada petición en que a juicio de la citada acusación, tras la práctica de las diligencias de investigación, se ‘considera que existen sólidos y concluyentes indicios delictivos que apuntan a las responsabilidad de la CNMV y el Banco de España”, recoge el auto emitido este lunes en el que se rechaza el recurso que abogaba por las referidas imputaciones.

“Entiende la parte que los máximos responsables del Banco de España ‘conocían perfectamente los problemas detectados y decidieron ocultarles”. Dichos responsables habrían no solo permitido, sino exigido la creación del SIP, la manipulación de las cuentas anuales y la salida a Bolsa de Bankia”, recoge el documento de la Audiencia.

Es en este punto en el que los correos electrónicos del inspector Casaus resultan relevantes, pues evidencian que la cúpula del Banco de España estaba al tanto de los riesgos que entrañaba la operación.

A falta de saber qué análisis hará el juez instructor o la sala de estas nuevas revelaciones, lo cierto es que la sección tercera de la sala de lo penal rechaza la petición argumentando que aunque “hubiera una conducta poco diligente” por parte de las autoridades, lo que se juzga es la comisión de un presunto delito de “estafa de inversores” de las que solo pueden tener responsabilidad los administradores de la entidad.

La CIC ya logró en mayo la imputación de la auditora de Bankia, Deloitte, y confía en que la instrucción del caso se cierre con la imputación también de los supervisores financieros.

Pulso sobre el peso de los ‘mails’ en la causa

Los correos del inspector del Banco de España José Antonio Casaus advirtiendo a sus superiores de la debacle que le esperaba a Bankia cuatro meses antes de su salida a Bolsa suponen un arma poderosa para las acusaciones, que asumen que con ellos se invalida la tesis oficial de las defensas de que calificar de estafa la OPV de Bankia solo es posible con un “sesgo retrospectivo”, esto es, a sabiendas de lo que acabó pasando, puesto que entonces nadie podía prever que la economía empeoraría en a finales de 2011 y la entidad sería nacionalizada en 2012. Con todo, las defensas alegan que el propio Casaus califica su dictamen de “opinión”; que su solución era vender el grupo a un banco extranjero cuando no hubo postor interesado; que un error de valoración no implica delito y que si el supervisor no entregó antes estos mails es porque el juez no lo había requerido en concreto.

Normas