Juicio a las tarjetas opacas

Verdú contradice a Rato y asegura que le advirtió sobre las ‘black’

San Fernando de Henares

Los 65 usuarios de las tarjetas black que han acabado en el banquillo, de los cerca de 85 que la recibieron (una veintena de los cuáles no han sido procesados al haber prescrito los delitos anteriores a 2003), afrontan este martes el trago de escuchar al que se ha dado en llamar “uno de los cuatro justos” que nunca usó las visas opacas.

Se trata de Francisco Verdú, quien fue consejero delegado de Bankia entre junio de 2011 y julio de 2012, al que la sala ha escuchado en calma tensa testificar que él no solo no uso la tarjeta sino que denunció que se trataba de una mala praxis bancaria.

“La tarjeta se me ofreció hacia la segunda pare del mes de febrero de 2012, primero se me dio entrando en un comité, donde el presidente me dio un folio tamaño folio y posteriormente en su despacho, me explicó la tarjeta y el motivo”, ha manifestado a preguntas del fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón en referencia al entonces presidente de Bankia Rodrigo Rato.

“El señor Rato estaba preocupado desde hacía algunos meses”, ha expuesto Verdú, por el decreto 2/2012 que preparaba el Gobierno y que limitaba a 600.000 euros los salarios de la cúpula de las entidades que habían recibido ayudas públicas, y que en el caso del consejero delegado redujo su sueldo en un 75%.

El presidente, según Verdú, llevaba un tiempo tratando de convencer al Ejecutivo para que esta cortapisa no afectara a los nuevos directivos incorporados a Bankia. “El presidente me dice que para paliar esta disminución, podía disponer de una tarjeta de crédito con un límite importante, para gastos sin justificar”, ha relatado el testigo, matizando luego que se le permitía gastar 75.000 euros con la visa.

“Esto no estaba en mi contrato y por tanto no forma parte del esquema retributivo que yo tenía”, ha proseguido explicando Verdú, señalando que en ningún caso se le dijo que, como declaró Rato que hizo la pasada semana, se tratara de un instrumento de liquidez para acceder a su sueldo.

Su nómina, explicó Verdú, se repartía en 12 mensualidades iguales antes y después de la rebaja salarial por decreto. “Tenía otros instrumentos de liquidez, tenía mi tarjeta personal para disponer del saldo que tenía”, ha dicho.

Verdú, como ya hizo en la instrucción, ha relatado que tras recibir el sobre de Rato lo guardó en un cajón, donde permaneció sin abrir hasta mayo, cuando el mismo día, o al siguiente, de cesar el presidente, la entregó a recursos humanos.

  • La advertencia

“Le expuse a Rato que dicha tarjeta no estaba en el contrato, que me había hablado de gastos sin justificar, que yo no podía entender que en una entidad pudiera haber gastos sin justificar. Le dije que no la iba a usar. Él se enfadó bastante, le molestó, mantuvimos una conversación sobre otros temas y al final de la conversación le dije que podía tener consecuencias importantes si la usaba para temas personales”, ha remachado Verdú, pese a que Rato aseguró en su declaración que el entonces consejero delegado no le trasladó duda ninguna.

“Le molestó, dijo que pretendía ayudarme a paliar el déficit de remuneración, y al final de la conversación me dijo, quédatela, piénsatelo, haz lo que te dé la gana. Yo ya te he dicho lo que te tenía que decir”, ha rememorado Verdú tras prestar juramento.

Verdú ha explicado que Rato le especificó que este tipo de tarjeta la tenían cuatro personas, el propio presidente, él como consejero delegado, José María Fernández Norniella y el responsable de medios Ildefonso Sánchez Barcoj.

El que fuera consejero delegado asegura que advirtió claramente a Rato de que si usaba esta tarjeta para gastos personales sin justificar “saldría en los papeles”, como también se lo hizo saber a Barcoj, su subordinado directo, con lo que supuso que la práctica quedaba “desactivada”.

Verdú ha aclarado que él ya contaba con una tarjeta de empresa para gastos de representación, para la que presentaba justificantes, y que jamás en otra entidad de las que ha estado (Banco de Vizcaya, Induban, Grupo Banco Exterior, Caja Postal y Banca March).

  • La firma falsificada

A preguntas de los abogados defensores, a los que la presidenta de la sala cuarta de la Audiencia Nacional, Ángela Murillo, ha tenido que recordar en varias ocasiones que rebajaran su tono con Verdú que “es un testigo, no un acusado”, el exconsejero delegado de Bankia ha admitido que no informó a ningún órgano, auditor o autoridad sobre la visa que le habían entregado pero ha aclarado que con las advertencias hechas a Rato y Barcojo pensó que esta práctica quedaba desautorizada.

Presionado por la defensa de Sánchez Barcoj, y visiblemente indignado ante las preguntas de si no fue el propio Verdú quien ordenó creación de estas visas, el exconsejero delegado de Bankia ha remachado que la firma que opera en el contrato de la tarjeta no es suya, llegando a declarar que “el señor Barcoj aparentemente falsificó mi firma y la solicitó a mi nombre”.

Repreguntado por el abogado de Barcoj, Verdú ha matizado que solo lo manifiesta “presuntamente” pues no le es posible probar esta afirmación, pero así se lo parece de ver los documentos que se le han mostrado en la causa.

Azaola, jefe de auditoría de Bankia: "las black se emitieron al margen del circuito" 

La jornada se ha vuelto especialmente tensa durante la comparecencia, en calidad de testigo, del director de auditoría de Bankia, Iñaki Azaola, máximo responsable de la principal prueba de la causa, la hoja de Excel que contiene los gastos desagregados de cada usuario de las visas opacas.

Un documento que prácticamente todos los procesados se han detenido a refutar durante sus declaraciones y que ha cobrado especial relevancia tras la declaración del exsecretario del consejo de administración de Caja Madrid, Enrique de la Torre, que ayer expuso que las visas de los consejeros eran solo para gastos de empresa, mientras que el documento de marras revela gastos de claro cariz personal.

“La información que está en los Excel es la misma que está en los sistemas centrales de la entidad y que ha sido certificado, no se ha puesto ni quitado nada, es una simple extracción de datos del sistema de la entidad”, ha defendido Azaola, sosteniendo que “los datos no han sido alterados, ni manipulados, ni tocados, simplemente extraídos” y volcados en una hoja Excel para su “entendimiento al ojo humano”.

“Los datos son esos y no otros. Están todos los movimientos. Es imposible hacer ningún tipo de modificación y nosotros no la hemos hecho”, ha expuesto entre continuos murmullos de protesta de la bancada de acusados, a la que la presidenta de la sala ha pedido silencio en repetidas ocasiones.

“Para que no haya duda el director corporativo de tecnología ha certificado que los datos del Excel, que fueron los que se utilizaron para hacer el informe, solicitados por Fiscalía y los juzgados, son exactamente los mismo que figuran en el sistema central de la entidad”, ha garantizado.

Irregularidades

Azaola ha explicado que se le dieron unas hojas con unos números de tarjetas para investigar que eran, y que en sus pesquisas ha descubierto múltiples irregularidades, como que no hay soporte normativo alguno, autorización de ningún órgano interno o acta que las ampare, o que nunca pasaron por el departamento de recursos humanos.

Azaola ha detallado que la existencia de las tarjetas no aparece ni en las memorias anuales, ni en la relación individualizada de remuneraciones de consejeros y miembros de la dirección, ni en los informes de remuneraciones, ni en los informes anuales de gobierno corporativo, ni en las actas de los comités de nombramientos o retribuciones, las de los consejos de administración o el folleto de salida a Bolsa de Bankia o el informe de Garrigues de adaptación de las remuneraciones de la entidad a la nueva normativa.

“Esas tarjetas nos dicen que nadie las conocía”, ha relatado, especificando “son tarjetas que está al margen del procedimiento que tenía la entidad para conceder tarjetas de empresa”.

“En la contabilización también hay una diferencia”, ha añadido, detallando que el gasto de las tarjetas de directivos se apuntaba en una cuenta de quebrantos mientras que las de consejeros iba a otra de gastos de órganos de gobierno.

Posteriores a Terceiro

Azaola ha reconocido que, como vienen señalando las defensas para alegar que las tarjetas las creó el predecesor de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, en el libro maestro de la entidad la cuenta está denominada como “gastos órganos de gobierno mayo 88”, pero ha expuesto que en el resto de aplicaciones del banco se emite esa nomenclatura que podría hacer referencia a las tarjetas creadas en 1988.

Además, Azaola ha descartado que las visas opacas que se investigan tengan esa antigüedad y ha sostenido que las tarjetas de la etapa anterior a Blesa sí están amparadas por acuerdos que hablan de visas para gastos de representación.

Ni remuneratorias, ni de liquidez

“El concepto de tarjeta remuneratoria es un apellido que he conocido en esta causa”, ha dicho Azaola, de esta expresión, al igual que luego se ha referido a la denominación de “instrumento de liquidez”, que dio el expresidente de la entidad Rodrigo Rato.

“En mi experiencia solo conozco tarjetas personales y de empresa, la diferencia es quien se hace cargo de los cargos de la misma. En el [Banco] Guipuzcoano no teníamos tarjetas remuneratorias. Sí había para consejeros y directivos. Pero las de consejeros eran de representación y las de directivos era de representación. Siempre con previa y posterior justificación”, ha ilustrado, explicando que todas requerían justificar los gastos y si se hacía alguno inapropiado, el usuario de la tarjeta debía cubrirlo de su bolsillo.

Las presuntas inconsistencias

A preguntas de las acusaciones y la defensas, que se han acusado mutuamente de utilizar al testigo como perito o de tratarle como un acusado, Azaola ha pasado a despejar algunas de las dudas que rodean la validez de la hoja de Excel, que solo recoge datos desde 2003, pero incluye cargos aparentemente duplicados o en momentos extraños para el horario comercial.

Azaola ha detallado que la “profundidad histórica de los datos que mantiene Bankia es de 10 años” y que por eso no se han podido aportar datos anteriores al año 2003. El responsable de auditoría de Bankia también ha expuesto que “no se ha alterado ningún campo. El que estaba en blanco esta en blanco, el que tenía un coma tiene un coma, donde había un nombre hay un nombre”, ha dicho para explicar por qué en algunos cargos no hay detalles del gasto realizado.

Azaola también ha aseverado que el hecho de que haya varios cargos en la misma hora, o en horarios en los que los establecimientos están cerrados, responde a que aunque la autorización de un pago es inmediata, el cargo en cuenta se suele hacer con varios “minutos o días” de retraso, y a veces se cargan todos los apuntes pendientes a la vez.

El mes perdido

El director de auditoría de Bankia también ha explicado que aunque inicialmente se aportó a la causa un listado completo a excepción del desglose de febrero de 2009, porque eran los datos con que se contaban, actualmente se han recuperado también estos apuntes.

Aunque Azaola se ha ofrecido a entregarlos a la sala, ante la protesta de las defensas de los acusados, la presidenta del tribunal ha rechazado admitir los datos a este mes como prueba para el procedimiento.

Responsabilidad de Barcoj

Azaola ha apuntado que, según se deduce de los mails aportados a la causa, era el departamento que dirigía Ildefonso Sánchez Barcoj, el que manejaba la operativa diaria de estas tarjetas y que era él mismo quien daba órdenes de entrega, incremento de límites, de las mismas o quien firmaba la documentación en muchas ocasiones.

Así lo recogió Azaola en su informe, que también revela que 28 usuarios de las tarjetas siguieron utilizándolas hasta ocho meses después de abandonar sus cargos en la entidad.

Los “cuatro justos”

Además de Francisco Verdú, exconsejero delegado de Bankia, hubo otros tres de los 86 receptores de las tarjetas black que nunca las utilizaron. Se trata, de una parte, de Félix Manuel Sánchez Acal, hoy fallecido, que fue consejero por UGT en Caja Madrid y que fue expulsado del sindicato al no compartir sus dietas para gastos de la central. Tampoco la utilizó quien fue presidente de Caja Madrid Seguros, actualmente vicepresidente de Mapfre, Esteban Tejera, ni el exdirectivo Íñigo María Aldaz Barrera, que han sido llamados a declarar como testigos en la causa.

El careo entre acusados y el pulso por Terceiro

La declaración ayer como acusado del que fuera secretario del consejo de Caja Madrid, Enrique de la Torre, aseverando que las tarjetas black de los consejeros eran únicamente para gastos de representación y tildando de “desfachatez” la versión de algunos de sus compañeros de banquillo no ha tardado en tener repercusiones. La defensa de Ildefonso Sánchez Barcoj, que fue director financiero d de Caja Madrid y mano derecha del expresidente Miguel Blesa, ha solicitado este martes un careo con De la Torre para tratar de rebatir sus palabras, y las referencias concretas hechas a la responsabilidad que Barcoj tenía en la operativa diaria de estas tarjetas. Otros abogados están interesados en careos similares y al propio De la Torre se le ha visto hoy departiendo con algunos de los procesados a los que acusó de mentir, como el exvicepresidente de CEOE y expresidente de CEIM Arturo Fernández, que señaló a De la Torre como quien le entregó la visa black, un hecho que este calificó de “imposible” porque no entró al consejo hasta después de que él fuera cesado.

Por otra parte, la sesión de este martes ha llegado a ser interrumpida antes de comenzar ante la indignación de las defensas de los acusados por el aplazamiento de la comparecencia del expresidente de Caja Madrid Jaime Terceiro, que iba a declarar hoy pero que finalmente ha sido citado para el 14 de noviembre.

Los letrados han asegurado que posponer la versión de un testigo clave, al que muchos de sus clientes acusan de haber creado el sistema de tarjetas antes de la llegada de Miguel Blesa a la presidencia, podría vulnerar el derecho defensa, puesto que sus propios testigos podrían ser clave para rebatir a Terceiro si lo consideran necesario.

Ante las suspicacias mostradas por los abogados defensores, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ha llegado a advertir que “esto no es un as en la manga, no es una estrategia para dejar al señor Terceiro para a última” y sorprender con una declaración incendiaria.

“Lo que ocurre es que se le citó para el mes de noviembre por error de la oficina judicial. Creo que carece de sentido que suspendamos todo el juicio hasta dentro de un mes para aguardar a ese orden ideal que proponen las defensas”, ha argumentado el fiscal.

Tras tomarse unos minutos para deliberar, el tribunal que preside Ángela Murillo se ha comprometido a dar una contestación a lo largo del día.

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