¿Un sistema financiero que asegure el desarrollo sostenible?
Los líderes del G20 reunidos bajo presidencia china en Hangzhou han discutido, entre otras cosas, qué medidas habría que tomar para que el sistema financiero sea capaz de facilitar un desarrollo que sea sostenible.
No se trata de un dato baladí: por un lado, la implicación de este foro es imprescindible para una tarea que requiere coordinar importantísimos cambios que no han hecho sino comenzar; y, por otro, el hecho de que sea China quien haya de dar un nuevo impulso al debate sobre las finanzas verdes de forma permanente puede marcar el inicio de una nueva etapa en el sistema financiero global. Un primer paso lo constituye el compromiso de los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de tomar medidas para aumentar el peso del componente verde en las finanzas y la propuesta de medidas que lo acompañan.
Según Naciones Unidas, se requieren entre 5 y 7 trillones de dólares de inversión anual por año para asegurar los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en septiembre de 2015. Una cantidad inmensa de dinero, que cabe relativizar si tomamos en consideración que los activos del conjunto del sistema financiero global superan los 300 trillones. No se trata, por tanto, de buscar capital adicional sino de asegurar que las decisiones que tomamos responden a los criterios de sostenibilidad a los que aspiramos. Para ello, los incentivos y señales que rigen las decisiones de inversión deben alinearse con las ambiciones que, para la “la gente, la prosperidad y el planeta”, enumera la Agenda de 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los años 2015 y 2016 han permitido afianzar esta convicción, pero tener una idea clara de qué queremos no es suficiente. Habrá que ser creativos y ambiciosos para hacer realidad el cambio, pero hay indicios suficientes para afirmar que ha empezado a producirse. Por un lado, un número creciente de instituciones financieras –por ejemplo, BNP Paribas AM– toman en consideración riesgos hasta ahora no evaluados –como el riesgo climático o el de carbono– y ofrecen nuevos productos, como los fondos o índices verdes; o los bonos verdes, cuya emisión alcanzó los 46.000 millones de dólares solo en el primer semestre de 2016.
Por otro lado, aparecen instituciones dispuestas a reportar sobre su huella de carbono o, incluso, como en el caso de Axa o el fondo noruego de pensiones, a desinvertir y dejar fuera de sus carteras aquellos activos asociados a un alto riesgo financiero que no desean asumir –menores beneficios de los esperados o, incluso, incurrir en responsabilidad por daños como consecuencia de la tenencia de activos muy intensivos en carbono, como sería el caso del carbón–.
Se trata de un cambio iniciado por algunos pioneros, acompañado por una literatura académica crecientemente sólida y sofisticada y, finalmente, por la incursión paulatina de los reguladores financieros que habrán de construir el marco adecuado para facilitar un nuevo contexto en los mercados. Así, nuevas normas de reporte obligatorio sobre riesgos climáticos o limitaciones de inversión pública, como en el caso de Francia; y un interés creciente por parte de los bancos centrales y reguladores de mercados, como en el Reino Unido… alimentan una revolución silenciosa –en palabras del informe Finance Inquiry del PNUMA– que hace evolucionar la concepción sobre qué puede considerarse un riesgo sistémico y cómo abordarlo de forma anticipada a través de un contexto regulatorio adecuado, a la vez que incentiva una asignación mucho más eficiente de capital en desarrollo sostenible.
Se trata, sin duda, de materias propias de la concertación internacional, como bien pone de manifiesto la implicación creciente del G20. Pero un proceso de cambio de la magnitud requerida no se materializará exclusivamente a través de un único grupo de actores: una buena regulación es necesaria y facilitará el tránsito; pero es imprescindible impulsar muchos otros cambios. A ello ayudaría la elaboración de sendas nacionales que muestren cómo implicar a los distintos actores del sector financiero en el proceso de transición (así ha decidido hacerlo Italia, o la propia Comisión Europea que proyecta un grupo de expertos para que ayude a diseñar la elaboración de estas trayectorias).
Será también fundamental mejorar la transparencia, facilitando herramientas de reporte en línea con las propuestas que vayan surgiendo del Financial Stability Board. Necesitaremos disponer de profesionales que entiendan las nuevas variables y oportunidades, que desarrollen sus capacidades de análisis y propuesta… para entender y anticiparse a las nuevas demandas y a una opinión crecientemente crítica y exigente en este campo, para desarrollar mercados de capital confiables y a escala en países llamados a proporcionar muy rápidamente bienes y servicios a sus sociedades para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible; profesionales capaces de reinventar soluciones aplicadas en otros ámbitos adecuándolas a nuevos parámetros, o aportar innovaciones que faciliten una transición llevadera a gran escala… Y, por último, deberemos facilitar la comprensión y participación de los ciudadanos en este debate, cuya trascendencia supera el nivel técnico y nos adentra en el debate sobre el modelo de sociedad y desarrollo que queremos.
Un desafío mayúsculo para un sector, como el financiero, fundamental para la construcción del progreso social y del que cabe esperar una participación mucho más activa y madura en todos los países del G20, incluida España que, no lo olvidemos, participa activamente en sus reuniones como observador permanente y necesita con urgencia un sistema financiero que responda a los desafíos del desarrollo sostenible en nuestro país.
Nick Robins / Helena Viñes / Teresa Ribera. PNUMA / BNP Paribas / IDDRI