Las dos caras de la transparencia en el crédito a las pymes
Las pequeñas empresas necesitan mejorar su información económico-financiera Basilea III exige a la banca realizar ponderaciones de riesgos más ajustadas
Ante el reto de volver a ofrecer crédito al sector privado para financiar la recuperación económica, las entidades se enfrentan a la necesidad de respetar unos requisitos prudenciales más exigentes y de adecuarse al nuevo marco de actividad surgido tras el proceso de reestructuración del sistema financiero español. Todo ello supondrá, en lo que respecta al crédito al pequeño empresariado, mayores esfuerzos en cuanto a la transparencia informativa.
Ese mayor esfuerzo presenta una doble cara: por un lado, la de las pymes, que necesitan mejorar su información económico-financiera dados los cambios que la crisis ha provocado en el funcionamiento del mercado de crédito. Y, por otro lado, la de las entidades de crédito, ya que los últimos avances normativos les obliga a ser más transparentes en cuanto al proceso y la metodología que siguen a la hora de decidir la concesión de los créditos a favor de las pymes.
Una voluntad decidida de colaboración por parte de ambas, entidades y pymes, generaría un círculo virtuoso a favor de una mayor transparencia en el mercado de crédito. Las pymes con necesidades de financiación adaptarían su información a la explicitada públicamente por las entidades. Mientras que las entidades, por su parte, accederían a una información más adecuada que les permitiría ajustar mejor la calificación del riesgo asociado a estas operaciones.
De hecho, la mayor restricción crediticia que sufren las pymes suele estar relacionada con problemas de información asimétrica y de opacidad informativa. A la hora de conceder los créditos, las entidades financieras tratan de aplicar técnicas que utilicen toda la información formal a su disposición. Pero, ¿qué sucede cuando este tipo de información resulta incompleta o ni siquiera existe? Esta situación se da con frecuencia en el caso de las pymes, puesto que un elevado número de ellas no está obligado a realizar la presentación formal de las cuentas anuales, y otras lo hacen de manera abreviada. En estos casos, las entidades incurren en costes elevados para determinar el riesgo de la operación de crédito, lo que finalmente se traduce en mayores tipos de interés, mayores requisitos o garantías o incluso en la propia denegación del crédito.
Para superar la falta de información objetiva o formal sobre la situación interna de las pymes, las entidades financieras han venido creando vínculos estables y de largo plazo con ellas, accediendo, a través de esas relaciones bancarias, a información cualitativa sobre las empresas y sobre su capacidad de repago. Pero esta manera de hacer banca no ha salido ilesa de la crisis. El resultado de la reestructuración del sistema financiero español ha supuesto la reducción de la red de oficinas y del número de empleados, debilitando el funcionamiento de esa banca de proximidad. Además, Basilea III exige a las entidades realizar unas ponderaciones de riesgos más ajustadas en sus operaciones de crédito y, aunque permite la utilización de variables cualitativas obtenidas a través de esas relaciones bancarias, confía en mayor medida en el uso de variables cuantitativas que reflejen la situación económico-financiera de las empresas.
Todo apunta a que, en este nuevo marco financiero, las pymes españolas deben mejorar su transparencia para poder acceder mejor a la financiación bancaria. Cuestión de máximo interés, teniendo en cuenta la elevada dependencia del crédito bancario de las pymes españolas y el escaso desarrollo de otras fuentes de financiación ajena. Resolviendo, además, la tradicional disyuntiva entre la simplificación administrativa y la transparencia informativa a favor de esta última.
Pero el problema de la falta de transparencia en el mercado de crédito tiene otra cara, la de las entidades, ya que ¿son acaso transparentes en sus políticas de concesión de créditos? Por lo general, el mayor poder de mercado de las entidades les ha permitido no revelar los criterios exactos que aplican a la hora de decidir si otorgan o no el crédito a una pequeña empresa. Incluso, la Comisión Europea ha insistido en que la mejora en la comparabilidad y la estandarización de los ratings utilizados por las entidades generaría evaluaciones de riesgos más imparciales.
Esta escasa transparencia de las entidades financieras podría tener los días contados, ya que Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial, siguiendo el mandato de la Unión Europea, recoge la obligación de que las entidades, cuando así se les solicite, realicen una explicación motivada sobre la calificación crediticia que den a una pyme. Para ello, seguirán el formato y la metodología especificada por el Banco de España en su circular por la que se establecen el contenido y formato del documento Información financiera-pyme, aún en fase de proyecto, y que por primera vez recoge de manera detallada y sistemática la información que las entidades deben utilizar para la calificación del riesgo en sus operaciones de crédito con las pymes.
No obstante, se detectan algunos aspectos que podrían restar eficacia a la nueva regulación. Por un lado, las entidades decidirán discrecionalmente la relación entre las ratios utilizadas y la calificación a asignar a la situación financiera de la empresa. Y por otro lado, el sistema previsto no resuelve la dificultad de acceso al crédito de las nuevas iniciativas empresariales o de las startups, ya que sus historiales crediticios son cortos y además no suelen contar con activos suficientes que sirvan de garantías o colateral.
A pesar de las dificultades señaladas, la nueva normativa podría considerarse un importante avance en cuanto a la transparencia de las entidades en sus procesos de decisión sobre la concesión de créditos y constituirá un acicate para la mejora de la información económico-financiera de las pymes, principalmente de aquellas que necesiten acceder a la financiación bancaria.
Inmaculada Ordiales Hurtado es doctora en Economía por la URJC. Economista del Área de Estudios y Análisis del CES de España. Ganadora del Premio AECA de Artículos 2016