Tribuna

Bruselas vota sí a la economía colaborativa

Bruselas ha movido ficha y ha señalado que este tipo de actividades contribuye al desarrollo económico y genera nuevos puestos de trabajo

La sociedad moderna ha adaptado las nuevas tecnologías de la era digital a comportamientos ancestrales, desarrollando plataformas digitales que permiten conectar a personas que quieren ofrecer y recibir un bien o servicio desde cualquier lugar del mundo y a un coste mucho menor. Esta nueva forma de realizar operaciones de intercambio se conoce como economía colaborativa.

Aunque estamos tan solo en los inicios de este dinámico sector, es indudable que se ha convertido en un fenómeno imparable que está experimentando un crecimiento espectacular. Se estima que, solo en 2015, la economía colaborativa ha generado 28.000 millones de euros en la Unión Europa.

Bruselas ha movido ficha y ha señalado que este tipo de actividades contribuye al desarrollo económico y genera nuevos puestos de trabajo. Según ha declarado la comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, “ofrecen posibilidades y no constituyen una amenaza”. Sin embargo, la comisaria también considera que es necesario que todos los países miembros de la Unión Europea colaboren para alcanzar un desarrollo equilibrado de este nuevo modelo económico: “Si logramos que se desarrolle de forma adecuada, la economía colaborativa puede constituir una oportunidad para los consumidores, los emprendedores y las empresas. Pero si permitimos que nuestro mercado único se fragmente en función de pautas nacionales, o incluso locales, Europa corre el riesgo de perder el control”.

Por ello, la Comisión Europea ha divulgado una comunicación no vinculante, denominada Una agenda europea para la economía colaborativa, con una serie de orientaciones dirigidas a los consumidores, las empresas y las autoridades públicas, que tiene como objetivo dar cabida a la economía colaborativa e intentar unificar las distintas legislaciones que existen sobre la materia en los países miembros de la UE. Estas recomendaciones dan luz a muchas cuestiones que hasta ahora no tenían respuesta.

"A veces se ha denunciado que esta forma de consumo es un puerto franco para la elusión fiscal y de cotizaciones laborales”

El vicepresidente de la Comisión, Jyrki Katainen, afirma que el papel de la Comisión es “fomentar un entorno reglamentario que permita el desarrollo de los nuevos modelos de negocio y, al mismo tiempo, proteja a los consumidores y garantice una fiscalidad justa y unas condiciones de trabajo equitativas”. Respecto al desarrollo de los nuevos modelos de negocio, Bruselas recomienda eliminar las barreras de entrada a las plataformas colaborativas que actúan como simples intermediarias. Considera que se deben imponer autorizaciones y licencias a los prestadores de servicios solo cuando sean necesarias para alcanzar los objetivos de interés público pertinentes. Además, la Comisión cree que las autoridades nacionales deben diferenciar entre los ciudadanos que ofrecen estos servicios de forma esporádica y los que lo hacen de forma profesional, estableciendo, por ejemplo, umbrales basados en el nivel de actividad.

Por otra parte, la Comisión también da su opinión respecto al régimen fiscal aplicable a estas empresas. Este ha sido uno de los puntos más controvertidos desde la aparición de este tipo de actividades. En ocasiones, se ha denunciado que esta forma de consumo es un puerto franco para la elusión fiscal y de cotizaciones laborales, lo cual va en perjuicio de todos. La Comisión ha sido clara al respecto y considera que este tipo de empresas debe pagar sus impuestos, y anima a las plataformas a registrar su actividad económica y facilitar la recaudación de impuestos. En materia laboral, Bruselas deja libertad a los Estados miembros para legislar y establecer criterios para determinar si existe o no relación laboral y, en caso afirmativo, reconocer los derechos que cada Estado otorga a sus trabajadores.

Asimismo, como no podía ser de otra forma, la Comisión quiere que los Estados garanticen una correcta protección a los consumidores sin imponer obligaciones de información desproporcionadas a los que prestan servicios. En conclusión, el Ejecutivo europeo, en esta primera ocasión, solo ha emitido orientaciones que no tienen carácter vinculante y que no incluyen ninguna propuesta para poner en marcha una legislación específica y uniforme en el seno de la Unión Europea en materia de economía colaborativa. No obstante, gracias a esta comunicación podemos intuir la postura de la Unión Europea frente a las posibles reclamaciones que se planteen y su criterio a la hora de ejercer como guardiana de los tratados y examinar si los Gobiernos actúan de forma injustificada contra estas plataformas.

David García-Ochoa y Inés Narváez son abogados de Uría Menéndez.

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