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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Responsabilidad para formar un Gobierno

El presidente del PP, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa tras presidir el Comité Ejecutivo Nacional.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, en la rueda de prensa tras presidir el Comité Ejecutivo Nacional.EFE (EFE)

Aunque los cambios producidos en el reparto de poderes en las elecciones del domingo no son cuantitativamente muy abultados, sí lo son cualitativamente, hasta el punto de que de bloquear la gobernabilidad tras el 20 de diciembre de 2015 se ha pasado a la sensación generalizada de que Rajoy repetirá como presidente, dado el retroceso del voto a las formaciones de izquierda y el avance firme, aunque no suficiente, del Partido Popular. Si la fórmula es un pacto parlamentario de amplia base, un Gobierno en minoría con apoyos y consensos puntuales o una investidura in extremis echando mano de los nacionalistas no independentistas es lo que falta por dilucidar. Y aunque algunas posiciones políticas recuerdan al bloqueo y las líneas rojas de los meses pasados, todos descartan ahora unas nuevas elecciones. Si la voluntad real se pliega a la opinión general, habrá Gobierno en la última semana de julio o primera de agosto.

El presidente en funciones y claro vencedor de los comicios del 26 de junio, Mariano Rajoy, asegura que mantendrá conversaciones con todos los grupos políticos, que no descarta ninguna opción razonable de gobernar, pero que las preferencias siguen estando en formar un consenso de “las fuerzas moderadas”, en las que identifica al Partido Socialista y a Ciudadanos. Y aunque la opción de llegar a una investidura incluso con mayoría absoluta dependería únicamente de un acuerdo con Ciudadanos (a lo que el partido de Rivera no se niega si es un acuerdo de contenidos), al que se sumase el PNV y los dos diputados canarios (incluso uno de ellos coaligado electoralmente con el PSOE pero con libertad de voto en las Cortes), Rajoy prefiere un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos basado en los cinco grandes objetivos que ya esbozó en la legislatura fallida: mantener las políticas reformistas para consolidar la recuperación de la economía y el empleo; sostener fiscalmente el Estado con un nuevo sistema de financiación autonómica para administrar los servicios públicos; garantizar la financiación de las pensiones y el Estado de bienestar;pactar a nivel nacional un programa de educación, y reforzar la legislación que garantice la unidad nacional y la igualdad de los españoles en todo el territorio.

Siempre hemos defendido que el Gobierno tiene que disponer de la base suficiente como para sacar adelante estas reformas y otras que puedan proponer sus hipotéticos socios de forma segura, pues sin ellas es muy complicado darle continuidad al trabajo hecho por la recuperación de la economía, que es clave para rebajar la sonrojante tasa de paro del país. Cambios como los que deben ponerse en marcha para reforzar la financiación de las pensiones precisa del consenso nacional, y no menos exigible es un compromiso para llevar el déficit a posiciones que hagan financiable la muy elevada deuda pública (y privada) que tiene España, sin dañar el crecimiento de la economía, aunque existan matices en los plazos y las fórmulas a aplicar. Los dos socios a los que apunta Rajoy fueron capaces de llegar a un acuerdo en marzo pasado;no está claro aún que puedan entenderse con el PP, que a su vez también tendría que aceptar cesiones notables en muchos de sus planteamientos para facilitar el consenso.

España precisa un Gobierno de inmediato para atender las necesidades, algunas muy urgentes, que la falta de Gobierno de iure ha ido embolsando en los últimos meses, y que no han generado problemas aparentes por la existencia de un presupuesto aprobado antes de las elecciones y por el viento a favor que venía del BCE. Está pendiente la negociación con Bruselas para cerrar un nuevo calendario de reducción del desequilibrio fiscal, como los ajustes que implique en los gastos y los ingresos públicos; esta pendiente la financiación autonómica; está pendiente afrontar la situación de necesidad que ha generado el desempleo de muy larga duración; está pendiente un entendimiento global con la comunidad educativa para unificar los criterios de aplicación de la actual ley, en espera de un pacto ulterior que la supere. Yes ineludible preparar una reforma constitucional solo posible con amplio consenso. Pónganse a ello.

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