Deloitte defiende la “rigurosidad” de su auditoría por la OPS de Bankia
Acusa a los peritos de "usar una normativa contable contraria al sentido común"
El socio de Deloitte y su auditor, Francisco Celma defendió ayer ante el juez del 'caso Bankia', Fernando Andreu, “la rigurosidad y profundidad” del trabajo de la auditora y negó la existencia de los supuestos errores en las cuentas de BFA-Bankia que señalaron en los peritos judiciales en sus informes. Celma cargó contra los peritos por “usar una normativa contable contraria al sentido común”.
Deloitte y su socio Celma declararon ayer como investigados en la Audiencia Nacional sobre las irregularidades de los estados contables en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. En una declaración ligeramente más corta de lo esperado inicialmente, pese a que duró cuatro horas, Celma cargó contra los informes de los dos peritos cedidos por el Banco de España y adscritos al juzgado, Antonio Busquets y Víctor Sánchez, que concluyeron que las cuentas del debut de Bankia no reflejaban la imagen fiel de la entidad.
Puso de manifiesto que los peritos no tuvieron en cuenta en sus primeros informes la existencia de provisiones genéricas que hubieran servido para compensar las cuentas. Y citó numerosos escritos elaborados a lo largo de los ejercicios de 2010 y 2011 por el Banco de España. Señaló cuatro actas del supervisor, que contradicen las estimaciones y las conclusiones de los peritos, y por otras firmas “de reconocido prestigio” como PwC, Ernst & Young y BDO, que son contrarias también al análisis de Sánchez y Busquets, señalan fuentes de la defensa de Celma. El socio de Deloitte también dice que los informes de PwC, EY y KPMG que auditaban 5 cajas que integraron el SIP que dió lugar a Bankia también contradicen los informes de los peritos.
“Han defendido su actuación como auditores y señalado que había provisiones suficientes para hacer frente a eventuales contingencias”, destacó Andrés Herzog, que representa la acusación popular ejercida por la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), en alusión a la declaración de la auditora y su socio. Herzog añadió que la firma auditora entregó al magistrado dos cartas, una de mayo de 2013 y otra de abril de 2014, que demostrarían que los trabajos de auditoría y consultoría de Deloitte “se hicieron a requerimiento de los órganos reguladores”. Deloitte y Celma facilitaron al juez los mismos argumentos en su defensa.
Francisco Celma incidió en su declaración en la existencia de “sesgo retrospectivo (es decir, analizar unos hechos del pasado utilizando información posterior no conocida en el momento de producirse esos hechos) en los informes de los peritos, que ignoraron hechos como “que en el segundo semestre del año 2011 la totalidad de las entidades, no solo Bankia, sufrieron un incremento muy significativo de sus pérdidas por insolvencias de créditos y por sus inversiones de carçacter inmobiliario”, según fuentes de su defensa. Herzog, mientras, afirmó que las revelaciones de ayer revisten especial importancia porque ponen en entredicho la labor de los órganos de control y supervisión.
Celma también declaró que no tenía sentido que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) le sancione a él y a la auditora “por la realización de tres servicios distintos de auditoría prestados durante la salia a Bolsa de Bankia, cuando estos servicios ni eran servicios prohibidos por la Ley de Auditoría, ni en ningún momento cuestionaron su independencia y, además, fueron encargados por la CNMV” (ha aportado la carta enviada por la presidenta, Elvira Rodríguez, al ICAC).
Según el socio de Deloitte esta situación es un contrasentido, ya que Deloitte y él son sancionados por un organismo dependiente del Estado, el ICAC, por hacer prestado unos servicios profesionales que fueron también solicitados por la CNMV.
