_
_
_
_
_
El Foco
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Que alguien se ocupe de las pensiones

Thinkstock

La Seguridad Social española es un sistema con unas características propias, entre cuyas peculiaridades destaca la existencia de prestaciones contributivas que se cubren con determinados ingresos.

En los últimos años del pasado siglo se constituyeron los denominados fondos de estabilización y reserva con el objetivo de atender los desfases que pudieran producirse entre los ingresos y los gastos. Y tras las pertinentes negociaciones, los agentes sociales y las fuerzas políticas convinieron en un acuerdo que fue firmado en abril de 1995 y recibió el nombre de Pacto de Toledo. Posteriormente, la Ley 24/1997 aprobó la creación de un Fondo de Reserva para proteger al sistema ante situaciones de necesidad.

Así pues, a partir de ese momento, el Fondo de Reserva se constituyó en garante de las necesidades que se suscitaran. Por ello, la Ley 18/2001 estableció que los superávits que pudieran producirse en el sistema de la Seguridad Social se aplicaran prioritariamente al Fondo de Reserva. Por otra parte y desde la promulgación de la referida Ley 24/2001, el Gobierno está facultado para fijar anualmente la dotación a dicho fondo.

Desde el año 2000 al 2007, este fue creciendo tras su asignación inicial y adquirió un volumen de 45.716 millones, merced a unas dotaciones de 41.150 millones y a unos rendimientos netos generados de 4.566 millones. A partir de entonces, el fondo no paró de crecer, alcanzando su cénit en 2011, con una cifra de 66.815 millones. Las aportaciones del Gobierno no han mantenido una línea regular durante la vida del fondo, siendo en 2008 y 2009 de 9.520 y 1.809 millones de euros, respectivamente, y en el resto de años, desde su creación, no han superado los 279 millones. Por otra parte, los rendimientos acumulados han supuesto hasta 2015 una cifra de 26.095 millones de euros.

Estos rendimientos se obtienen siguiendo una política concreta de inversiones al efecto de obtener una rentabilidad apropiada y tratando de alcanzar un crecimiento relevante. En 2015, la rentabilidad obtenida por el Fondo de Reserva fue del 1,05%. La política de inversiones puede suscitar el correspondiente debate, ya que la inversión llevada a cabo en deuda alemana, francesa y de los Países Bajos garantiza la máxima seguridad, pero significa escasa rentabilidad.

"La esperanza de vida aumenta y las jubilaciones que entran son más caras que las que salen por las bajas”

A mayor riesgo, mayores posibilidades de rentabilidad, pero cualquier actuación relativa al fondo se convierte en algo muy sensible. Además, hay otro asunto de gran importancia, en mi opinión. Conocida la tendencia alcista a la que deben apuntar los tipos de interés en un futuro más o menos próximo, son de esperar, en consecuencia, caídas en los precios de los bonos y, por ello, debería adoptarse una gestión activa pensando en las futuras liquidaciones parciales que habrán de producirse necesariamente dadas las perspectivas. Si a la negativa situación por la que atraviesa el fondo añadimos que se deba liquidar, aunque sea parcialmente, a menor valor del que tiene hoy, surgirá un problema añadido y de dimensiones incalculables.

Pero lo realmente preocupante no son sus rendimientos, sino las disposiciones que se están haciendo del mismo. Desde 2012, año en que comenzó esta tendencia, la cantidad asciende a 47.201 millones. En 2012, 7.003 millones, y después, 11.648, 15.300 y 13.250 millones durante 2013, 2014 y 2015. Son cifras sin duda muy elevadas. Con todo ello, el fondo, al final de 2015, asciende a 32.481 millones, menos de la mitad de lo alcanzado en 2011.

La revisión del Gobierno para las pensiones del 0,25% contribuye a encarecer la masa total, aunque francamente a una pensión media, que ronda los 1.000 euros, dos euros y medio mensuales no parecen un gran logro.

En España existen actualmente más de nueve millones de pensiones, creciendo a una tasa superior al 1%, y por ello se esperan para el próximo año alrededor de 10 millones. Con los datos apuntados, no hay dinero para pagarlas, así que habrá que volver a liquidar parte del fondo. La esperanza de vida aumenta y las pensiones que entran al sistema son, además, más caras que las que salen por las bajas. A este ritmo, parece evidente que el fondo se agotará en 2018.

El busilis del asunto puede encontrarse en el paro y en la política laboral adoptada desde que empezó la crisis. Nadie duda de que una de las consecuencias de la crisis ha sido el paro. La falta de actividad económica se ha reflejado en graves problemas para la oferta y, consecuentemente, el despido de cientos de miles de trabajadores. Solo una pequeña tregua coyuntural en ciertas épocas vacacionales del año aliviaba tímidamente este terrible problema. Pero, además, esta situación se ha acrecentado aún más por los efectos de la reforma laboral, que también ha facilitado de forma notable el despido y ha supuesto sensibles bajadas de sueldos. Con unas cosas y otras, la caja de la Seguridad Social no ingresa lo suficiente para hacer frente a sus compromisos. No entro a valorar el aspecto humano de quien queriendo trabajar no puede, ni de aquellos otros que trabajan jornadas interminables por unos míseros euros.

¿Qué se puede hacer? El debate está servido. La pregunta es si llegarán las generaciones jóvenes a tener una pensión asegurada y, en su caso, qué pensión percibirán. Tampoco olvidemos a los actuales pensionistas, porque verán deteriorado su poder adquisitivo en la medida en la que los precios comiencen a subir. Y subirán.

Hay quien ha venido abogando, interesadamente, por los fondos de pensiones privados como parte de la solución. Pero conviene dejar claro que este mecanismo no es la respuesta al problema porque se basa en aportaciones privadas, de empresas, casi imposibles en este momento, o de personas directamente, un gran esfuerzo, además de ser un instrumento poco o nada solidario.

Hay que concluir, por tanto, con que para no caer en una gran irresponsabilidad, los agentes sociales, partidos políticos y Gobierno deben hacer frente a la situación. En la actualidad, este grave problema no parece importarles demasiado, están en otra cosa. Y es hora de actuar.

Cecilio Moral es catedrático de Economía Financiera y director del Máster en Finanzas de ICADE.

Archivado En

_
_