Bruselas ha autorizado ya los incentivos renovables de 12 países
Superan en rentabilidad a los de España, que se sitúa en el 7,5% bruto Todo apunta a que se autorizarán sin problemas
El 13 de febrero de 2015, el Gobierno notificó a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea el nuevo régimen de incentivos a las instalaciones de renovables aprobado en el marco de la reforma eléctrica del Ejecutivo del PP. Este supuso la desaparición de las antiguas primas a estas energías que fueron sustituidas por un incentivo a la inversión, basado en parámetros, que tenía en cuenta toda la vida regulatoria de la planta.
La nueva retribución garantizaba una rentabilidad del 7,4% antes de impuestos. El Gobierno cumplía así con la obligación derivada de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE de 19 de diciembre de 2013, que despejó todas las dudas sobre si los incentivos para el desarrollo de las energías verdes podrían tener o no la consideración de una ayuda de Estado (por no proceder de los Presupuestos, sino de la factura eléctrica) que había que notificar a Bruselas.
Dicha sentencia resolvió la cuestión prejudicial planteada por Francia sobre un recurso interpuesto por una asociación denominada Vent de Colère contra la regulación de compra de la producción de energía de instalaciones eólicas. La sentencia dejó claro para el futuro que una ayuda de Estado no lo es únicamente porque los fondos procedan de las arcas públicas, sino también de medios económicos (de la tarifa eléctrica) gestionados o controlados por organismos públicos (el Ministerio de Economía, en el caso francés).
España está aún a la espera de una decisión, si bien, la ausencia de información oficial sobre el expediente, hace pensar que este continúa en la primera fase preliminar y no se ha tomado la decisión de abrir una investigación formal.
España notificó sus incentivos a la CE en febrero del año pasado y está esperando respuesta
Sin embargo, el que la CE haya dado luz verde a todas las notificaciones resueltas hasta ahora hace pensar que también los incentivos españoles serán declarados una ayuda de Estado compatible con el Tratado de la Unión.
Una docena de países han recibido el visto bueno, entre ellos, Austria, Suecia, Chipre, Estonia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Irlanda, Reino Unido, Italia o la República Checa. En casos como Francia o Austria, las ayudas no habían sido notificadas previamente, pero aun así fueron consideradas compatibles.
Además, en favor de España juega el hecho de que la rentabilidad en todos estos países es superior a la de las plantas españolas. En Dinamarca, por ejemplo, es del 10%;en Francia, Reino Unido y Estonia, entre el 8% y el 12%; en Eslovenia, el 12% y en Chipre entre el 8% y el 13%. Algo que demuestra que uno de los criterios para considerar compatible una ayuda de Estado es que las instalaciones reciban “una rentabilidad normal de capital”, no está claro. La llamada rentabilidad razonable abarca, como se ha podido comprobar, un amplio abanico.
Otros criterios legales en favor de las ayudas a las renovables en Europa, que juegan un importante papel en los objetivos de reducción de CO2, es que se ajustan a las directrices sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente y la imposibilidad de la producción de energías verdes respecto a la convencional de internalizar ciertos costes.
Pagos por capacidad
Zanjada la cuestión del control de la CE sobre los incentivos a las renovables, que Gobiernos como el español han aplaudido (de hecho, también notificó las primas otorgadas por los Ejecutivos anteriores), Bruselas quiere ampliar sus redes al resto de incentivos del sector eléctrico: los llamados pagos por capacidad que reciben ciertas centrales (generalmente, las de gas y carbón) y los descuentos en la tarifa a las industrias locales (la llamada interrumpibilidad en el caso de España).
Con este fin, Competencia ha realizado una consulta sectorial para determinar si estas primas constituyen una ayuda de Estado encubierta,excesiva y discriminatoria.
Bruselas estrecha cada vez más el cerco
El Tribunal de Justicia europeo, en primera instancia, declaró la semana pasada que la norma de Alemania para forzar la venta de electricidad renovable a un precio superior al de mercado constituye una ayuda de Estado a pesar de que se financia con cargo a los clientes. El veredicto refuerza la posición de la Comisión Europea que en 2014 decidió por primera vez someter a una estrecha vigilancia las medidas de apoyo a las renovables.
El entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, elaboró unas directrices que someten a los productores de renovables a un mayor control. Bruselas exige desde este año la progresiva sustitución de las primas garantizadas por complementos de remuneración que deberán concederse en un procedimiento de subasta.
A partir de 2017, además, la Comisión quiere que todos los países saquen también a subasta la concesión de ayudas para nuevas instalaciones.
Las directrices permiten, en cambio, eximir a la industria pesada de contribuir a financiar las renovables. Esa medida, criticada por las organizaciones medioambientales por proteger a los grandes consumidores de energía, también forma parte del régimen aplicado en Alemania y también fue calificada como ayuda de Estado por la sentencia de la semana pasada.
El Gobierno alemán se resistía a aceptar esa calificación y por eso recurrió al Tribunal de la UE. Pero los magistrados han rechazado su demanda, por lo que Alemania, como el resto de países, deberá someter al escrutinio de Bruselas cualquier régimen de apoyo a las renovables, incluso los que se financien a través de la tarifa sin aportación del erario público.
