Su compañía también puede necesitar un lobista
Los grupos de presión trabajan para todo tipo de organizaciones Reclaman un registro estricto para aumentar la transparencia
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) gastó más de 20 millones de euros en la última campaña presidencial de EE UU. La organización, a cuyo mantenimiento contribuyen cuatro millones de miembros, ha conseguido que los americanos estén convencidos de que es inconstitucional impedir que una persona posea armas. También ha logrado que el Tribunal Supremo le dé la razón en dos recientes sentencias de 2008 y de 2010. “Puede gustarnos o no, pero han hecho lobby de forma abierta, legítima y transparente, ya que accedemos con facilidad a los datos de las reuniones que mantienen o a las donaciones que ofrecen”, explica Almudena Alonso, directora general de Cohn & Wolfe y experta en lobby, servicio que su compañía ofrece.
En España tenemos un ejemplo reciente, aunque quizá poco conocido: el que puso en marcha la asociación de pacientes de Hepatitis-C y que desembocó en la inclusión en la financiación pública de Sovaldi, el costoso medicamento que lo cura. La diferencia entre ambos casos, cuestiones morales (y presupuestarias) al margen, es que mientras que en EE UU la NRA debe informar por ley de cada movimiento que hace, en nuestro país no hay manera de saber quién se reúne con quién y para qué.
“La falta de claridad conceptual y la regulación con respecto al lobby supone que en ocasiones se confunda con tráfico de influencias”, leen las conclusiones de un informe de Transparency International España de 2014. Esta institución otorga “un rotundo suspenso” (2,1 sobre 10) al país. Los resultados son particularmente bajos en transparencia, “tanto por parte de los poderes públicos como de quienes ejercen la presión”. También lo son en igualdad de acceso a los representantes públicos por parte de los grupos de interés y en la falta de código de conducta oficial para los lobistas.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo público hace dos semanas su primer registro de grupos de interés, creado para quienes quieran defender sus puntos de vista ante dicho organismo. En la lista figuran desde despachos de abogados o agencias de comunicación hasta patronales como la de productores de cemento (Oficemen), la de fabricantes de coches (Anfac) o la de cadenas de supermercados (ACES).
Los profesionales del lobby creen que esta iniciativa se queda corta. “Es un primer paso, pero no se adecua con lo que venimos reclamando desde 2007: que haya un registro obligatorio para todos los grupos de presión”, apunta Andrea Vota, portavoz de la asociación de lobistas APRI. El de la CNMC no solo es voluntario, sino que únicamente afecta a quienes se reúnen con el regulador. “Nosotros somos los primeros interesados en que haya una regulación estricta. Aumentando la transparencia lograríamos mejorar la reputación de nuestros clientes y la de nuestra propia profesión”, abunda Alonso. Según cálculos de APRI, se podrían inscribir en dicha lista única más de 500 personas, entre asociaciones, patronales, sindicatos y ONG.
- Regulación
Mientras que en España un lobista no está obligado a hacer públicas las reuniones con diputados, gobiernos autonómicos y demás instituciones, en 12 países de la UE esta actividad está milimétricamente pautada. Las propias instituciones comunitarias (Parlamento y Comisión; el Consejo se queda fuera) cuentan con un registro que, aunque es voluntario, los eurodiputados exigen a quienes les quieran hablar.
¿En qué consiste exactamente la labor del lobista? “Representamos intereses de colectivos. Podemos trabajar para compañías, organizaciones empresariales, asociaciones de pacientes, ONG... Para cualquiera que quiera influir en la agenda pública”, resume Vota.
Eso se consigue a través de la elaboración de informes y dossieres, que son presentados en reuniones con todos los actores implicados en un proceso de decisión. “Empezamos por preparar un planteamiento estratégico, en el que se clarifican los intereses de la organización. Luego se estudia el marco legal, a los interlocutores y a los posibles aliados en la causa. Finalmente se presenta el mensaje a través de reuniones y eventos creados adhoc”, detalla este lobista.
- Para todos los públicos
Hay sectores que, por su alto nivel de regulación, son más dados a contratar a los servicios del lobista. Las energéticas y las farmacéuticas son las más conocidas, aunque hay más. “Recurren a nosotros principalmente actores que se van a ver afectados por alguna decisión de las autoridades”, explica Alonso.
Pedro Fernández es director de asuntos jurídicos y regulativos de British American Tobacco. Dentro de sus competencias entra hacer lobby. “Para la empresa es muy importante dar a conocer su postura sobre las normativas que nos afectan, porque el regulador no siempre es consciente del impacto de sus decisiones en la sociedad civil”.
En su caso, se encarga de mantener reuniones periódicas con las instituciones “para cultivar las relaciones”, aunque el momento de entrar en acción es cuando se baraja alguna normativa o subida de impuestos. Con la directiva europea sobre productos del tabaco, explica, el trabajo fue más coral. “En ese caso actuamos desde la patronal. Hubo interlocución a todos los niveles: parlamentos, gobiernos e instituciones europeas”, describe. La parte española de esa negociación, con la ley en la mano, todavía no se puede rastrear.
Los lobbies entran en la agenda política
La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió en febrero durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a una pregunta sobre los casos de corrupción de su partido, mencionando el documento del PP Cinco acuerdos para el consenso. Una de las propuestas de la formación consiste en la regulación de los lobbies como medida anticorrupción.
En el marco de sus negociaciones para formar gobierno, PSOE y Ciudadanos incluían entre sus medidas la regulación del lobby para evitar “la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias”.
Estas declaraciones no han agradado a APRI, la asociación de profesionales del sector, en tanto que equiparan su trabajo con prácticas delictivas. “La propia palabra lobby tiene en España connotaciones negativas. Pero nos dedicamos a informar a aquellas personas que toman decisiones. Los políticos son los representantes de los ciudadanos y de sus intereses, y deben entender las inquietudes de estos últimos”, explica Almudena Alonso, directora general de Cohn & Wolfe. “Si hay una medida que va a afectar a un colectivo, es preciso aportar toda la información relacionada con el tema, porque quien decide a menudo no es experto en el tema”.
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