Andorra respira un año después del escándalo BPA

El nuevo banco con los clientes fuera de sospecha de BPA se subastará este mes y el ministro de Finanzas de país asume que se ha devuelto la "tranquilidad" a la plaza bancaria andorrana.

Sede de Banca Privada D'Andorra (BPA) in Escaldes-Engordany, Andorra.SERGIO PEREZ (REUTERS)

Hace ahora un año, el dedo acusador de un gigante como es Estados Unidos hizo temblar los cimientos del pequeño país pirenaico que es Andorra al denunciar que uno de sus principales bancos blanqueaba dinero para mafias internacionales.

“El alto nivel de corrupción de los gestores de Banca Privada de Andorra (BPA) y los débiles controles antiblanqueo de capitales han hecho de BPA un sencillo vehículo para el lavado de dinero de fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de seres humanos”, detallaba el Fincen, la unidad del Departamento del Tesoro de EE UU dedicada a vigilar el sistema financiero, en el comunicado hecho público el martes 10 de marzo de 2015.

La advertencia de EE UU de que impondría una cuarentena financiera a Andorra amenazó entonces a toda su banca y, por ende, a la supervivencia del propio país, al que aporta el 20% del PIB. Hoy, un año después, Andorra respira aliviada y asegura haber superado el escándalo.

“Después de unos meses de mucha tensión, con mucha preocupación de los clientes, se tuvo la capacidad de gestionar y se ha devuelto la tranquilidad”, asegura a este diario Jordi Cinca, ministro de Finanzas de Andorra, que reconoce que el país entero se vio sacudido por el caso BPA.

Así, relata, la intervención de la firma, la creación de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) –una suerte de FROB andorrano– y la congelación de las cuentas sospechosas para segregar el resto en una nueva firma, Vall Banc, que va a ser subastada, le acaba de valer al Gobierno andorrano un aval de las autoridades de EE UU, que han retirado aquella temible alerta.

Aún antes de este espaldarazo, el resto de la banca andorrana, Andbank, Morabanc, Crèdit Andorrà y Banc Sabadell, cerraron 2015 ganando 168 millones de euros. Un descenso de apenas el 8% respecto al año anterior que sugiere que finalmente el resto del sector financiero evitó ser arrastrado por la crisis de BPA.

“Los clientes han seguido teniendo confianza en la plaza financiera, de la que conocen su solvencia y la transformación iniciada en los últimos años, porque quiere ser plaza de referencia”, aduce el ministro de Finanzas, aseverando, en referencia al historial del país como paraíso fiscal, que “el modelo histórico de hace años se ha abandonado” y que ahora se debe “competir en igualdad de condiciones con otras plazas de gestión de patrimonio”. Una transformación para la que Cinca ve necesario abrir Andorra a “entidades internacionales”.

Aunque el ministro no cree que sea indispensable hacerlo de esta forma, una primera oportunidad la tendrá este mismo mes, cuando está previsto que se subaste Vall Banc. Junto a los cuatro bancos andorranos, otros dos bancos y dos fondos extranjeros pugnarán por hacerse con los restos legítimos de BPA: unos 22.000 clientes y 4.000 millones de euros de volumen de negocio.

Permanecen bajo sospecha al menos otros 923 clientes, con 1.000 millones bajo el brazo, que quedan congelados y bajo la lupa del juez, al que AREB ha remitido nuevos indicios de los supuestos servicios de blanqueo prestados por BPA al cartel de Sinaloa, entre otras redes criminales de Rusia, China o Venezuela.

La investigación mantiene en prisión y a la espera de juicio al exconsejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, desde el 15 de marzo del año pasado, acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales junto a otros veinte imputados.

En paralelo, los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios del banco, han contraatacado interponiendo demandas a EE UU y Andorra exigiendo que se paralice el desguace de su entidad y que se les compense por los daños sufridos. Un último pulso por el legado de la casi extinta Banca Privada de Andorra.