La cuña de Cameron amenaza la unidad de Europa
Un pequeño paso adelante para David Cameron y un gran paso atrás para la Unión Europea. El pacto cerrado en la cumbre europea del viernes en Bruselas para intentar evitar el Brexit (salida del Reino Unido del club europeo ) apenas cambia nada en la relación actual entre Londres y la UE pero introduce una cuña, en forma de discriminación laboral por motivos de nacionalidad, que pone en peligro la unidad del continente y la relación de confianza entre los socios europeos, ya de por sí bastante deteriorada por la gestión de la crisis económica.
El acuerdo servirá de coartada al primer ministro británico para defender el ‘Sí ‘a la UE en el referéndum del próximo 23 de junio. Y con toda probabilidad le permitirá ganarlo, a pesar de división de sus filas conservadoras, gracias al apoyo de la oposición, los sindicatos y gran parte de la patronal.
Cameron saldrá así de la encerrona en la que se había metido al prometer una profunda transformación de la UE, con reforma de los Tratados europeos incluida. Ningún país ha estado dispuesto a secundarle en esa aventura en medio de la profunda crisis de credibilidad que atraviesa el club.
El líder británico ha tenido que conformarse con “una serie de reformas menores, la mayoría técnicas”, como las define Charles Grant, del Centre for European Reform, un instituto de estudios con sede en Londres. Y se ha visto obligado a negociar de forma apresurada, para poder convocar la consulta este mismo año, porque los dos principales socios de la UE, Alemania y Francia, tienen elecciones generales a la vuelta de la esquina (2017).
Por suerte para Cameron, parece poco probable que el electorado británico se vaya a estudiar los arcanos de un acuerdo de mínimos. Si lo hicieran descubrirían que difícilmente puede interpretarse como el nacimiento de “la Unión reformada” anunciada por el premier británico al término de las negociaciones en Bruselas el pasado viernes. Tanto si vence el ‘Sí’ en el referéndum y el acuerdo entra en vigor, como si gana el ‘No’ y se queda en papel mojado, la estructura burocrática de la UE seguirá prácticamente igual. Para bien y para mal.
Pero eso no quiere decir que el texto pactado (en forma de Decisión unánime de los 28 gobiernos de la UE) sea inofensivo ni que Londres no se haya salido en parte con la suya.
El acuerdo socava algunos de los principales logros de los últimos 50 años, como la libre circulación de trabajadores y la igualdad de trato con independencia de la nacionalidad.
La UE se ha comprometido a modificar varios textos legales para permitir a Londres, o a cualquier otra capital que lo desee, denegar beneficios sociales a un trabajador no nacional durante los primeros cuatro años de contrato. Bruselas también acepta que se ajusten las ayudas familiares a los trabajadores inmigrantes si deciden que sus hijos residan en su país de origen.
La intención de Cameron es retirar ciertos complementos salariales concedidos a los trabajadores menos cualificados para que no se queden en el paro. Las cifras no son importantes (unas 166 libras al mes) y, en realidad, muy pocos europeos la reciben.
Pero esa discriminación permite a Londres asentar un principio político: la superioridad del pasaporte nacional sobre la ciudadanía europea, un concepto desarrollado a partir de los años 1990 a instancias en gran parte del gobierno de Felipe González y que a partir del Tratado de Maastricht (1992) añadió una identidad política a un proyecto de integración que hasta entonces era eminentemente económico, mercantil y monetario.
La discriminación pactada el viernes supone el primer paso atrás en esos avances, porque afectará a ciudadanos que ya gozaban de plenos derechos en el país de residencia en el que se encontraban, donde a partir de ahora pueden acabar siendo ciudadanos de segunda en relación con los nacionales.
La Comisión Europea intenta justificar ese retroceso comparándolo con los períodos transitorios acordados tras las sucesivas ampliaciones, en los que los ciudadanos de los nuevos socios tardaban varios años en alcanzar el pleno derecho a la libre circulación o a la libertad de establecimiento.
Pero ahora es diferente porque la merma de derechos afectará a personas de países que ya estaban plenamente integrados y cuya única tara es trabajar fuera del país donde nacieron, bien por voluntad propia o porque no les queda más remedio.
La Comisión ha conseguido, al menos, que la limitación de derechos o prestaciones sea temporal, con un máximo de siete años, en el caso de los subsidios. Pero eso quiere decir que en Reino Unido estarán en vigor al menos hasta 2023 y nadie descarta que se puedan repetir o que se extiendan a otros países. El recorte de las ayudas familiares, además, será permanente y a partir de 2020 se aplicará a todos los trabajadores, incluidos los que ya estaban contratados.
Algunos países, como Alemania, ya se plantean introducir un recorte similar. Y otros quieren extenderlo incluso a prestaciones contributivas como la pensión, en caso de que el jubilado regrese a su país de origen, que suele ser lo habitual. Bruselas asegura que no contempla ese recorte de pensiones. Por ahora.
El chantaje de Cameron para salir del paso de su referéndum sienta así un peligroso precedente. Y lo hace en un momento en que varias capitales, con Berlín a la cabeza, desconfían de la UE y se resisten a avanzar en la integración.
De manera significativa, el Gobierno de Angela Merkel ha arropado al de Cameron y ha apoyado su plan a favor de la renacionalización y en contra de la comunitarización, estrategia muy similar a la impuesta por Berlín durante la crisis de deuda del euro.
La cuña de Cameron también ha logrado deteriorar aún más la convivencia entre los socios veteranos y los países del Este, que han descubierto con estupor que, 12 años después de la ampliación y a pesar de su enorme esfuerzo de convergencia, siguen despertando recelos incluso en un país tan abierto como Reino Unido.
Curiosamente, Polonia, con un gobierno euroescéptico y aliado de Cameron, plantó cara el viernes a la discriminación propuesta por Londres. Pero no pudo impedirla y los miles de polacos que trabajan fuera de su país empezarán pronto a sufrirla. Tal vez entonces repitan las palabras de Cameron tras el acuerdo del viernes: “No amo a Bruselas. Amo a mi país”.
