Los taxistas se manifiestan en Madrid contra la CNMC y empresas como Uber y Cabify
Tras pedir Competencia eliminar los obstáculos al desarrollo de estos servicios
Más de 2.000 taxistas de diferentes ciudades de España han colapsado hoy el tráfico en algunas calles del centro de Madrid. Bajo el lema "por la supervivencia de 100.000 familias", este colectivo se ha manifiesta ante la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para mostrar su malestar contra este organismo, que el pasado 21 de enero pidió al Ministerio de Fomento que permita a Uber operar en España. Durante la protesta, que ha partido de la Plaza de Colón y que ha ido acompañada de un paro de dos horas (de 11 a 13 horas), los taxistas han lanzado botes de humo. A las puertas de la CNMC, los antidisturbios protegen la puerta de entrada de este órgano regulador.
La manifestación ha sido convocada por la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), que ya lleva tiempo denunciando los servicios de empresas como Uber o Cabify. Según los taxistas, la CNMC quiere desregular y privatizar el servicio público del taxi “y entregárselo a lobbies y multinacionales”. En su opinión, estas compañías “pronto se convertirán en un oligopolio que controlará la movilidad urbana y subirá precios a su antojo en un mercado cautivo de sus plataformas”.
Por el contrario, Competencia reclama al gobierno español que anule varios artículos incorporados al real decreto de 20 de noviembre de 2015 que modificaba el reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, “por incorporar numerosas restricciones a la competencia”. Restricciones que impiden de facto que empresas como Uber presten su servicio en España.
La CNMC ya apuntó hace unas semanas que considera injustificada la obligación impuesta por Fomento de que los vehículos de empresas como Cabify circulen con pasajeros sin contrato de arrendamiento u ofrezcan sus servicios circulando en vías públicas en busca de clientes. “Estos impedimentos a la libre competencia son especialmente gravosos en el momento actual de innovación acelerada en el sector, que se vería frenada por la norma. Por lo tanto, deben ser eliminadas del marco normativo”, según reclamó la CNMC.
Las posturas de Competencia y del gremio de los taxistas no pueden ser más dispares. Por un lado, el órgano regulador pide que se levante el límite de autorizaciones para este tipo de servicios que introduce la norma, que ahora solo permite una licencia VTC (alquiler de vehículos con conductor) por cada 30 licencias de taxi, algo que a su criterio impide que los taxis y los VTC compitan entre sí y que los consumidores “puedan beneficiarse de una mayor disponibilidad de vehículos, un menor tiempo de espera y una mayor competencia en precios, calidad e innovación”. Por el otro, los taxistas creen que la estrategia de la CNMC supone desmantelar a favor de las citadas compañías el servicio del transporte público de viajeros en vehículos turismo “de un modo abusivo y bajo la apariencia de economía colaborativa”.
Los taxistas argumentan que en esas empresas, los trabajadores que presten servicios “lo harán en condiciones precarias y sin derechos, llevando a la evasión fiscal, la competencia desleal y la violación de las normas españolas en materia de seguridad y consumo”, informa Efe. Además, consideran que el organismo regulador “acusa de monopolio a 70.000 autónomos”, cuando las condiciones del servicio y tarifas del servicio del taxi “son públicas y las fijan ayuntamientos y comunidades autónomas en protección de los usuarios”. “Ni existe tal monopolio ni el servicio de taxi se encuentra obsoleto, puesto que el empleo de las nuevas tecnologías en el mismo es absoluto”, añaden.
Desde Fedetaxi se defiende que la movilidad urbana es un bien público “que no puede ni debe ser privatizado” ni entregado a “empresas que pretenden acumular a la actual sobreoferta de taxis en España flotas de más de 12.000 vehículos”, algo que conlleva “un perjuicio medioambiental”. Y critican que estas empresas se llevarán una comisión de entre un 20% y un 25% de las retribuciones que pagarán a sus trabajadores, “obligándoles a renunciar a sus derechos y convertirse en falsos autónomos y, en definitiva, consolidar un nuevo 'sector refugio' y una nueva clase social sin garantías sociales y económicas”.
Los taxistas igualmente han acusado al órgano regulador de llevar al sector “ante una suerte de judicialización permanente que conlleva inseguridad jurídica y estrangulamiento de la inversión en el mismo, con el único fin de suplantar la legitimidad de los gobiernos legítimamente elegidos por la de los intereses de lobbies y multinacionales”, añade la agencia.
Desde Uber, sus responsables defienden la postura adoptada por la CNMC, pues en su opinión su petición al Gobierno reconoce los beneficios que la aparición de nuevas alternativas de movilidad pueden ofrecer a nuestro país. “Estas alternativas favorecen, no sólo una mayor libertad de elección para el ciudadano, sino también una gran oportunidad de creación de empleo. Asimismo, existe una oportunidad de desarrollar ciudades más sostenibles con alternativas reales al vehículo privado que contribuyan a reducir los niveles de congestión y contaminación”, argumentaban recientemente a CincoDías.
El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, que leyó un comunicado a las puertas de la sede de la CNMC, entregó hoy un escrito al presidente del órgano regulador, José María Marín Quemada, en el que le insta a cesar en sus actuaciones “y a enfocar el asunto de una manera conciliadora de los intereses generales de ciudadanos, taxistas y usuarios”.
Leal pidió unidad al sector del taxi, que factura 4.000 millones al año, y explicó que mantienen reuniones con los partidos políticos para frenar la intención de la CNMC (Podemos emitió una nota de apoyo a los taxistas). Mientras, desde el organismo subrayan la necesidad del sector del taxi de adaptarse a los nuevos tiempos en un contexto donde empiezan a surgir no solo firmas como Uber o Cabify, sino plataformas como Car2go de alquiler de coches eléctricos sin conductor o aplicaciones como Mytaxi, propiedad de Daimler (Mercedes), que aplica actualmente fuertes descuentos para ganar clientes.
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