La solución al pequeño accionista de Bankia da alas a los litigios de los institucionales
Varios bufetes asumen que el plan de indemnización a los pequeños accionistas de Bankia supone un reconocimiento de culpa de la entidad Piden indemnizaciones para los grandes accionistas.
“Ya podemos ir preparando las vacaciones”, bromeaba ayer Justo al firmar el formulario diseñado por Bankia para devolver el dinero a los accionistas minoritarios que acudieron a su salida a Bolsa, en julio de 2011, y terminaron perdiendo casi todo su dinero.
“Jubilado, como casi todos los que he visto por aquí”, se definía en un vídeo difundido por el banco, Justo fue solo una de las 28.306 personas que ayer acudieron en tropel a las oficinas de la entidad nacionalizada para recuperar su dinero en la primera jornada en que estaba habilitado el plan de compensación. “Llevábamos mucho tiempo todos esperando una noticia tan buena”, resumía la empleada que le atendió sobre el entusiasmo generalizado que ha provocado la iniciativa.
Así lo demuestra el hecho de que, teniendo tres meses para hacerlo, en solo un día se hayan acogido al programa de devolución del dinero un 14% del total de 200.000 potenciales beneficiarios que estima Bankia que podrían hacerlo. El compromiso de la entidad es abonarles en menos de 15 días el 100% del capital invertido –o la diferencia frente a lo que obtuvieran por la venta de las acciones si ya se han deshecho de ellas– más un 1% de interés adicional.
Los inversores institucionales, en cifras
1.200
millones de euros invirtieron en la salida a Bolsa de Bankia los inversores institucionales que antes de mayo de 2012 ya habían vendido 600 millones casi sin pérdidas.
100
millones de euros del total inicial fueron adquiridos por los llamados inversores institucionales medianos, en compras de menos de un millón, y que son los que más dispuestos están a litigiar. Muchos de los gigantes que invirtieron ya vendieron, prefieren evitar su imagen en los juzgados o generar fricciones con Bankia.
Esta acogida supone un éxito para la iniciativa promovida por el equipo del actual presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que trata así de dar carpetazo a la oleada de fallos judiciales contrarios y la permanente ola de escándalos que rodea una salida a Bolsa judicializada en múltiples frentes.
Está previsto que la medida suponga un desembolso cercano a los 1.500 millones de euros para la entidad que afrontará la factura con los 1.850 millones que ya provisionó para hacer frente al aluvión de sentencias en contra que venía recibiendo.
Al hacerlo, la firma espera ahorrar cerca de 400 millones de euros en costas judiciales e intereses compensatorios, que los jueces suelen elevar al 3,5% anual y que irían acumulándose con el paso del tiempo.
La solución dada a los accionistas minoritarios, que aportaron 1.855 millones de euros en la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de Bankia podría resultar, sin embargo, un efecto reclamo para los inversores cualificados o institucionales que pusieron otros 1.200 millones adicionales.
Así lo destacan al menos desde diversos bufetes de abogados consultados, que aseguran que la disposición de Bankia a pagar supone reconocer de facto que la entidad salió a Bolsa ofreciendo información falsa.
“Nuestros clientes tienen más posibilidades ahora que Bankia ha hecho un reconocimiento tácito de su culpa”, asevera Pablo Franquet, abogado del área de litigación Bancaria del bufete Jausas, que representa a varios inversores institucionales que están reclamando en los tribunales que la entidad les devuelva el dinero que invirtieron.
“Ahora tendremos más clientes así”, vaticina. Para los abogados de este bufete la solución dada por la entidad “se ha quedado corta porque el motivo por el cual Bankia decide indemnizar a los minoristas es que el folleto de salida a Bolsa incluyó información engañosa y eso atañe igual a profesionales o institucionales”, argumenta.
“Bankia está asumiendo un error. Por qué se le tiene que exigir mayor diligencia a un cliente institucional que la que es propia de los órganos supervisores y fiscalizadores”, coincide Antonio Valverde, asociado senior del bufete Cremades & Calvo Sotelo, que representa a asociaciones, fundaciones, aseguradoras y pymes afectadas. “Si la CNMV, el Banco de España o el Ministerio de Economía no se dieron cuenta, por qué se le tiene que exigir mayor responsabilidad” a un inversor cualificado, se pregunta.
De momento hay medio centenar de litigios de institucionales abiertos de los que seis han recibido fallos a favor y han sido recurridos por Bankia. Los bufetes esperan que, como pasó con los minoritarios, el Tribunal Supremo les termine dando la razón cuando los recursos lleguen a él dado que aunque en su reciente sentencia asumió que los grandes inversores tenían más datos para decidir, “ninguna información hablaba de un agujero de 19.000 millones”.
