El descuadre en el IRPF del dueño de Vitaldent, decisivo para la investigación

Un informe de Hacienda constata irregularidades en tres ejercicios

La fechada de una clínica Vitaldent, en Madrid.

El “descuadre” y los “incrementos patrimoniales no justificados” en varias declaraciones fiscales del dueño de Vitaldent, Ernesto Colman, según consta en un informe de la Agencia Tributaria remitido a la Fiscalía Anticorrupción, impulsaron la investigación sobre el fraude y el blanqueo de capitales en las franquicias de la cadena.

Poco a poco se van conociendo los detalles de la operativa fraudulenta que Colman y varias personas de su confianza habían construido para blanquear, a través de un sofisticado entramado de empresas, las grandes cantidades de dinero B generado a través de las franquicias de la marca. El auto de la jueza de instrucción expone el papel que cada uno de los detenidos desempeñaba en la “organización criminal”, según la definición de la Fiscalía, pero sobre todo, sorprende que el inicio de la investigación partiera de un informe de la Agencia Tributaria que constataba el “descuadre” en las declaraciones fiscales del propio Colman correspondiente a los ejercicios 2006, 2007 y 2013. Según los técnicos de Hacienda, estas declaraciones presentaban “descuadres” e “incrementos patrimoniales no justificados” por encima de los 120.000 euros por lo que constituirían delito fiscal. El último de estos ejercicios no está prescrito.

La resolución judicial señala al propio Colman, fundador y dueño de la marca Vitaldent, como la persona que ordenaba y daba las instrucciones. El complejo entramado de empresas construido para limitar la responsabilidad de los implicados constaba de dos tipos de sociedades: por un lado, las titulares de clínicas Vitaldent, que pagaban una cantidad fija de 10.000 euros mensuales en dinero negro; por otro, las sociedades patrimoniales a través de las que se lavaba ese dinero a través de la compra de activos como inmuebles de lujo y coches de alta gama. La red de empresas, según se desprende de las declaraciones de los detenidos, realizaban operaciones mercantiles “carentes de contenidos con la finalidad de justificar la facturación y movimientos del capital” del dinero B.

Los otros nombres de la trama

El número dos de la trama era Bartolomé Conte, hombre de confianza de Colman en la gestión empresarial del grupo. Además de conocer y participar en la mecánica delictiva, era el responsable de la marca en Italia y Portugal y administrador único de la sociedad Negociación y Compra Advertaising (en la que Colman participa con un 20% a través de la empresa Yabba Dabba Doo) y que gestiona la publicidad de Vitaldent. Su estructura permitía el pago de cantidades en B correspondientes al canon (del 5% de la facturación) destinado a marketing y publicidad.

El principal testaferro de las sociedades patrimoniales era Nicolás Sisinni, administrador de la empresa Abrasión Operativa y apoderado de varias sociedades vinculadas a Conte. En el despacho que comparte con este último en la calle Claudio Coello, de Madrid, los agentes incautaron más de 100.000 euros en metálico.

En la entrega del dinero B entran los hermanos Arteaga Gálvez. Por un lado, Javier Arteaga, que desempeñó en Vitaldent el cargo de Director General de Expansión en Miami entre los años 2006 y 2007 y que es propietario de 22 clínicas de la marca en Madrid, Andalucía y Canarias. El dinero negro generado por estas clínicas era recogido personalmente por este, o apoyado por su hermano Óscar, en las visitas de control que hacía a sus franquicias o en las reuniones trimestrales con los distintos delegados. 

Javier Arteaga reconoció ante la jueza tener “conocimiento parcial de los hechos que se le imputan” , ya que admitió el cobro de dinero B en sus clínicas y otros tantos pagos en B en diversas partidas como bonus u obras de acondicionamiento. Durante los registros, los agentes hallaron en su domicilio 66.000 euros en metálico y 615.000 euros en el de su hermano.

Por último está Yolanda Copete, actual responsable del departamento de Expansión de la franquicia, que además de apoderada de varias sociedades del entramado y ser una de las personas que recogía el dinero B de las clínicas, dio instrucciones para cambiar el procedimiento de contabilidad, tratando de que los ingresos computaran como ventas y no como pagos gratuitos, con la única finalidad de modificar la “producción diaria de cada clínica”.

Para todos ellos se ha decretado prisión provisional sin fianza.

Un negocio que copa el 7% del mercado español

La cadena de clínicas Vitaldent, con 354 en toda España, copa el 7% del mercado español de servicios odontológicos. La cadena atiende cada año a más de 400.000 pacientes.

Lo cierto es que las franquicias dentales son un buen negocio, según se constata del informe de 2015 de la consultora Tormo Franquicias. Este tipo de franquicias ocupa el cuarto puesto entre las dedicadas a los servicios, solo por detrás de los reparación de automóviles, los transportes y los viajes.

En 2014, existían en España 11 empresas distintas que gestionaban directa o indirectamente, en régimen de propiedad o a través de franquiciados, 729 establecimientos. Es decir, según los datos del informe, se puede concluir que Vitaldent ostenta prácticamente el 50% del mercado español de franquicias dentales.

La facturación de estas cadenas se elevó en 2014, según el informe, a los 253 millones de euros y dio empleo a 5.148 personas.La operación desplegada contra la cúpula de Vitaldent y la reciente noticia del cierre de otra cadena dental, Funnydent, ha puesto en cuestión la fiabilidad de este tipo de negocios.

Jesús Mandri, director de servicios jurídicos de mundoFranquicia consulting, asegura que estos casos “son aislados en el ámbito de la franquicia”. “El mensaje debe ser tranquilizador, especialmente teniendo en cuenta que son muchos los profesionales y entidades que velan por el buen funcionamiento de la franquicia como sistema de comercio asociado”, añade.

No obstante, el Consejo General de Odontólogos de España alerta de estos dos casos pueden no ser los últimos y exigen mayor regulación. El 40% de las quejas de los pacientes se acumula en estas cadenas dentales.