Sicavs y empresas preparan nuevas demandas por la OPVde Bankia
Bankia captó 3.092 millones de euros con su salida a Bolsa, en junio de 2011. Un 45% fue suscrito por inversores particulares, mientras que el resto de las acciones fueron compradas por clientes institucionales (fondos de inversión, grandes compañías, sicavs y aseguradoras). El desplome bursátil del banco y su posterior rescate con fondos públicos, en mayo de 2012, provocó que los accionistas perdieran el 98%.
En los cuatro últimos años se ha producido un goteo incesante de demandas civiles reclamando a Bankia que restituyese todo el dinero invertido. En el 93% de los casos los juzgados de primera instancia y audiencias provinciales han dado la razón a los accionistas, pero hasta el pasado miércoles no se sabía cuál sería la postura del Tribunal Supremo en relación a estas indemnizaciones.
Hasta ahora, habían sido los inversores minoristas quienes acudían en masa a la Justicia, acumulando reclamaciones por un importe de más de 800 millones de euros, pero ahora sumarán una batería de demandas de inversores profesionales e institucionales.
Guindos: "El banco podrá pagar todas las indemnizaciones"
El ministro de Economía, Luis de Guindos, considera que Bankia está “perfectamente preparada” para hacer frente a las posibles consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la salida a Bolsa de la entidad, pues dispone de 1.800 millones en provisiones.
De Guindos explicó ayer que el fallo que obliga a devolver el dinero de dos suscriptores de su oferta pública de acciones, y abre la vía a miles de nuevas reclamaciones, deja “cada vez más claro” que la salida a Bolsa fue “un error”, como ya dijo en 2012, cuando se rescató el banco.
El ministro resaltó que Bankia –y su matriz BFA– han venido aumentando sus provisiones “de manera muy notable”, hasta los 1.800 millones de euros, “y eso pone de manifiesto que está perfectamente preparada para hacer frente a las posibles consecuencias que se podrían producir”.
De Guindos expresó su “respeto absoluto” a la sentencia, que aún no se conoce de manera completa ni por parte del Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de Bankia vía BFA, ni por parte de la propia entidad.
El pleno de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal respaldó dos sentencias –de la Audiencia Provincial de Asturias y de Valencia– en las que se obligaba a Bankia a indemnizar a dos clientes particulares. Sin embargo, la verdadera revolución que ha provocado la deliberación del Supremo (la sentencia aún no se han publicado), es que reconoce como probado que la información que facilitó Bankia en el folleto de la Operación Pública Venta de acciones (OPV) “resultó incorrecta e inveraz”.
El Alto Tribunal ha sentado doctrina en este aspecto, con lo que marca el camino por el que deben transitar todos los juzgados españoles. Además, ha establecido que el procedimiento penal que investiga la Audiencia Nacional –conocido como caso Bankia– no impide que se ejecuten las sentencias que se están produciendo por la vía civil.
Ante el nuevo panorama, varios despachos de abogados preparan nuevas demandas por parte de clientes profesionales e institucionales, que también perdieron millones de euros con la quiebra de Bankia.
“Los inversores más prudentes, entre ellos, muchas empresas, habían preferido esperar para ver qué ocurría en la Audiencia Nacional, pero el Supremo ha sido muy claro al respecto: no es necesario”, explica Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho Financiero en la Universidad Carlos III y propietario de un despacho que representa a miles de afectados por Bankia, incluidas algunas sicavs. “Algunos inversores institucionales temía que la defensa de Bankia alegara que ellos tenían información que sobrepasada a lo recogido en el folleto de emisión, pero el Supremo ha establecido que basta para ser indemnizado alegar que este documento era erróneo”.
El despacho Jausas, que representa tanto a clientes profesionales como a particulares, considera que con el posicionamiento del Supremo las grandes fortunas y las empresas pueden reclamar ante la Justicia por los perjuicios que les provocó el folleto de la OPV, que contenía graves inexactitudes.
Los abogados consideran que los administradores de empresas o gestores de fondos están obligados a reclamar por el dinero perdido con Bankia, si no quieren enfrentarse a posibles demandas por parte de los propietarios y accionistas.
La factura total de las indemnizaciones podría subir, además de por la presentación de nuevas demandas, por que las costas judiciales y los intereses legales, llegan a suponer un 30% del dinero invertido.
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