El director general cobró los favores en implantes de pelo

Prisión incondicional para los responsables de Acuamed

Acusado de cometer "numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos"

El director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y a su directora de Ingeniería, María Gabriela Mañueco.
El director general de Acuamed, Arcadio Mateo, y a su directora de Ingeniería, María Gabriela Mañueco.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión incondicional a cinco de los 13 detenidos por el fraude de la empresa pública Agua de la Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y a otros ocho les ha impuesto fianzas de entre 12.000 y 50.000 euros para evitar su ingreso en la cárcel. Estos últimos han hecho efectivo el pago para evitar el paso por la cárcel.

Los que han ingresado en prisión sin posibilidad de fianza son el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto; su responsable de Contratación, Francisco Javier Gómez Pastor; su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; su delegado en Valencia, Pablo Martín, y Nicolás Steegmann, presidente de la constructora Altyum.

Según el juez "al menos desde mediados de 2014, el director general Arcadio Mateo del Puerto, urdió en connivencia con un grupo de personas, un conjunto de actuaciones dolosas para imponer en el seno de Acuamed numerosas irregularidades en contra de los intereses públicos y ciudadanos con el consiguiente beneficio injusto,  retribuido en parte en regalos en especie para él y para otros". El juez Velasco cita "implantes de pelo y viaje a Turquía".

Entre quienes han hecho efectivas sus fianzas de 50.000 euros están el presidente de FCC Construcción, Miguel Jurado Fernández, y Justo Vicente Pelegrini, director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras.

A los detenidos se les imputan los delitos de integración en organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos públicos, falsedad de documento oficial y prevaricación. 

 

 

 

 

La fiscal Anticorrupción Inmaculada Violán había pedido este miércoles el ingreso en prisión de los once detenidos en la operación Frontino que han comparecido a lo largo de esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En concreto, ha reclamado el encierro incondicional de tres de ellos y ha propuesto que otros ocho puedan eludir la cárcel si abonan una fianza, han informado fuentes jurídicas.

Las declaraciones se han acelerado más de lo esperado, dado que sólo dos de los once arrestados que ya han pasado a disposición judicial se han prestado a declarar, mientras que el resto se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas del magistrado y la Fiscalía.

Velasco retoma por la tarde los interrogatorios con la comparecencia del director general de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Arcadio Mateo, y del que fuera jefe de proyectos de la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Pablo Martín.

El juez investiga la adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal Acuamed de obras y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron varias empresas adjudicatarias de estos contratos, entre las que se encuentran Acciona y FCC.

Entre los arrestados, que ya han comparecido ante el magistrado, hay tres cargos de FCC: el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado, el directivo Santiago Farré y el ingeniero Miguel Roset. El director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente, también se encuentra entre ellos.

Además, han desfilado por el juzgado los representantes del resto de compañías investigadas. Se trata del presidente de Altec, Nicolás Steegmann, y su director de proyectos, José Ramón González, y el presidente de Pipeline, Manuel Moreno.

Por parte de Acuamed han comparecido la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer, el delegado en Alicante, Javier Delgado López y el responsable de contratación, Javier Pastor. También el ingeniero David José Blanca.

El magistrado les ha interrogado en relación con la comisión de presuntos de delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad y cohecho, en relación con adjudicaciones tramitadas por este organismo.

  • Contratos sospechosos

En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.

También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.