El 20D y la redefinición del lobby en España

La composición de las Cortes Generales, resultante de las elecciones del pasado 20 de diciembre, además de suponer un nuevo panorama político repleto de desafíos, va a marcar un antes y un después en el modo de interactuar de los grupos de interés (o lobbies) en los asuntos públicos de nuestro país. El nuevo Parlamento refleja un complejo puzle multipartidista en el que ninguna formación goza de capacidad para imponer decisiones sobre el resto, inaugurando un sistema de toma de decisiones parlamentarias de mayorías variables y ante el cual los lobbies tendrán que adaptar su modus operandi como interlocutores legítimos.

En todo sistema democrático la explicación de los distintos puntos de vista e intereses, sean públicos o privados, es un derecho fundamental y un mecanismo necesario para llevar a cabo políticas y legislación de amplio consenso. Ahora bien, existe una gran variedad de métodos para esta labor, siendo, de hecho, la palabra lobby asociada a la (negativa) concepción americana de presión a toda costa y donde todo vale. Al contrario, el modelo de lobby europeo está basado en la interacción con decisores públicos, sobre la base de la confianza mutua y métodos diplomáticos de diálogo, que desarrolle puentes de consenso entre interés público y privado.

En España, durante décadas, la representación de intereses extraparlamentarios (bien sea desde empresas, asociaciones, ONG o colectivos civiles de distinta índole, todos ellos lobbies) ha seguido una dinámica propia marcada por las características de nuestro sistema político y el bipartidismo en el que operaban. Los lobbies mimaban sus relaciones con el partido gobernante de turno, sin descuidar sus vínculos con el partido alternante en la oposición. El sistema alimentaba el personalismo, a través de contactos con las cúpulas de los principales partidos políticos, e incluso la opacidad en ejercicio de la representación de intereses, fruto de la falta de regulación de su actividad y del escaso conocimiento social sobre su legítima existencia.

En contraste con este modelo, las elecciones del 20D plantean una nueva dinámica política que augura un profundo cambio en el ejercicio de la representación de intereses en España, abriendo un novedoso panorama en el que de la necesidad puede surgir la virtud. Este nuevo escenario no solo redefine y amplía la representatividad política de los ciudadanos en las instituciones electas, sino que, además, reconfigura y potencialmente mejora la interacción de los electos con asociaciones, empresas, ONG y otros colectivos a la hora de entender y gestionar sus propuestas y preocupaciones y traducirlas en políticas que aúnen los intereses particulares con el general.

De hecho, el modelo emergente en el Congreso presenta interesantes similitudes con la configuración del Parlamento Europeo: múltiples grupos parlamentarios, donde ninguno de ellos goza de mayoría suficiente por sí mismo para imponer decisiones sobre el resto y donde las decisiones se configuran en torno a una geometría variable, caso por caso, pero buscando el consenso multipartidista.

En resumen, aunque en España la disciplina de partido sigue siendo, de momento, la regla (al contrario que en Bruselas), se vislumbra un paralelismo que apunta hacia un Congreso europeizado. En este nuevo escenario, el lobby va a cobrar más relevancia que nunca, puesto que por primera vez en nuestra historia política reciente existen numerosos actores políticos necesarios a los que dirigirse.

Ahora bien, para que este salto no sea cuantitativo sino cualitativo es condición necesaria regular la actividad de los grupos de interés. Algunas autonomías ya han dado pasos en esta dirección, pero es importante ser ambiciosos y adoptar una visión de conjunto para todas las Administraciones del Estado, que evite el desarrollo de un peligroso sistema fragmentado. Además, es importante abarcar una definición holística sobre qué se considera por grupo de interés y qué colectivos se enmarcan dentro del mismo.

Sea por necesidad o por virtud, nos encaminamos hacia una profesionalización a la europea de la actividad de los grupos de interés en nuestro país. En este sentido, la adecuada regulación de estos colectivos, bajo el nuevo contexto político y social, facilitará la profesionalización y normalización social de una actividad que, pese al generalizado desconocimiento de su existencia, está intrínsecamente ligada a la actividad política.

Lo que parece claro es que desde el 20D, el business as usual del lobby español ha llegado a su fin. Urge, por tanto, avanzar su regulación para enmarcar su actividad en esta nueva etapa política y social. Registrar las entidades que ejercen una labor de lobby o conocer públicamente y con transparencia las agendas de nuestros representantes políticos son ejemplos de nuevas prácticas, que ayudarán en buena medida a solucionar los problemas actuales de España y profesionalizarán el trabajo de los lobbistas, una labor cada vez más en auge. Como en toda transición, coexistirán la resistencia al cambio y las demandas para consolidar un nuevo modelo, pero, como decía Locke, solo la ley garantiza la libertad. En este caso, la libertad de defender los intereses particulares de los ciudadanos dentro del marco de la legalidad.

Eduardo Mulas es Socio de European Public Policy Advisors.

Ainhoa Uribe es Profesora Titular de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo.