Editorial

Unas cuentas realistas en Cataluña

El nuevo Gobierno catalán ha iniciado la legislatura con la intención de aprobar un Presupuesto expansivo. Unas cuentas públicas que, para pasar el trámite parlamentario, deberán ser negociadas con la CUP, que defiende también un incremento del gasto social. Según el calendario soberanista, las cuentas que tiene que sacar adelante el Ejecutivo de Carles Puigdemont deberían ser las “últimas” antes de la creación de un Estado catalán. Pero por muchos esfuerzos que se hagan para cuadrar esas cifras, las posibilidades de que Cataluña pueda incrementar su gasto público en el corto plazo son prácticamente inexistentes.

Cuando en marzo los datos confirmen que la región incumplió su objetivo de estabilidad en 2015 –lo que podría obligar a un ajuste este año de en torno al 1,1% del PIB– el Ministerio de Hacienda exigirá al Gobierno catalán utilizar con contundencia la tijera. Esos ajustes harán muy complicada la adopción de medidas sociales ambiciosas, tal y como exige a Puigdemont la CUP. Además, una vez acreditado oficialmente el incumplimiento de 2015, Cataluña deberá aprobar un plan económico-financiero en el que tendrá que incluir nuevas medidas de ajuste y que coincidirá con la elaboración del Presupuesto de 2016. Si la región se negase a presentar propuestas de recorte para equilibrar los números, Hacienda podría hacer uso de su potestad normativa para sancionar o incluso hasta para intervenir a la comunidad autónoma.

Esa situación extrema –la de una intervención– no es un escenario probable por la sencilla razón de que cuadrar las cifras sobre el papel es un viejo recurso utilizado por las autonomías para sacar adelante sus Presupuestos. Cataluña no tiene margen ya para elevar los impuestos y la previsible reducción de la partida que consume los intereses de su deuda no es suficiente como para permitirse alegrías en el terreno del gasto. Aunque el Presupuesto de 2016 contemple un aumento de los ingresos como consecuencia de la mejora económica prevista, el Gobierno de Puigdemont tendrá que ser muy optimista en distintas partidas para que las cuentas contemplen un déficit del 0,3%.

De adoptar esa hoja de ruta, la comunidad autonómica continuará en una huida hacia delante que no se sostiene financieramente, que supone un coste inaceptable para los contribuyentes y que el Gobierno central no debe en ningún caso tolerar. La obligación de ajustarse a los objetivos de déficit fiscal no constituye una arbitrariedad, sino un imperativo legal que todas las Administraciones públicas españolas deben acatar. En lugar de mirar hacia un supuesto futuro soberanista, Cataluña debería concentrar todos sus esfuerzos en cumplir con su obligación de presentar unas cuentas públicas austeras, equilibradas y, sobre todo, ajustadas a la realidad.