La finalidad última de las pensiones: optimizar el gasto
Al recurrente dilema entre el corto plazo y el largo plazo que se considera en el régimen de pensiones públicas y su complemento con las privadas requieren de una ingente cantidad de datos y consideraciones.
El carácter intergeneracional, solidario y contributivo de las pensiones públicas, además de otros factores, muestra una complejidad del sistema que, a veces, puede producir inquietud si a ello, además, añadimos las manifestaciones de políticos y expertos, como las recientes, encaminadas a fomentar la planificación, el ahorro complementario y las pensiones de carácter privado.
Lo que parece un dato objetivo es el descenso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que, tras alcanzar en 2011 65.830 millones de euros, ha pasado en 2014 a 41.634 millones de euros. Pero por objetivo que sea el dato, no se ha de considerar un efecto de descenso con solo connotaciones negativas, sino un efecto de abrir y cerrar la espita de la hucha cuando las circunstancias sociales y económicas lo requieren, pues es para eso para lo que está el Fondo de Reserva, o lo que llamamos hucha de las pensiones. La figura está regulada por una ley de 2003, estableciendo en su articulado que la disposición de los activos se destinará exclusivamente a la “financiación de las pensiones de carácter contributivo” (artículo 4), siendo los límites máximos de su disposición del 3%. Aunque el Gobierno introdujo una disposición adicional en el articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2015, en que establecía que dicho margen no sería aplicable durante los ejercicios 2015 y 2016.
Lo cierto es que al pensionista actual le produce incertidumbre y quizá inseguridad por mucho que se insista en que las pensiones están garantizadas o que el sistema es solvente y sostenible. Y al futuro pensionista, ese que está forjando su futuro económico con gran esfuerzo contributivo, sí que le puede preocupar más por lo que pueda suponer la evolución del sistema a más largo plazo.
Este clima de incertidumbre, quizá moderada, ha llevado a insistir en la articulación de sistemas privados y al propio ahorro e inversión por las personas que quieren asegurarse una economía en su etapa de retiro del trabajo. Y este ahorro está muy marcado por la inversión en activos inmobiliarios propios que representan un porcentaje cercano al 80%, lo cual puede ser desproporcionado, entre otras cosas, porque la rentabilidad de los inmuebles ha de administrarse convenientemente para producir el rendimiento adecuado; lo cual podría no ser lo que harían los ciudadanos retirados, que lógicamente, por las circunstancias que le rodean, o no pueden o no quieren ocuparse de estas administraciones que además requieren de profesionalización.
Se recomienda por algunos sectores tender a productos financieros en vez de activos inmobiliarios directos para cubrir las necesidades económicas de la ansiada etapa de retiro y disfrutar de esta sin sobresaltos. Y además, poder ayudar, en su caso, a los hijos o nietos a encajar la complicada economía que les espera o en la que ya están inmersos. Esta sucinta descripción de los aspectos económicos de la etapa del jubilado que recibe una esperada y merecida pensión y en su caso, la rentabilidad de una actividad anterior, lleva a fijarnos en los aspectos finalísticos del sistema de pensiones privadas (régimen de la Seguridad Social) o públicas (régimen de clases pasivas), lo que tiene como principal consideración el aspecto de su administración. Estamos asistiendo a una reiteración desde diversos sectores sobre qué hacer (ahorrar, complementar, reservar) cuando se ha de focalizar en el cómo hacerlo (planificar), es decir, cómo se ahorra y gasta y si hay algún elemento que distorsione la voluntad del pensionista en cuanto al destino que dé a sus emolumentos. La creciente etapa de pensionista en términos de tiempo como consecuencia de las estadísticas de esperanza de vida viene mostrando la necesidad de un sistema profesionalizado de orientación, asesoramiento, gestión y administración de las pensiones, servicio que está concebido desde hace muchos años y que se atribuyó a los profesionales denominados oficialmente habilitados de clases pasivas, como expertos en pensiones, cuyas funciones han ido evolucionando de acuerdo con los tiempos.
Esta profesión que actualmente está enfocada más como administrador de pensiones, una vez que por disposición legal de 2011 no tomará más mandatos de pago de las pensiones de clases pasivas, se centra en un servicio muy característico que integra en el acompañamiento y la ayuda personalizada al pensionista que voluntariamente lo solicite para que su pensión, una vez recibida y atendida su idoneidad respecto a su cuantía, revisiones, etc., cumpla de la mejor manera su finalidad, que no es otra que satisfacer las necesidades con el necesario consejo y orientación del profesional cualificado. Diríase que no basta con cobrar la pensión, sino que es necesario también que ese cobro sea destinado a satisfacer las necesidades de forma óptima y se eviten riesgos, que existen y que pueden producir la distorsión de esta finalidad.
Este servicio tiene una específica aplicación en situaciones de discapacidad y tutela, en los que la figura profesional de experto y administrador de pensiones es una necesidad que puede ser cubierta de la forma más adecuada mediante la designación judicial o administrativa en los casos que corresponda.
También es conveniente disponer de un servicio para la optimización de la rentabilidad del inmueble, una vez que el ahorro se ha materializado en este tipo de inversión de forma que esa excesiva inversión en inmuebles puede reconducirse a los fines de las necesidades del jubilado con una buena gestión en su administración, conformado así la garantía para disfrutar, en esta nueva etapa de la vida, del producto del esfuerzo realizado en épocas anteriores.
José Antonio Sánchez Lucán es presidente del Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas de España.
