Tribuna

La descapitalización humana y su riesgo

La reforma laboral de 2012 estaba diseñada, entre otros objetivos, para favorecer la creación de empleo de todos los grupos de edad y, por lo tanto, disminuir la elevada tasa de paro juvenil y la elevada precariedad que padecen nuestros jóvenes. Pero la verdad es que ninguno de dichos objetivos han sido cubiertos. Si la reforma laboral pretendía evitar los importantes desequilibrios en el acceso a nuestro mercado laboral, no lo ha conseguido. Lejos de solucionar esta situación, la reforma laboral impuesta por el Gobierno no ha resuelto la precariedad laboral, sino que ha permitido que a los jóvenes se les condene a ser mano de obra barata y fácil de despedir y se perpetúen las dificultades que les impiden emanciparse. Y es que, además de no servir para crear empleo, la reforma ha condenado a la juventud a la temporalidad y precariedad.

Así, según los datos estadísticos elaborados por el INE, desde la entrada en vigor de dicha reforma laboral, entre los menores de 34 años se han destruido 658.000 puestos de trabajo, mientras que entre los mayores de 34 años se han creado 766.000 puestos de trabajo. Ello demuestra que la dotación presupuestaria destinada a las políticas activas de empleo ha sido insuficiente para paliar los citados desequilibrios laborales, lo que demuestra que el paro de los jóvenes no es solo un tema económico, sino también político.

Un reciente informe de la OCDE sobre el mercado laboral de España (Diagnóstico sobre la estrategia de competencias de la OCDE para España) destaca que el mercado laboral español sigue estando marcado por un alto índice de paro, tanto adulto como juvenil. El paro juvenil y las tasas de desempleo de larga duración se sitúan entre los más altos de la OCDE.

El gran número de jóvenes que lucha por abrirse camino en el mercado laboral se enfrenta a unas condiciones particularmente difíciles. El empleo de los jóvenes se caracteriza por una mayor inestabilidad asociada a una menor protección social y, por otro lado, a empleos de baja calidad. No solamente tienen tasas de paro muy superiores a las personas de mayor edad, sino que su participación en los puestos de trabajo precarios es mucho mayor.

El 22% de los jóvenes trabaja de forma involuntaria en empleos a tiempo parcial, mientras que en la OCDE este porcentaje es del 4%. Son trabajos de unas pocas horas al día, de alrededor de 15 horas a la semana, que se pagan en torno a 400 euros al mes, un sueldo que no da para vivir y que no siempre se complementa con otros ingresos.

Por otro lado, los jóvenes españoles tardan hasta seis años de media en encontrar un empleo fijo. Tres de cada cuatro trabajan con un contrato temporal. Es decir, el 71% son contratados solo por un tiempo determinado. Hacen su trabajo por unos meses o cubren una baja de maternidad, o firman un contrato de obra y después se van al paro. El contrato fijo solo lo obtiene una minoría: el 29% restante.

El resultado de todo ello es que la mayoría quedan obligados a un encadenamiento de contratos temporales, con bajos salarios y escasas oportunidades de promoción profesional. El peligro es que las competencias de los jóvenes licenciados que no hayan trabajo se atrofien e, incluso, que se vuelvan obsoletas al no poder aplicar pronto lo estudiado tras su graduación.

Pero lo peor de todo ello es que los trabajos temporales no derivan posteriormente en empleos estables. En España, solo el 20% de los trabajadores con contratos temporales pasaron a un contrato indefinido en un plazo de tres años, en contraste con una media de los países europeos de alrededor del 50%.

Hoy, aquellos que tienen la fortuna de encontrar un puesto de trabajo ganan menos que los jóvenes del pasado: el salario inicial ha bajado de los 1.210 euros mensuales de 2008 a los 890 euros actuales. En concreto, un descenso del 35%.

Lo lamentable de todo ello es que con el exceso de contratos temporales se tiene una menor probabilidad de recibir formación por parte de las empresas, como, asimismo, inferiores garantías de obtener ingresos y una menor probabilidad de percibir prestaciones por desempleo o tener seguro sanitario y, lo que es mucho peor, poder ahorrar para acceder en un futuro a una pensión digna. Ante este panorama, muchos jóvenes, con el fin de encontrar mejores perspectivas de trabajo, deciden emigrar a otros países. Si alguien quiere comprobar la dramática situación de los jóvenes españoles solo tiene que viajar a Londres y podrá comprobar in situ que en la mayoría de restaurantes de comida rápida y comercios en general trabajan nuestros jóvenes con todo tipo de titulaciones universitarias. Y no lo hacen por aprender el inglés, sino simplemente para poder sobrevivir. Antes que quedarse en España sin casi ninguna posibilidad de trabajo, prefieren emigrar y así al menos tienen la ocasión de insertarse, aunque sea en puestos de trabajo muy por debajo de su cualificación.

La mayoría viven en habitaciones compartidas en una vivienda con otras personas. Por una habitación suelen pagar unos 700 euros, ya que si alquilasen la vivienda en su totalidad el precio sería unos 2.800 euros, lo que es imposible de pagar para unos salarios del orden de 1.700 a 2.000 euros mensuales. Si todos estos jóvenes retornasen a nuestro país es bien seguro que las estadísticas por desempleo aumentarían sustancialmente.

Todo ello trae como resultado una pérdida de talento muy considerable para nuestro país, lo que disminuye nuestra capacidad de crecimiento, mientras que otros países se encuentran afortunadamente con personas bien preparadas sin haber invertido para nada en capital humano. En definitiva, lo que invertimos en formar a una persona se lo ahorran los demás países. Difícil futuro podemos tener como sociedad si seguimos dejando que el éxodo vaya a más.

Vicente Castelló Roselló es Profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local.

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