La lucha contra el fraude fiscal

El IVA se pagará en la web

El IVA se pagará en la web

Recuperar los ingresos perdidos durante la crisis se ha convertido en una obsesión para el Ejecutivo. Un informe reciente del Banco de España cifraba en más de 50.000 millones la merma de recaudación que se produjo entre 2009 y 2013 como consecuencia del desplome de actividad y de empleo. En los casi cuatro años de legislatura se ha subido el IRPF, el IBI, el impuesto de sociedades y el IVA para tratar de recomponer los ingresos. Los incrementos impositivos solo han servido para parar el golpe y Hacienda se ha fijado un segundo objetivo: tratar de recuperar recaudación luchando contra la morosidad pública y privada y la economía sumergida.

Y para ello cuenta como aliado con el desarrollo tecnológico. En primer lugar desarrolló la plataforma para que las administraciones públicas saldaran sus deudas con los proveedores, denominada FACe. Desde que se puso en marcha el 15 de enero de 2015, las administraciones han tramitado cerca de cinco millones de facturas (2,8 millones a través de la plataforma y el resto a través de los puntos de entrada habilitados por las Administraciones), que han servido para establecer un control sobre los plazos de pago de las administraciones. “El esquema con el que funciona es el siguiente: se intercambia la factura, esta va a los puntos de entrada del FACe, queda registrada y pasa a la Intervención General del Estado, que la valida”, apunta Alberto Redondo, director de marketing de Seres para Iberia y Latinoamérica.

Esta compañía ha gestionado el 30% de las facturas enviadas por la plataforma (840.000) y ahora está inmersa en el nuevo proyecto que gestiona Hacienda para atajar el fraude y aumentar la recaudación: una plataforma para que el pago del IVA se realice a través de la web y que permitirá a la Agencia Tributaria tener un conocimiento inmediato de las transacciones. “El objetivo es que el IVA se pueda gestionar de forma electrónica y que funcione igual que el borrador de la renta. Se va a producir un cambio en la normativa en noviembre y el objetivo es que en cuatro días Hacienda tenga un conocimiento de las facturas emitidas y recibidas. Habrá un receptor y un tomador de la factura. Cualquier ausencia servirá para advertir a la Agencia Tributaria”, remarca. El cambio normativo al que se refiere Redondo es el reglamento que establecerá el funcionamiento del sistema, denominado Suministro Inmediato de Información (SII) y que Hacienda última. En él se establecerán las reglas que deben tener en cuenta las empresas encargadas de desarrollarlo y de realizar los primeros ensayos, previos a su puesta en marcha el 1 de enero de 2017.

En primera instancia, las empresas que estarán obligadas a realizar sus transacciones ligadas al IVA se limitarán a 62.000. Se trata de grandes contribuyentes, formados por grandes empresas, grupos societarios a efectos de IVA y compañías inscritas en el régimen de devolución del impuesto. Desde Hacienda subrayan que este colectivo, pese a que pueda parecer muy limitado, es muy importante en términos de recaudación de IVA, ya que supone el 80% de la facturación. El resto podrá acogerse de forma voluntaria y también darse de baja al final de cada ejercicio.

El nuevo sistema seguirá un esquema similar al del IRPF, de tal manera que la Agencia Tributaria podrá generar unos datos fiscales que posteriormente podrá utilizar el contribuyente para presentar su declaración. En la futura plataforma, los contribuyentes estarán obligados a remitir un detalle de las facturas, tanto emitidas como recibidas, y en el caso de estas últimas la cuota deducible. El sistema también incorporará nuevas herramientas de control para tratar de evitar estrategias de ocultación de ventas, como los softwares de doble uso. La encargada de estas actuaciones es la unidad de auditoría informática de la Agencia Tributaria, que pone como ejemplo las técnicas de manipulación conocidas como Phatomware. Se trata de un sistema operativo incluido en la caja registradora y al que solo tienen acceso los administradores del local. Esta aplicación incluye opciones para la eliminación selectiva de ventas y la posterior ocultación de facturación.

El precedente del fracaso del sistema de caja

Otra de las iniciativas que se puso en marcha durante esta legislatura para tratar de impulsar la recaudación impositiva fue el denominado IVA de caja. Se trataba de la posibilidad de que las empresas ingresaran el IVA en Hacienda al cobrar la factura y no en el momento de emitirla. Los primeros cálculos de Hacienda establecían que 1,3 millones de autónomos y un millón de pymes se vieran beneficiados por una medida que aportaba liquidez a las compañías, ya que solo pagarían los impuestos cuando cobraran la factura. Nada más lejos de la realidad, ya que finalmente tan solo 11.184 trabajadores por cuenta propia y 10.385 pymes se adhirieron. En total 21.659 beneficiarios frente a los 1,3 millones previstos.

La principal razón que se llevó por delante este sistema fue que la empresa tampoco podía deducirse el impuesto hasta que lo hubiera pagado. Un obstáculo que soliviantó a las grandes empresas a las que el retraso de ese beneficio fiscal les generaba un coste financiero, cuando tradicionalmente estaban acostumbradas a solicitar la devolución del IVA antes de abonar su deuda comercial. Todo ello llevó a que grandes compañías presionaran a sus pequeños proveedores para que no se acogieran al régimen de IVA de caja. El miedo a perder clientes explica que muchas pymes optaran por mantenerse en el sistema tradicional.

Frente a este pobre balance, el departamento que dirige Cristóbal Montoro restó importancia al bajo número de pymes apuntadas al IVA de caja y puso en valor otras medidas aprobadas para dar liquidez a las empresas. Los sucesivos planes para que las administraciones públicas saldaran su deuda comercial con los proveedores (en total se han aportado créditos por valor de 42.000 millones de euros a ayuntamientos y autonomías) sirvieron para evitar el cierre de muchas compañías, asegurar la viabilidad de otras y reducir los plazos de pago. En el caso de la deuda con los laboratorios farmacéuticos y las empresas de tecnología sanitaria, algunas comunidades pagaban sus deudas a más de 400 días, algo más de 13 meses de media.

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