Hacienda aflora un 20% más de fraude cometido con ingeniería informática
No basta con los sistemas tradicionales de control a los contribuyentes, hay que recurrir a las últimas novedades informáticas para aflorar el fraude fiscal”, aseguraron ayer desde la Agencia Tributaria. Fuentes de este organismo –que presentó su memoria anual de 2014– hicieron hincapié en cómo están cambiando las fórmulas tradicionales de fraude fiscal por otras mucho más sofisticadas relacionadas con los medios telemáticos.
Por ello, los funcionarios encargados de perseguir este fraude se están reciclando también a marchas forzadas, “haciéndose expertos informáticos con mucha formación y con la adquisición de las últimas herramientas informáticas”, explicaron estas fuentes.
Esto ha permitido a las unidades de auditoría informática de la Agencia Tributaria incrementar un 20% –hasta los 190 millones de euros– el dinero aflorado en fraudes de este tipo en 2014. Y solo en el primer semestre de 2015 ya se han obtenido otros 183 millones defraudados con dichas técnicas informáticas.
Asimismo, las entradas y registros propiciados por la unidad de informática se incrementaron un 41% el pasado año, hasta sumar 1.822 actuaciones. Y se prevé un nuevo incremento del 5% en 2015 hasta las 1.913 entradas y registros.
Desde Hacienda explicaron casos reales en los que un programa informático facilita la construcción de contabilidades en B, ya que “al introducir un dato en el sistema, se contabiliza doblemente, en la contabilidad real y en la oficial, y todos los subsistemas se ajustan”.
O, por ejemplo, otro software –denominado Phantomware– que se instala en el sistema operativo de una caja registradora y transforma artículos caros en baratos. Así, el ingreso por la consumición de un lechazo por el que el cliente pagó 152 euros se convierte en unos chorizos que solo costaron siete euros.
Si bien, esto es solo una parte del dinero aflorado por la Agencia Tributaria. Según su memoria, las actuaciones de control del fraude posibilitaron la recaudación de 12.318 millones en 2014 y prevé ingresar otros 13.500 en 2015.
Además, Hacienda tramitó el pasado año 391 expedientes de denuncia por delito fiscal frente a los 578 de 2013, lo que supuso un descenso del 32%. En dichos delitos se afloró deuda tributaria por valor de 305,04 millones (421,91 millones en 2013), un 28% menos que el año anterior.
Fuentes de Hacienda atribuyeron este descenso a que, dado que estos delitos no prescriben hasta pasados cinco años, los expedientes tramitados se corresponden en su mayoría a los peores años de la crisis, donde había menos actividad “tanto lícita, como ilícita”.
Esta memoria cifra también la deuda tributaria pendiente a 31 de diciembre de 2014 en 50.226 millones, prácticamente la misma cantidad que a finales de 2013 (50.174 millones, un 0,1% más), después de alzas continuadas desde 1999. Si bien desde la Agencia Tributaria precisaron que sus técnicos solo pueden “actuar” sobre 21.872 millones de esta deuda, ya que el resto está aún en periodo voluntario de pago, o está suspendida, en concurso de acreedores o aplazada.
Expediente disciplinario a 17 de 25.000 empleados
Además de detallar las actuaciones recaudatorias de la Agencia Tributaria, la memoria de este organismo incorpora en su edición de 2014 los resultados de los trabajos de las auditorías internas a las que están sometidos los empleados de este organismo. El contacto diario de estos profesionales con datos confidenciales de los contribuyentes obliga a estos controles internos. Así, ayer se supo que la Agencia Tributaria abrió el pasado año expedientes disciplinarios a 17 de sus cerca de 25.000 empleados en toda España. Esto supone siete expedientes más que el año anterior. Estas actuaciones irregulares se detectaron a través del denominado sistema de control de accesos de este organismo. Cada vez que un funcionario accede al sistema de información de la Agencia para hacer una consulta o una gestión, debe declarar el motivo de la operación. Y cualquier acceso a información tributaria de carácter personal queda registrado junto con un conjunto de datos técnicos para facilitar su posterior control”, explicaron ayer desde la Agencia Tributaria. Este control de accesos tiene filtros automáticos, de forma que si algún funcionario accede a información de un contribuyente que no tiene asignado, salta la alarma y se requiere justificación por parte del superior. También, se hacen controles aleatorios o manuales. El pasado año se requirió la justificación de algún acceso a ocho de cada 10 usuarios del sistema. En general, se ha detectado que se produce un acceso “disconforme” en uno de cada 200 funcionarios con acceso a las bases de datos tributarios. De hecho, fuentes de Hacienda recordaron que los funcionarios no pueden, por ejemplo, consultar su declaración ni las de sus familiares en las bases de datos de la Agencia.
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