Los proveedores ya cobran, pero todavía demasiado tarde
El pasado 5 de julio de 2010 entró en vigor la ley 15/2010 “por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales”. Cinco años después, los proveedores, los principales beneficiados por la aplicación de esta norma, que perseguía reducir los inaceptables plazos de pago de las administraciones (en algunos casos superaban los 400 días) y de las empresas (aquí podían llegar a 300 días), hacen un balance positivo sobre el impacto de la ley, no sin algunos reproches.
Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que reúne a 1,5 millones de empresas y a cuatro millones de trabajadores, valora la revolución que la norma supuso en algunos conceptos hasta ese momento intocables y que favorecían a las grandes empresas y sobre todo a las Administraciones. “La ley ha servido para que el que antes pagaba por encima de ese nivel, sea consciente de que lo que está haciendo es ilegal y que por lo tanto puede ser denunciado por ello. También ha servido para que cualquier imposición de una gran empresa a otra pequeña pueda ser recurrida y ser declarada nula de pleno derecho”, recalca Cañete.
Cifras y datos
Gasto: El Ejecutivo gastó 42.000 millones en las distintas fases del plan de pago a proveedores para que las autonomías saldaran sus deudas con el sector privado. También está aportando fondos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Plazos de pago: Las empresas del IBEX 35 pagan sus facturas a una media de 187 días (cinco días más que en 2013) frente a los 60 que marca la ley. Por su parte, las autonomías están abonando sus deudas a los laboratorios farmacéuticos a 173 días, mínimo anual, pero seis veces más de los 30 días que marca la ley.
Hasta ahí, la lectura positiva. El presidente de la Plataforma enumera a continuación algunos de los detalles que considera necesario modificar para evitar que empresas y administraciones utilicen subterfugios para esquivar lo establecido en la ley. Así sucede por ejemplo con la prohibición expresa del pacto entre partes fijada en la ley de 2010, mediante la cual ninguna empresa, independientemente de su tamaño y de su política comercial, puede pactar plazos superiores a los establecidos en la norma. El Ejecutivo estableció un calendario provisional para reducir el plazo de pago de las empresas y de las administraciones hasta 2013. A partir del 1 de enero de ese año, el sector público no podría pagar a más de 30 días las facturas con sus proveedores y las empresas no podrían sobrepasar los 60 días. Ni el sector privado ni el público cumplen esos plazos. “El pacto de las partes se prohibió y así se ha mantenido supuestamente. Nada más lejos de la realidad. El 70% de los contratos firmados entre empresas desde esa época superan los 60 días”, remarca visiblemente molesto Cañete.
En cualquier caso, los plazos con los que pagan las empresas y las administraciones han seguido caminos diferentes. En el caso del sector público, la creación de una ley para acabar con la deuda comercial (en la que se incluían multas y sanciones a aquellas que no cumplieran con los plazos o al menos los redujeran) ha llevado al Ejecutivo central a impulsar distintos planes de pago a proveedores, dotados con 42.000 millones de euros, que han servido para que las administraciones reduzcan sus plazos de pago. Un buen ejemplo se encuentra en el sector sanitario, uno de los más afectados por los impagos públicos. Al cierre de 2011 acumulaba una deuda de 6.369 millones y a mayo de 2015, esa cifra ha bajado hasta los 2.350 millones. Los plazos de pago también se han reducido pasando de 525 a 173 días, aunque esta última cifra multiplica por seis el límite marcado por ley (30 días).
Amenaza de infracción de la UE
Esa trayectoria descendente, sin embargo, no se ha producido en el caso de las empresas, especialmente en aquellas que pertenecen al Ibex 35. El último informe de la Plataforma revela que estas compañías pagaron sus facturas en 2014 a una media de 187 días, cinco días más que lo registrado un año antes (182). Por sectores, el comportamiento ha sido dispar, con dos actividades en el que el plazo de pago se ha reducido. En el comercio se ha pasado de 268 a 290 días y en la construcción se ha pasado de 292 a 300 días. En el otro lado se han situado, las empresas ligadas al sector energético, que han pasado de abonar sus facturas de 107 a 103 días, y a la industria, con una rebaja de 237 a 221. Cañete justifica este incremento de la morosidad por la ausencia de un régimen sancionador para infractores. “Esta situación habría mejorado de haberse acometido la implantación de un régimen sancionador, pero no ha sido así debido a la inoperancia del Gobierno en materia de morosidad en el ámbito privado, a pesar de sus compromisos públicos”, apunta. La presión de las grandes empresas parece haber pesado más que la de las pequeñas.
En este escenario, la Plataforma iniciará el curso con la vista puesta en dos fechas. A finales de agosto vence el plazo que tiene el Gobierno de España para responder a los requerimientos de la Unión Europea, que amenaza con abrir un procedimiento de infracción por incumplir los plazos de pagos, y el 17 de septiembre han convocado una asamblea para analizar la evolución de los pagos, los cambios legislativos pendientes y el estado del cumplimiento de los compromisos del Gobierno.