El primero de enero, papel cero
La necesidad de proteger la seguridad jurídica hace que esta sea una compleja labor El sistema Lexnet es una plataforma segura de intercambio de documentos
El primero de enero de 2016, y por fuerza de la ley, como reitera el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cada vez que tiene oportunidad, la justicia española entrará de lleno en el mundo de la comunicación digital, en el que ya viven desde hace décadas otros muchos servicios públicos, como la sanidad o la omnisciente Administración tributaria.
Ese imperativo legal de obligatoriedad de uso de las comunicaciones electrónicas en la Administración de justicia está recogida en el proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya aprobación definitiva por el Congreso de los Diputados se prevé para los primeros días de septiembre.
El Ministerio de Justicia ha hecho de este proyecto bandera de su gestión de fin de legislatura, y ha avanzado medidas, como la constitución, el pasado 13 de mayo, de la comisión Justicia digital: papel cero, en la que participan el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los Ministerios del Interior y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo General de Graduados Sociales, así como secretarios judiciales y las comunidades autónomas representadas en el CTEAJE (Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica), y que ya se ha reunido en dos ocasiones. También, el departamento que dirige Catalá ha elaborado un proyecto de real decreto de comunicaciones telemáticas, que ya ha recibido el informe favorable del CGPJ y de las comunidades autónomas y que será aprobado a finales de septiembre.
Los protagonistas: apoyo y escepticismo
Todos los operadores jurídicos han respaldado el proyecto de papel cero que pretende equiparar la justicia no ya a parámetros de gestión de países del entorno, sino a otros servicios públicos españoles, como la Seguridad Social o Hacienda. Aun así, la participación institucional de los diferentes colectivos profesionales se acompaña, en la mayoría de los casos, con un cierto escepticismo acerca del cumplimiento de los plazos o de su viabilidad en este contexto de austeridad presupuestaria.
Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de los Procuradores, afirma que a este colectivo no les dan “ningún miedo" ni las tecnologías ni los plazos, ya que es un objetivo del que está “convencido" y cree que la presentación telemática de demandas o escritos estará el 1 de enero “al 90%". Aun así, reconoce que la relación entre los diferentes sistemas informáticos de las comunidades autónomas con competencias “puede hacer algunas cosas más complejas". Para Estévez, lo importante es “implantar las tecnologías de una vez por todas en la justicia" y considera que no es un proyecto de alto coste económico.
Por su parte, Pere Huguet, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía, dice que la abogacía “apoya el papel cero", pero cree que “hay que hacer algunos retoques en la Ley de Enjuiciamiento Civil para mejorar la seguridad jurídica en su aplicación". Huguet es optimista en el cumplimiento de los plazos y considera que “si no es el día 1, será el día 2". En todo caso, dice, “no hay vuelta atrás y todos los operadores jurídicos vamos a hacer un esfuerzo por hacerlo posible. La abogacía lleva muchos años de adaptación tecnológica", concluye. Otro colectivo imprescindible para la viabilidad de la justicia 2.0 son los secretarios judiciales. En las conclusiones de las jornadas que celebró el Consejo Nacional de Secretarios Judiciales el pasado mes de junio, certifican su apoyo “al proceso hacia un sistema de papel cero (...) para superar de una vez por todas la brecha digital que separa la justicia de otros servicios del Estado".
En el capítulo presupuestario, el Estado ha distribuido seis millones de euros a las comunidades autónomas este año, y ha previsto la misma cantidad para el ejercicio 2016, para la inversión en adaptación tecnológica.
El proceso de inmersión digital de la justicia se complementa con otras medidas, como por ejemplo la reforma de la ley de reforma del Registro Civil, aprobada en junio, por la que, a partir del próximo 15 de octubre, se consigna la tramitación electrónica de los nacimientos y defunciones desde los mismos centros sanitarios, lo que evitará más de 450.000 desplazamientos al Registro Civil tanto de padres como de familiares para realizar estos trámites, según aseguran fuentes gubernamentales.
El sistema Lexnet, por ejemplo, es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos para garantizar el tráfico seguro de documentos judiciales, que ya empezó a funcionar en 2004 en la Administración de justicia y en cuyo desarrollo y promoción ha sido especialmente relevante, hasta la fecha, el papel de los procuradores.
Esta aplicación, cuyo uso se vio impulsado por la Ley 18/2011, de 5 de julio, Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Administración de Justicia, ha superado ya los 100 millones de comunicaciones y cuenta con más de 45.000 usuarios, según fuentes del Ministerio de Justicia, contando ya, además de los procuradores, con la abogacía y los graduados sociales. Su desarrollo en el ámbito penal empezará a funcionar a partir del último trimestre del año.
Al desarrollo de Lexnet hay que añadir el empujón dado por el departamento de Rafael Catalá al llamado expediente judicial electrónico, que tiene como objeto prioritario facilitar el acceso de todos los operadores jurídicos y partes del proceso a la misma documentación, evitando, por tanto, realizar copias en papel de todos los procedimientos.
La necesidad de proteger la seguridad jurídica y el derecho de defensa hace que esta sea una compleja labor, que conlleva fundamentalmente digitalizar e incorporar a un gestor la documentación existente de cada caso.
El primer órgano en aplicarlo ha sido la Audiencia Nacional, que recientemente lo ha incorporado a los juzgados de lo contencioso-administrativo, a los que seguirán próximamente las salas de lo Penal y lo Contencioso, así como a los juzgados centrales de instrucción.
Principales cambios tecnológicos
El salto tecnológico de la justicia se verá reflejado en una nueva relación del ciudadano con este servicio público esencial. Estas son las principales novedades.
Sede judicial electrónica. Permitirá el acceso electrónico de los ciudadanos a sus expedientes judiciales en cualquier momento. Creada por orden ministerial de 16 de junio, debe estar en funcionamiento antes de seis meses en le territorio con competencias estatales.
Papel cero. Desde el 1 de enero se establece la obligatoriedad para los operadores jurídicos de relacionarse con la Administración de justicia de manera electrónica, según establece la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, ahora en el Senado.
Justicia móvil. A finales de año se introducirá el uso de SMS como sistema de aviso sobre actos procesales como la notificación de la celebración o suspensión de un juicio, del mismo modo que la Agencia Tributaria avisa de la disponibilidad de un borrador de declaración fiscal.
Lexnet móvil. También en este año se prevé disponer de la aplicación que permita acceder a Lexnet desde dispositivos móviles.
Inscripción de nacimientos y defunciones. A partir de octubre las inscripciones registrales de nacimientos y defunciones se harán desde los mismos hospitales.
Requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se harán mediante correo electrónico antes de acabar el año.