El riesgo de quitas en Grecia acecha a 30.000 millones en depósitos
El primer ministro griego, Alexis Tsipras espera que no sean necesarias quitas a los depósitos de más de 100.000 euros, aunque tampoco las descarta. Hay más de 30.000 millones de euros que superan ese umbral en cuentas de bancos griegos, según fuentes financieras. En su mayor parte, tesorería de pequeñas y medianas empresas.
El temor no es baladí. Ya ocurrió hace poco más de dos años en Chipre. Durante otro de esos fines de semana intensísimos del Eurogrupo, el del 15 y 16 de marzo de 2013, se llegó a plantear la posibilidad de que los depositantes cargaran con parte del rescate que necesitaba el sistema financiero del país.
De entrada, se habló de penalizar a todos los depositantes. El objetivo era castigar el blanqueo de dinero de los oligarcas rusos. Después se dio marcha atrás ante la inseguridad que podría causar entre los ahorradores traspasar la barrera protectora de los 100.000 euros blindados al 100% por cliente y entidad consagrados en la directiva europea de marzo de 2009. Al final, las pérdidas fueron diferentes en función de la entidad en la que estaba el dinero. En el peor caso, el del Banco de Chipre, el dinero que superó ese umbral llegó a sufrir una quita del entorno del 50%. Como contraprestación, los afectados recibieron acciones de la entidad financiera.
El plan de salvamento del sistema financiero chipriota fue el germen de la actual directiva de resolución bancaria, aprobada en mayo del año pasado y traspuesta por completo en España desde el mes pasado. Los depósitos de hasta 100.000 euros, por entidad y titular, están garantizados de acuerdo a esta norma europea. Eso sí, el nuevo mecanismo europeo para resolver bancos –un eufemismo con un significado similar al de liquidar– o reestructurarlos prevé la posibilidad de que los clientes con más de ese importe sí asuman su parte en el rescate o la resolución de la entidad.
En España, los rescatadores de Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Bankia fueron exclusivamente los dueños de preferentes, bonos subordinados y acciones (en el caso de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri). Pero ahora el salvamento se amplía a otros acreedores.
El tercer rescate de Grecia podría ser un buen momento para utilizar esta nueva herramienta. Y la Unión Europea está preparando el terreno. El miércoles 22 de julio, una de las normas que el Parlamento heleno debe aprobar con urgencia si quiere iniciar la negociación oficial del rescate por hasta 86.000 millones de euros es precisamente la directiva europea de resolución bancaria.
Es cierto que la norma otorga una protección adicional a los ahorros que excedan de 100.000 euros que pertenezca a personas o a pequeñas y medianas empresas. Así se recoge explícitamente en la trasposición española de la directiva. Sería el último recurso del que se echaría mano para reflotar una entidad.
Los expertos consultados avisan. Quitar dinero a las medianas empresas –a través de esas eventuales quitas en sus cuentas de tesorería– sería la puntilla para la economía helena y acabaría por destrozar la confianza en el sistema.
El desglose de las necesidades de financiación de Atenas hasta 2018 prevé casi 36.000 millones en amortización de deuda, 18.000 millones en intereses, 7.000 millones para pagos atrasados, 4.500 millones para establecer una reserva financiera y 25.000 millones para la recapitalización de la banca.
Alexis Tsipras, una vez más, mostró el martes su cara más optimista: “No creo que sea necesaria una quita de los depósitos. Con los algo menos de 25.000 millones que costará recapitalizarlos, no será necesario”, dijo en la entrevista que concedió a la televisión pública, ERT.
La mala noticia es que el poder del primer ministro heleno está en mínimos históricos. Tampoco su credibilidad está en sus mejores momentos. Después de ganar el “no” en el referéndum del pasado 5 de julio aseguró que la apertura de los bancos era inminente y que el rescate estaría negociado en 48 horas. Han pasado 10 días y todavía hay muchos flecos pendientes solo para que comience a negociarse el plan de salvamento.
La privatizaciones por unos 50.000 millones –previstas ya en el primer rescate de 2011 y con las que solo se han conseguido unos 3.000 millones– deberían jugar un papel importante en este ámbito. En teoría, 25.000 millones de ese importe irán destinados a amortizar la recapitalización de la banca.