Hacer prender la cultura de la transparencia
La Ley 19/2013, de 10 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ha cumplido seis meses desde su entrada en vigor. Un semestre que ha servido para poner de manifiesto las dificultades de los ciudadanos para acceder a los datos públicos, aunque también de los avances en materia de transparencia.
Un largo listado de materias excluidas, la interpretación de qué es reelaborar los datos o cuándo una información es auxiliar –causas de inadmisión de una petición–, las exigencias de seguridad (para acceder al formulario de petición es necesario tener DNI electrónico, un certificado digital o solicitar unas claves) y la falta de cultura de transparencia en los órganos de la Administración son barreras que dificultan el libre acceso a los datos públicos.
Metodología
El Consejo de Transparencia está trabajando en elaborar una metodología propia de medición. De autoevaluación, por un lado, y de control, por otro, junto a la Agencia de Evaluación y Calidad (Aeval), organismo público que está ayudando a implantar dicha metodología.
Así se puso de manifiesto la semana pasada en una jornada organizada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), bajo el título de Transparencia. ¿lema o realidad?, en la que se reunió a periodistas y representantes de fundaciones, organizaciones privadas y la Administración para debatir sobre los primeros pasos de la ley.
“España es un país sin cultura de transparencia. La distancia, la opacidad, han sido características que la Administración ha enarbolado”, reconoció Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su intervención. Sin embargo, y “aunque tarde, esta ley puede medirse de tú a tú con las normas de nuestros socios europeos”, afirmó.
“En cualquier caso, se trata de una ley básica, la transparencia sobre esta base tiene que crecer. Con ella se trata de introducir la cultura de la transparencia en la actividad pública, para pasar de una Administración concebida como titular de los datos públicos a ser una depositaria de estos. Se trata de un cambio absoluto y radical en la forma de hacer las cosas y en la forma de relacionarse con los ciudadanos”, sentenció la presidenta del Consejo.
En estos seis meses también de andadura del Portal de la Transparencia, la herramienta puesta a disposición de los ciudadanos para buscar y solicitar información pública, se han consultado más de tres millones de páginas y se han hecho un total de 2.080 peticiones de información. Muy pocas todavía, según se reconoció, quizá debido a los impedimentos antes señalados. La fórmula para ir limando esas barreras y saber dónde pueden estar los límites de las peticiones, según se defendió en las mesas redondas organizadas durante la jornada, pasa por pedir, preguntar, consultar todo aquello que se considere de relevancia, y reclamar si no se atiende. “Ahora, preguntar ha dejado de ser de mala educación”, proclamó Arizmendi.
En cuanto a los avances, el Consejo de la Transparencia trabaja ahora en un plan estratégico, que acaba de cerrar el plazo de audiencia a los ciudadanos. Según informó la presidenta de la entidad, se han incorporado a dicho plan el 40% de las recomendaciones que han propuesto los ciudadanos. El restante 60% se ha trasladado al organismo competente para su toma en consideración.
Asimismo, se está determinando la fijación de criterios en una ley que deja muchos espacios para la interpretación. También se está trabajando en el reglamento de desarrollo de la ley.
El objetivo final, como manifestó Esther Arizmendi, es conseguir una ley de transparencia de carácter horizontal, que esté presente en toda la Administración.
Sobre la firma