Una segunda vuelta de reformas estructurales
El informe anual del Banco de España, que fue publicado ayer, plantea una completa batería de medidas para consolidar la senda de crecimiento de la economía española. Un cambio de tendencia que tuvo lugar el año pasado, cuando nuestro país dejó atrás la sequía de la crisis, registró el primer dato de crecimiento significativo e intensificó la creación de empleo. El organismo que dirige Luis María Linde reconoce que parte de la reanimación de las constantes vitales de la economía tiene que ver con factores exógenos. Es el caso del abaratamiento del precio del petróleo, la depreciación del euro y la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE). Una feliz conjunción de factores externos a los que hay que unir la enérgica política de reformas estructurales que nuestro país ha adoptado a lo largo de los últimos ejercicios. La unión de ambos tipos de variables ha obrado el milagro de sacar a España en un tiempo récord del grupo de economías rezagadas y permanentemente asediadas por rumores de rescate y colocarla a la cabeza de la zona euro en tasa de crecimiento y creación de empleo. Se trata de una hazaña económica en la que ha colaborado el conjunto del país y que ha exigido una alta dosis de austeridad y sacrificio, pero a la que resta todavía afianzarse y consolidarse con una velocidad de crucero apropiada. No en vano la crisis ha dejado muchos y muy severos daños en España, en especial una ingente masa de desempleados que el sistema debe aspirar a reabsorber en los próximos años.
Precisamente por ello, una de las grandes recomendaciones que el equipo de Linde plantea en su informe pasa por una segunda vuelta de tuerca a la reforma laboral. No porque la primera no haya funcionado –las cifras del mercado de trabajo atestiguan que lo está haciendo– sino porque la flexibilización y modernización de la legislación laboral española tiene todavía un trecho del camino por recorrer.
Las medidas que propone el Banco de España en ese sentido son fundamentalmente tres: acercar el coste del despido de los contratos fijos y temporales para suavizar la dualidad actual entre ambos, así como facilitar las extinciones de los empleos indefinidos; debilitar la negociación colectiva sectorial, cuyos convenios solo deberían aplicarse a las empresas que se adhieran a ellos de forma expresa; y reducir el peso de las bonificaciones a la contratación. Todas ellas son recetas acertadas y dirigidas a reducir aún más los costes laborales de las empresas, un factor clave para entender el aumento de competitividad que ha experimentado la economía española en los últimos tiempos. Otra de las reformas propuestas consiste en crear incentivos fiscales a los planes de pensiones privados para complementar el sistema público de prestaciones. Pese a que la legislación actual contempla ya una reducción en el IRPF a los contribuyentes que realizan aportaciones a este tipo de seguros para la vejez, apostar por cualquier medida que estimule el ahorro privado –tanto de particulares como de empresas– supone inyectar combustible para mover la máquina de crecimiento de la economía española. El ahorro generado hoy es capitalización de mañana e inversión para pasado mañana. Y de la virtud de ese círculo anda más bien escasa la economía.
En materia fiscal, el Banco de España coincide con el FMI y con Bruselas al reclamar un aumento del IVA, elevar los tributos especiales y racionalizar la actual selva de deducciones y bonificaciones del IRPF. El objetivo es asegurar los objetivos de consolidación fiscal impuestos por Bruselas, una meta que conlleva exigir, según recuerdan los expertos de Linde, disciplina presupuestaria a las comunidades autónomas aplicando “medidas correctivas” si es necesario, que vienen al pelo ahora que se avecinan cambios en sus administradores.
Todo ello conforma esa segunda ronda de reformas estructurales que España tiene pendiente para completar el proceso de flexibilización de nuestra economía, cuya rigidez ha tenido mucho que ver con la devastación –muy superior a la sufrida por otros países– que ha dejado la crisis. Esa agenda reformadora debe cumplirse si queremos consolidar un crecimiento que no está garantizado, sino que debe se alimentado y consolidado de forma continua. Ni siquiera un hipotético cambio de signo político en el Gobierno debe interferir en esta puesta a punto de la economía.