La segunda descentralización
De nuevo se reconoce públicamente la buena gestión de los ayuntamientos en comparación con el resto de Administraciones públicas.
Los datos de la contabilidad nacional (operaciones no financieras) que ofrece la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como los informes de recaudación de la AEAT, muestran unas cifras que resultan incontestables. Los ayuntamientos son capaces de ofrecer sus servicios públicos ajustándose a sus presupuestos iniciales, asumiendo los denominados gastos impropios, que deberían ser atendidos por las comunidades autónomas, y volviendo a cerrar con superávit sus cuentas.
Debemos entender que la modificación del artículo 135 de nuestra Constitución dejó abierta la posibilidad de que las Administraciones públicas cerraran con déficit, salvo la local. Pues, si así se permitió, así sucedió: esta última es la única que cierra con superávit sus cuentas y a diferencia del resto.
Los informes de la AEAT ponen de manifiesto cómo, después de ir cayendo la recaudación de impuestos por el Estado desde el 2007, se produce un cambio de tendencia en el año 2009 para, en 2014, llegar a superar cifras de 2007. De este modo, observamos que, desde 2007 a 2009, hemos pasado de 72.614 a 63.857 millones de euros en la recaudación por el IRPF, frente a los 72.662 millones de 2014. Lo mismo sucede en el IVA. Después de caer de los 55.861 millones de 2007 a 33.567 millones en 2009, remonta, en 2014, a los 56.174 millones.
Los impuestos especiales, que aglutinan, entre otros, los de hidrocarburos, tabaco y alcohol, mantienen cifras similares a las del 2007 durante el periodo, cerrando 2014 con una recaudación de 19.104 millones. No sucede lo mismo con la recaudación del impuesto sobre sociedades, que, con 44.823 millones en 2007, pasó a 16.198 en 2010, cerrando 2014 con una leve mejoría hasta los 18.713 millones.
Comprobando igualmente la contabilidad nacional, en cuanto a operaciones no financieras, hay que recordar que, entre 2000 a 2007, las cuentas públicas estatales mantuvieron una senda de estabilidad, incluso de superávit. Se pasó de cifras cercanas a los 250.000 millones de ingresos y gastos públicos a algo más de 442.000 de ingreso y 420.000 de gasto en 2007, incrementando el gasto en un 67% y el ingreso en un 80% en esos siete años.
A partir de 2007 se desploman los ingresos pasando, en 2009, a los 375.628 millones y se incrementan los gastos cerca de los 494.000. Se agudizaban los desequilibrios y los déficits y, como consecuencia, el endeudamiento, en un momento en que empeoraba, también, el coste de la deuda. A partir de 2009, los gastos públicos comienzan una leve caída, cerrando 2014 con unos 460.000 millones, una reducción de un 6,6% con respecto a 2009. En 2014 observamos que el gasto que cae espectacularmente es el de las inversiones públicas.
Respecto al ingreso, cerramos 2014 con cerca de 400.000 millones de euros, una subida de algo más del 6% con respecto a 2009. No obstante, se siguen ofreciendo déficits en nuestras cuentas, básicamente por los desequilibrios presupuestarios de todas las Administraciones publicas, salvo los ayuntamientos.
Respecto a la importancia que estas cifras de ingreso significan para la sostenibilidad de las comunidades autónomas y las entidades locales, hemos de señalar que estas reciben unas entregas a cuenta sobre las cifras del presupuesto inicial previsto de ciertos impuestos del Estado. Si esta previsión ha sido mayor que la recaudación final obtenida, hay que devolver el exceso recibido. Si la recaudación es mayor que la previsión, se produciría un saldo a su favor y un posterior ingreso adicional por la Administración central. Esto último es lo que podría suceder con la regularización de las entregas a cuenta de 2014, si se comprueba que los ingresos impositivos del Estado han superado las previsiones que fueron recogidas en su presupuesto. Todo esto podría repercutir positivamente en los ingresos de comunidades y entidades locales para 2016. Esta situación de inseguridad económica y financiera parece no muy recomendable mantenerla, por lo que esperemos próximas reformas del modelo.
En definitiva, y a la vista de cifras expuestas anteriormente, parece que se van ajustando los desfases entre ingresos y gastos públicos a nivel nacional, lo que alivia la tensión en la deuda pública, destacando que los ayuntamientos son la Administración que mejor gestiona sus presupuestos, asumiendo, incluso, gastos de competencias exclusivas de las comunidades autónomas, hecho este que debe hacer pensar en una inmediata segunda descentralización.
La misma supondría, sin duda, una mejor eficacia en la gestión presupuestaria, que evitaría déficits excesivos en estas últimas y una senda hacia la recuperación del endeudamiento a cifras que hagan de nuestro país un imán para la inversión y la generación del empleo. Por ello es clave una decidida segunda descentralización desde las autonomías hacia los ayuntamientos.
Juan Manuel Ruiz Galdón es doctor y profesor de la Universidad de Málaga