Montoro dice que el caso revela que Hacienda trata a todos los contribuyentes por igual

La investigación a Rato abre otro frente entre Gobierno y oposición

El expresidente de Bankia Rodrigo Rato (en el centro), a su salida de la Audiencia Nacional. EFEArchivo
El expresidente de Bankia Rodrigo Rato (en el centro), a su salida de la Audiencia Nacional. EFE/Archivo EFE

Distintas fuentes oficiales confirmaron hoy que el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y se encuentra entre los 705 contribuyentes que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) está investigando. El también expresidente de Bankia aseguró no tener constancia de que se hubiera abierto una investigación sobre su patrimonio y negó tener sociedades radicadas en Islas Vírgenes o Gibraltar.

Esta noticia, que se suma a las causas abiertas contra el que fuera número dos de José María Aznar por la salida a Bolsa de Bankia y el uso de tarjetas black, provocó uno de los enfrentamientos más duros que se recuerdan entre distintos representantes del Ejecutivo y los líderes de la oposición.

El más contundente fue el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quién reclamó la dimisión de Cristóbal Montoro. “Le pido, señor Montoro, que por decencia política abandone su escaño y dimita como ministro de Hacienda”, aseguró entre los aplausos de la bancada socialista. Acto seguido se dirigió a Rajoy para reprenderle la conducta de Rato. “Lecciones del Gobierno sobre fraude fiscal, ninguna. Ahora, sobre amnistías fiscales, todas, señor Montoro y Rajoy, porque aquí ha habido un gran maestro de las amnistías fiscales que ha aplicado un gran estudiante de esas amnistías. El maestro ha sido Rato y el estudiante aplicado ha sido Montoro”, subrayó.

El resto de la oposición no pidió la dimisión, pero sí exigieron medidas contundentes. “No sé cómo va a acabar esto, pero es desmoralizante, es otro mazazo, uno más”, lamentó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quién exigió que Rajoy hiciera una declaración pública.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo abandonó el hemiciclo sin hacer una sola referenta a su excompañero de Gabinete. Mas allá fue UPyD, que actúa como acusación particular en el caso Bankia y que reclamó al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que retirara el pasaporte a Rodrigo Rato y le prohibiera salir de España ante los “reiterados” viajes realizados a Suiza los últimos meses.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, criticó que algunos dirigentes hayan utilizado la política para enriquecerse, colocar a amigos y crear una “red clientelar” muy próxima a intereses particulares y muy alejada del interés general. En la misma línea, Íñigo Errejón, secretario político de Podemos, criticó el hecho de que el Gobierno apruebe amnistías para amigos. “No hay nunca amnistías cuando las pequeñas y medianas empresas tienen necesidad de que sus pagos se hagan puntualmente”, aseguró.

Lejos de dimitir, Montoro contraatacó defendiendo la gestión de su departamento. “Como se comprueba, las investigaciones se realizan a todos, con independencia de quién es hoy o lo que haya sido ayer. Las instituciones están funcionando y hay un eficaz seguimiento de todos, sean quienes sean”, insistió.

Las causas pendientes del exvicepresidente

El hecho de que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) investigue al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por un posible delito de blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal es la última de las causas en las que se ha conocido que está presuntamente implicado el que fuera número dos de José María Aznar. Además, Rato está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia y en la pieza separada en la que se analizan las tarjetas black u opacas al fisco, según la cual los exconsejeros de esta entidad y de Caja Madrid gastaron un total de 15,5 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En la pieza principal, en la que están imputados también los antiguos miembros del Consejo de Administración de Bankia, el juez Andreu atribuye a Rato los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. El magistrado instructor le impuso el 13 de febrero una fianza de 800 millones en concepto de responsabilidad civil junto a Bankia y su matriz (BFA) y los exconsejeros Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella. La cuantía fue aportada por Bankia, aunque la entidad anunció su intención de reclamársela a la antigua cúpula. El juez Andreu también investiga el pago que realizó el banco de inversiones Lazard a Rato en 2011, por valor de 6,1 millones, por los trabajos de asesoría que realizó para la entidad tras abandonar la dirección del FMI. El exvicepresidente aseguró que ese dinero provenía de unas acciones adquiridas durante su etapa como director gerente del Fondo.

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