Editorial

Reducir el lastre de las concesiones

El Gobierno tiene intención de reformar el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado en las futuras concesiones en un intento de reducir el pesado lastre económico que la regulación actual supone para las arcas públicas. La factura multimillonaria que amenaza a la Administración en este momento, derivada de concesiones con problemas –es el caso de la quiebra de las autopistas radiales, el proyecto Castor o la insolvencia de la concesión ferroviaria TP Ferro– constituye una muestra elocuente de la carga financiera que suponen los rescates de obra pública en régimen de concesión para el Estado.

El objetivo del Ejecutivo es cambiar la normativa, previsiblemente en mayo, a través de un real decreto que incluya otras modificaciones regulatorias. La legislación actual establece la responsabilidad patrimonial de la Administración en caso de quiebra tomando como referencia el coste de construcción y de financiación de la infraestructura. Frente a ese criterio, la reforma pretende fijar como baremo el valor real que la obra tenga en el momento del rescate, que normalmente será bastante menor. Pese a que la fórmula concreta para calcular la cifra está todavía en discusión, la nueva regulación reduciría de forma drástica el compromiso económico que asume el Estado, puesto que además excluiría imponderables que suelen elevar el coste final de las obras, como las modificaciones que pueden sufrir estas o el coste final de las expropiaciones, si llegan a los tribunales.

Además del argumento económico, la reforma debería servir para reforzar el compromiso de las concesionarias con los proyectos, al elevar el riesgo que estas asumen e incentivar su interés por recuperar, aunque sea a largo plazo, la inversión. La crisis económica ha puesto de manifiesto que la posibilidad de liquidar las concesiones cuando se producen agujeros financieros constituye una salida bastante más ventajosa para las empresas que optar por resistir y esperar a un cambio de ciclo que permita recuperar lo invertido.

Es cierto que el cambio de criterio hará muy probablemente que disminuya el interés de las empresas y fondos especializados en las concesiones, así como el de la banca que financia este tipo de proyectos. Pero resulta indiscutible que la regulación actual carga con un riesgo financiero desmesurado al sector público y provoca que, en caso de quiebra, el rescate corra a cargo de todos los contribuyentes. Dado que la mejora de la situación económica se traducirá previsiblemente en un nuevo impulso a la obra pública, aprobar una regulación que reparta mejor esa carga no solo es beneficioso para cuadrar los números de la Administración, sino también para el bolsillo de todos los españoles.

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