La economía colaborativa hace campaña política
Las empresas de economía colaborativa han empezado a hacer lobby en España ante las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales. Quieren que los políticos españoles entiendan bien las oportunidades y los retos que para la sociedad y la economía española representa su desarrollo. Por ello, la asociación Sharing España, recientemente constituida, integrada en Adigital, y formada por 36 empresas (28 españolas), entre ellas Airbnb, Blablacar, Cabify, Comunitae, Rentalia, WebsmartPakr o Ticketbis, ha mantenido ya contactos con PP, PSOE, UPyD, CIU y Ciudadanos.
Según explican a CincoDías, esperan reunirse con todos los partidos que faltan, incluidos los de alcance autonómico sin representatividad en el Parlamento. “En breve esperamos vernos con Podemos”, añade un portavoz de la asociación. Esta reunión es importante para este colectivo, dado el empuje del partido que preside Pablo Iglesias. Más después de que este grupo apoyara recientemente a los taxistas en contra de negocios como Uber y denunciara la proliferación de alquileres turísticos.
Sobre los contactos mantenidos hasta ahora con la mayoría de los grandes partidos españoles, Sharing España asegura que ha percibido “bastante buena receptividad a favor” de la llamada economía colaborativa. Solo parece haber un pronunciamiento en contra, el de Podemos. La asociación también destacan que han tenido conocimiento de que Ciudadanos prevé incorporar a su programa la eliminación de la cuota mínima de autónomo. “Cómo se regule esto va a afectar a la figura del peer (el usuario que comparte en estas plataformas) y del llamado microemprendedor”.
Desde la asociación dicen que lo que tratan de explicar a los partidos políticos es la oportunidad que representa la economía colaborativa en cuanto a la creación de nuevas empresas digitales, el fortalecimiento de una cultura de emprendimiento y el avance en innovación. “La economía colaborativa crea nuevas actividades y saca a la luz otras que siempre se han venido desarrollando y que en ocasiones no podían controlarse”.
Sharing España reclama a los partidos que las distintas medidas, legislativas y no legislativas, que se tomen y que tengan un impacto en la economía colaborativa “primen el interés general, valorando incluso la desregulación de sectores hiperregulados”. Según la asociación, la regulación debe respetar los principios de proporcionalidad, interés público y necesidad. “En los últimos meses, ha habido un acercamiento institucional a la economía colaborativa, tanto desde la Comisión Europea como a nivel nacional. Sin embargo, y al mismo tiempo, ha habido normativa autonómica en España o decisiones de poderes públicos que obstaculizan tanto este tipo de economía como el mercado único digital”.
La asociación defiende también ante los diferentes grupos políticos que la crisis económica ha acentuado la necesidad de consumir de una manera más racional, fomentando el ahorro y aprovechando los recursos. “Algo que permiten los proyectos de economía colaborativa, que basan su negocio en compartir bienes y servicios”, destacan los representantes de Sharing España. Según la revista Forbes, quienes participan como particulares en este sistema de economía colaborativa se embolsan más de 3.500 millones de dólares (2.580 millones de euros). Igualmente, se calcula un potencial de 7.000 millones de inversión por parte de inversionistas en empresas basadas en modelos de la economía colaborativa.
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