Empleo confirma que su aprobación es inminente

Hacia una nueva formación vigilada y en libre competencia

El presidente de la CEOE, Joan Rossell y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un reciente desayuno esta semana en Madrid.
El presidente de la CEOE, Joan Rossell y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un reciente desayuno esta semana en Madrid. EFE

Comienza la cuenta atrás para que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros el nuevo sistema de formación profesional para el empleo, dado el estado en el que se encuentran las negociaciones con los agentes sopciales (patronal y sindicatos). Así al menos lo dieron a entender esta mañana la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su visita a la empresa de telemercadotecnia Konecta.

Ambas coincidieron en que el objetivo que persigue la reforma del sistema actual es “dar a la formación mayor transparencia frente al fraude y dotarla de más calidad”. En este sentido, pusieron como ejemplo las acciones formativas llevadas a cabo por Konecta y destacaron que una buena formación del capital humano es “clave para el éxito de las empresas”.

Báñez, que en algún momento insinuó que la reforma podría ser aprobada en el Consejo de Ministros de mañana viernes, insistió que los cambios se introducirán para dotar al sistema de un mecanismo que apueste por la calidad y por mejorar la empleabilidad de los trabajadores, ayudando de ese modo a las empresas a competir en un mercado cada vez más global. La titular de Empleo y Seguridad Social explicó que el modelo será mucho más transparente que el anterior y, como novedad, estará sometido a una “evaluación permanente”, de forma que sea capaz en todo momento de casar la oferta y demanda del tejido productivo.

Más sanciones

La ministra insistió que con el nuevo mecanismo se persigue que “cada euro que vaya a formación se dedique a formación” y, para ello, anunció que incluso se incrementarán las sanciones para los que defrauden.

De hecho, avanzó que se creará un equipo de vigilantes dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que “haya controles permanentes de los recursos destinados a formación”.

Se contará por primera vez con información permanente del modelo y eso permitirá, según explicó la ministra, “evaluar mejor las necesidades del tejido productivo, hacer del modelo una oportunidad y contar con criterios homologables a los países del entorno”.

En las negociaciones que está manteniendo el Ejecutivo con representantes de la patronal y los sindicatos la mayor fuente de conflicto ha estado desde el principio en el lado empresarial, que rechaza frontalmente que el futuro sistema saque a las patronales (y a los sindicatos) de la ejecución de la formación de oferta. Pero, tal y como adelantó CincoDías, en las últimas reuniones los negociadores parecen haber encontrado la solución: mantener a la patronal y a los sindicatos en el diseño de los programas nacionales de formación de oferta y retribuirles por ello.

Fuentes de la negociación aseguran que las partes están de acuerdo en esta fórmula, pero ahora deben cuantificar estas retribuciones porque según insistió recientemente el presidente de CEOE, Juan Rosell, diseñar la formación “cuesta dinero y hay que pagarlo”. La pregunta es ¿cuánto? Estas mismas fuentes aseguran que la última oferta del Ejecutivo podría estar entre los 30 millones de euros para los empresarios y otros 30 pasa los sindicatos.

Según esta nueva oferta, las organizaciones patronales y sindicales seguirán formando parte de la Fundación Tripartita para la formación, aunque ya no con el mismo peso que la Administración –que pasará a ser mayoritaria en este organismo–, tal y como estaba previsto desde un principio.

Igualmente, el Gobierno mantendrá que la patronal y los sindicatos dejen de repartirse una parte del dinero destinado a la formación de oferta para ejecutar los cursos. Así, su impartición quedará abierta a la libre concurrencia en un 100% de las subvenciones. De esta manera, cualquier centro acreditado de formación podrá optar a la adjudicación de dichos cursos en igualdad de condiciones que los centros de las organizaciones sindicales y empresariales.

Otra de las novedades del nuevo modelo consistirá en la creación de un cheque formativo para parados, quienes, a su vez, podrán elegir dónde se gastan el dinero para formarse. La Seguridad Social tendrá una cuenta individual de cada afiliado donde se recoja la formación recibida.

Los numerosos escándalos destapados que tenían como epicentro de la supuesta corrupción el dinero público de la formación –los más conocidos son los relacionados con UGT en Andalucía y la patronal madrileña Ceim– provocaron que el Gobierno acelerara la reforma del sistema. Es más, la ministra de Empleo es una firme convencida de que los agentes sociales deben salir de la gestión y ejecución de los cursos a trabajadores.

“En ningún país de Europa esto es así, quien diseña la formación y dice qué cursos hacen falta nunca los ejecuta, no se puede ser juez y parte” asegura un responsable de Formación. De hecho, en privado, los sindicatos admiten esta máxima y reconocen que es normal que el nuevo sistema les deje fuera.

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