Editorial

Un problema económico y ético

El descubrimiento de un nuevo caso de presunto fraude en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación constituye una prueba más de la gravedad de este problema y de la urgencia de adoptar medidas no solo para detectarlo, sino especialmente para prevenirlo. La denominada Operación Edu Costa se saldó ayer con 90 detenciones en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, que pueden aumentar en los próximos días. Entre los detenidos figuran políticos, empresarios, profesores y alumnos, lo que apunta a una trama bien organizada en la que cada eslabón desempeñaba un papel. A falta de que concluyan las diligencias policiales, esta investigación continúa la Operación Edu, de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, que comenzó en abril del año pasado y en la que se han visto implicados decenas de empresarios y políticos por un presunto fraude que podría ascender en su conjunto a 2.000 millones de euros.

La operación lanzada ayer no ha sido ni la primera ni la única trama destapada en España en relación con las subvenciones a cursos de formación, una partida de gasto que se nutre fundamentalmente de la cuota que empresas y trabajadores destinan para ese fin a la Seguridad Social y en menor medida de aportaciones del Estado y de fondos comunitarios. Se trata de una jugosa tarta, cuya adjudicación y gestión ha dado lugar en diferentes ocasiones a fraudes y estafas que se explican, en parte, por la ausencia de procedimientos de concesión, justificación y liquidación lo suficientemente severos y transparentes. Los solicitantes de los fondos son sindicatos, patronales y asociaciones de empresas, aunque los cursos son impartidos por academias y consultoras. Las irregularidades detectadas han salpicado también a distintos políticos y personal de la Administración.

El fraude relacionado con la formación constituye uno de esos secretos a voces que se nutren no solo de deficiencias en los procesos de adjudicación, sino de una arraigada cultura de tolerancia hacia la corrupción cuyas consecuencias afectan tanto al sector privado como a las Administraciones públicas. La gravedad de actuaciones como las detectadas ayer tiene una vertiente económica –especialmente en la coyuntura actual–, pero también ética. Precisamente por ello se trata de un problema que hay que atajar con severidad y con altas dosis de realismo. Al respaldo a la acción de las fuerzas policiales hay que sumar el establecimiento de controles administrativos lo suficientemente rigurosos como para reducir la impunidad y arbitrariedad que suelen alimentar estas tramas. Pero ni una ni otra medidas serán efectivas si nuestro país no implanta un clima de tolerancia cero hacia el mal uso de unos recursos que salen del bolsillo de empresarios y trabajadores.