Tsipras se estrena con un claro desafío a la troika
"No provocaremos un choque de destrucción mutua [con la zona euro], pero tampoco seguiremos con la política de sumisión”. El nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, aprovechó hoy su primer consejo de ministros (retransmitido por televisión) para lanzar esa advertencia claramente dirigida hacia la troika (CE, BCE y FMI) y hacia Berlín.
El desafío del Gobierno de Syriza se confirmó con la paralización de dos de las principales privatizaciones (el puerto del Pireo y la compañía nacional de electricidad) puestas en marcha por el anterior ejecutivo a instancias de la troika. El ministro de Trabajo, Panos Skourletis, también confirmó en una entrevista televisada la intención del gobierno de elevar un 28% el salario mínimo hasta los 751 euros. Y por si había dudas sobre el talante del nuevo ejecutivo, el ministro de Finanzas, Yannis Varoufakis, telefonéo al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbleom, para informarle de su deseo de renegociar los términos del rescate iniciado en 2010.
Los duros gestos de Atenas provocaron la reacción inmediata de Bruselas y Berlín, desde donde se recordó al ejecutivo griego que el punto de partida para cualquier negociación debe ser el respeto a los compromisos adquiridos por un Estado, con independencia de que haya cambiado o no el Gobierno.
“No esperen grandes cambios de nuestra parte”, advirtió el vicepresidente económico de la Comisión Europea, el conservador finlandés Jyrki Katainen. Y el vicepresidente del Gobierno alemán, el socialista Sigmar Gabriel, advirtió que “si Grecia quiere desviarse de las medidas [pactadas con la troika], deberá asumir el coste por sí misma sin intentar pasárselo a los contribuyentes de otros países mediante una quita en la deuda u otras ideas”.
Las posiciones de uno y otro lado anticipan una dura negociación, aunque hasta ahora ni Grecia ha apostado por la ruptura ni Berlín ha cerrado la puerta a una flexibilización de las condiciones de los préstamos.
Dijsselbloem llegará mañana a Atenas para entrevistarse con Tsipras y su equipo económico, una cita que pretende aclarar el alcance de las reivindicaciones de Atenas. Tsipras aseguró ayer que se trata de “poner fin a la espiral de deuda y recesión” que ha sufrido el país durante cinco años, que le han dejado con un 25% menos de PIB y una deuda del 175% del PIB.
Bruselas insiste, por su parte, en que la deuda es sostenible, porque los intereses suponen alrededor del 4% del PIB griego, menos que en el caso de Italia o Portugal. Pero los números rojos de Grecia equivalen a la recaudación fiscal de casi cuatro años. Ese ratio, que según muchos economistas refleja mejor la sostenibilidad de la deuda, ronda los dos años y medio en España, Portugal o Italia y no llega a dos años en Francia ni en Alemania.
En todo caso, las fuentes coinciden en que el nivel actual de deuda de Grecia solo es sostenible si sigue contando con la asistencia de sus socios, una solución que obligaría al país a estar durante dos o tres décadas al margen de los mercados y bajo la tutela de la troika. Ni Syriza ni su socio de gobierno, Grecia Independiente, parecen aceptar ese calendario.
Negociación
Por si acaso, Atenas se cuidó ayer mucho de compensar sus gestos hacia el electorado local con una retórica más suave hacia sus socios. “Esto no va a ser un duelo del Oeste”, señaló Varoufakis.
La decisión más simbólica, la de elevar el salario mínimo por primera vez desde 2012, contraviene las instrucciones de la troika pero no generaría déficit público. El impacto en la creación de empleo es más incierto en un país en que el salario mínimo equivale al 60% del salario medio (el 36% en España) y, por tanto, puede empujar al alza los costes laborales. Aun así, el incremento prometido por Syriza restablece el nivel del salario mínimo de 2007 y se queda lejos de los 876 euros al mes que alcanzó con el Pasok de Papandreu, primero, y la Nueva Democracia de Samarás, después.
Las sanciones a Rusia, también en el aire
Grecia bloqueó ayer el proyecto de acuerdo de nuevas sanciones de la UE contra Rusia, en una decisión que puede provocar otro choque entre el nuevo Gobierno de Atenas y sus socios europeos. El texto preparado por los representante permanentes de cada país en Bruselas prevé una prórroga de las sanciones contra Rusia hasta el mes de septiembre de este año, así como la ampliación del número de personas y empresas sujetas a un embargo de sus cuentas.
Algunos países incluso sugieren la posibilidad de cortar el acceso de Rusia al sistema de intercambio de datos bancarios Swift, una medida drástica que descolgaría al país de Vladimir Putin del sistema financiero internacional.
Las sanciones que Bruselas espera aprobar hoy responden al deterioro de la situación en el Este de Ucrania y, en particular, al ataque sufrido por la ciudad de Mariupol.
Pero el nuevo Gobierno de Atenas, según las fuentes europeas consultadas, planteó ayer una reserva general al texto del acuerdo propuesto, lo que en la jerga diplomática equivale a un veto provisional a la espera de que se reúna hoy, en sesión extraordinaria, el consejo de ministros de Asuntos Exteriores de la UE.
El conflicto entre la nueva administración de Atenas y la de Bruselas podría prolongarse hasta la cumbre europea del 12 de febrero, la primera a la que asistirá el primer ministro Alexis Tsipras.
