La Guardia Civil detuvo ayer a su director general en el marco de la 'operación Púnica'

Así es Cofely, eje central de la trama de corrupción

Cofely, una filial de la multinacional francesa GDF Suez que ofrece servicios de eficiencia energética, está en medio de la tormenta. Su sede en Madrid fue registrada este lunes durante horas por la Guardia Civil en el marco de la operación Púnica, la investigación del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional sobre la trama corrupta que ha llevado a la detenciones de 35 sospechosos, entre ellos el exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. Según se apunta, una serie de contratos sobre eficiencia energética logrados con determinados ayuntamientos podrían ser objeto de investigación por posible pago de comisiones ilegales a miembros de la red. Los imputados, de momento, son 14.

Aunque no han trascendido detalles, la propia GDF Suez señalaba en su último informa anual que "en España, las autoridades de varios Ayuntamientos del área de Madrid están mejorando los sistemas eléctricos en los edificios consistoriales y su alumbrado público". El Ayuntamiento de Madrid adjudicó a la empresa Cofely ocho contratos por 516.004 euros entre los años 2009 y 2012, informa Europa Press.

En la lista de arrestados están el director general de Cofely, Didier Maurice y el director comercial, Constantino Álvarez de la Cueva. La compañía francesa ha reconocido a Cinco Días que la sede de su filial española ha sido registrada y que varios de sus empleados han prestado declaración ante la Policía Nacional. GDF Suez ha querido expresar en un comunicado su apoyo a la filial española y a sus trabajadores y ha declarado que colaborará con la justicia española para arrojar luz sobre lo ocurrido.

En las cuentas de la sociedad depositadas en el Registro Mercantil se cita que "la alta dirección se encuentra traspasada a otra sociedad del grupo" y que "no existían como tal en la sociedad". El consejo de administración de la compañía, según el informe anual, está compuesto por tres miembros: José Vila Bassas, Cyrille Boulard y Etienne Jacolin. Este último tiene varios cargos en otras filiales de Cofely y de GDF Suez. La empresa contaba con una plantilla media de 2.262 empleados en 2013, según recogen las cuentas de la empresa. GDF Suez y Cofely España han declinado hacer declaraciones de momento, dado que "hay una investigación en marcha".

Todo apunta a que Cofely sería “la compañía sobre la que pivotaba gran parte de la trama” en la que Granados haría la labor de conseguidor de adjudicaciones públicas a cambio del cobro de comisiones ilegales, informa Europa Press.

Según las cuentas de 2013 depositadas por Cofely, a las que ha tenido acceso Cinco Días, la cifra de negocios registrada por la empresa ese año fue de 212 millones de euros, frente a los 230,5 millones del año anterior. Cofely cerró el ejercicio 2013 con pérdidas por 8,7 millones de euros.

En cuanto a su estructura dentro del grupo, Cofely España pertenece a la rama de actividad del grupo GDF Suez especializada en "instalación, mantenimiento y eficiencia energética". En 2010, la multinacional decidió englobar toda su actividad en este área bajo una sola sociedad. Como consecuencia, Cofely España absorbió la sociedades Crespo y Blasco y Cofely Contracting, un proceso que culminó en 2013 con la fusión con su matriz española, la holding financiera GDF Suez Energy Services en España. Tras esa operación, Cofely España pierde su carácter de sociedad anónima unipersonal y pasa a ser una sociedad anónima. 

Cofely España depende de la sociedad dominante directa GDF Suez Energies Services International, con sede en Bruselas, y forma parte del grupo GDF Suez, con sede en París. 

“La sociedad ofrece servicios de gestión y eficiencia energética, instalación y mantenimiento en edificios, industria e infraestructuras”, se puede leer en el Informe de gestión. “La actividad de mantenimiento tiene un carácter recurrente sobre la base de una cartera de contratos de conducción y asistencia técnica de las instalaciones de los clientes. Las obras y trabajos de instalación se realizan en función de un presupuesto firmado con el cliente". Además, “los contratos de eficiencia energética representan el paradigma estratégico de la compañía”.

El director general de la empresa ha sido detenido en el marco de la operación Púnica

Es precisamente en estos contratos de eficiencia energética, especialmente en municipios implicados, donde se pueden centrar las investigaciones del juez.. En el informe anual de GDF Suez el grupo informaba sobre la adjudicación, por parte de Cofely España, de un contrato con el Ayuntamiento de Parla “para un ahorro energético del 6% en edificios y el 40% en alumbrado público”. El contrato tenía una duración de 15 años y, según Europa Press, una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros. Precisamente el alcalde de este municipio en el sur de Madrid, el socialista José María Fraile, es uno de los 51 detenidos.

A primera hora de la mañana del martes ya no quedaba rastro de la información y cuando se quiere intentar leer más acerca de la misma, la web de Cofely dice que “la noticia ya no existe”. De hecho, la última información que aparece en este apartado de “actualidad” corresponde a diciembre de 2012 y concierne un proyecto que Cofely lidera junto a la ciudad de Zamora. De la web han desaparecido las referencias a los contratos que firmó en los últimos años con algunos de los ayuntamientos implicados.

Cofely cita en su informe anual que cuenta con un patrimonio inmobiliario de 350.000 euros. Sus propiedades no arrendadas en los ejercicios 2013 y 2012 son unos locales en Ávila y en el término municipal de San Roque (Cádiz), y unos terrenos en Segovia.

Cofely destaca en su informe un descenso en las instalaciones “debido a la difícil coyuntura económica que está viviendo el mercado español”. De ahí las medidas de reestructuración, que “permiten garantizar la perennidad de las operaciones actuales así como el desarrollo de la estrategia futura de la compañía”. Esta se centrará, según el mismo documento, en “la eficiencia energética, aprovechando al máximo las sinergias entre todas sus líneas de negocio”.

El informe de auditoría, firmado por Ernst & Young, no refleja ninguna salvedad.

Según Europa Press, la Guardia Civil detuvo el lunes además del director general y del director comercial a otros dos altos cargos de la empresa en Madrid. En su sede madrileña trabaja desde abril de 2013 Miguel Ángel Villanueva, quien fuera vicealcalde de Madrid hasta su dimisión tras la tragedia del Madrid Arena, aunque él no se encontraría entre los cuatro detenidos, según fuentes de la investigación.

Declaración ante el juez

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tiene previsto hoy comenzar a tomar declaración al medio centenar de acusados en la Operación Púnica, entre los que encuentra el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados. Aunque aún no hay cifra oficial, el número de imputados podría entre los 49, según fuentes de la investigación, y los 51 apuntados por la Fiscalía Anticorrupción, según recoge Europa Press.

La trama habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años.

Mientras, se suceden las reacciones de las administraciones que contrataron con Cofely. El Gobierno de Castilla-La Mancha contrató dos servicios con la empresa Cofely mediante sendos procedimientos ordinarios abiertos, por concurso, tal y como estipula la ley, por lo que no cabe incluirlos de ninguna manera en los que se hayan producido de manera irregular o ilegal.

Así lo ha aclarado el Gobierno regional en un comunicado, en el que puntualiza que “quiere dejar bien claro que no se puede, en ningún caso, vincular estos contratos adjudicados conforme a la Ley con el procedimiento que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional”.

Una empresa en entredicho

Las sospechas sobre el papel determinante que hubiera jugado Cofely España en la trama de corrupción sobre la que investiga la Audiencia Nacional, tienen consecuencias más allá de las detenciones de sus altos cargos.

El alcalde de Leganés, Jesús Gómez, ha anunciado este martes que los técnicos municipales están “mirando” un contrato que el Ayuntamiento adjudicó a Cofely España para la climatización en edificios municipales “cinco días antes de las elecciones de 2011”. El presupuesto base de licitación fue de 292.000 euros, ha detallado el edil del PP en rueda de prensa.

Tras el concurso, una de las empresas participantes, CECOBA Servicios Integrales, recurrió la adjudicación, según ha podido conocer la agencia Europa Press. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid decidió desestimar este recurso.

En todo caso, Gómez ha subrayado que su Gobierno no ha mantenido “relación directa o indirecta” con esta trama, y ha recordado que la adjudicación del contrato se produjo antes de que su partido llegase a gobernar en el municipio. En caso de detectar alguna irregularidad, ha asegurado que lo pondrá en conocimiento del juzgado de la Audiencia Nacional que instruye la causa.

Mientras tanto, el alcalde de Almendralejo (Bilbao), José García Lobato, también del PP, comunicó en una rueda de prensa la suspensión de un concurso público de eficiencia energética al que concurría Cofely. El regidor ha explicado que la medida se tomó a petición de la Audiencia Nacional y que el concurso aún se encontraba en fase de estudio de las características técnicas de las dos ofertas presentadas.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personaron ayer en el consistorio para requerir el expediente completo del concurso y, en concreto, la oferta presentada por Cofely. Según Lobato, paralizaciones parecidas podrían haber ocurrido en otros municipios en los que la compañía haya presentado ofertas. “Se trata de suspender cualquier acción por si la empresa resulta inhabilitada”, ha expuesto.