_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

España necesita una sólida base industrial

El ministro de Industria, Energía y Turismo ha presentado la Agenda del Gobierno para el fortalecimiento del sector industrial en España, que aprobó la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el pasado mes de julio, y que contiene 97 medidas, articuladas en 10 líneas de actuación que cubren todos los campos de acción gubernamental.

El ministro ha conseguido convencer a sus colegas del Gobierno de la necesidad de impulsar políticas concretas que ayuden al fortalecimiento de la industria española, con el objetivo –difícil de conseguir a corto plazo– de que su participación en el PIB alcance el 20%.

Con esta agenda, el ministerio se une a parecidas iniciativas tanto de la Comisión Europea como de otros Gobiernos, como los de EE UU y Francia, en una corriente que parece romper la tendencia decadente de que “una sociedad madura no necesita industria”.

Es obvio recordar que los países con una sólida base industrial han capeado mejor la crisis que los que carecían de ella; que la industria es el sector que genera el empleo de mayor cualificación, con más estabilidad y mejores salarios. Y el sector que cuenta con un efecto dinamizador acreditado, hasta un 60% de creación de empleo indirecto por cada puesto de trabajo en el caso de la nuestra industria, la siderurgia.

Bienvenida sea la intención y felicitaciones al ministro y a su equipo, sobre todo a la secretaria general de Industria, verdadera impulsora y animadora de la agenda.

En particular, hay que agradecer al ministerio la metodología novedosa que ha seguido, ya que, en vez de limitarse a la típica consulta pública por internet, ha realizado una auténtica consulta a todos los agentes interesados, desde las empresas y sus asociaciones hasta los sindicatos, incluyendo al resto de Administraciones públicas, otros ministerios, grupos parlamentarios y comunidades autónomas. Confiamos en que esta nueva metodología se consolide en un hábito saludable del Gobierno para futuros proyectos y nos habría gustado mucho que se hubiera seguido en otros procesos regulatorios recientes y en marcha.

Sin embargo, sorprende la tardanza en presentar el plan –más de dos meses después de su aprobación–, sin que conste que ninguna de las medidas anunciadas se haya puesto en marcha. No es, ciertamente, un inicio muy estimulante.

En el debe de la iniciativa hay que señalar la ausencia de concreción en las medidas, que ni se cuantifican ni se ordenan en el tiempo. Creemos que esa laguna debe ser solucionada cuanto antes. Desde Unesid, habíamos pedido que se limitase el número de medidas y se concentrase en las realmente alcanzables en el corto periodo que resta de legislatura. El Gobierno ha preferido ser más ambicioso en el catálogo, pero excesivamente cauto, por cuanto la falta de concreción, en el alcance y en el calendario, impedirá un seguimiento del cumplimiento de las mismas.

Esperamos que el ministerio procederá ahora a ordenar las medidas, no por líneas de actuación, sino por orden de ejecución, y que profundizará en poner cifras y fechas a las mismas de forma que se puedan establecer verdaderos indicadores de cumplimiento (lo que en la jerga empresarial se conoce como KPI) de las mismas.

Es evidente que no podemos esperar que la bienintencionada medida de aumentar el tamaño de las empresas industriales españolas o la siempre citada reforma de la formación profesional den resultados tangibles a corto plazo. Igual sucede con otras de similar calado, que deben ser consideradas como objetivos a largo plazo, pero hay otras medidas, muchas de ellas de carácter regulatorio y sin impacto presupuestario, que solo exigen –que ya sabemos que no es poco– voluntad e impulso político para llevarse a cabo.

La secretaria general de Industria y el ministro saben que cuentan con el apoyo de toda la industria española, y me atrevo a decir que también de los sindicatos, para avanzar en este camino de implantación gradual de actuaciones y políticas que contribuyan a mantener en primer lugar, y a expandir posteriormente, la base industrial de nuestro país.

Andrés Barceló es director General de UNESID.

Newsletters

Inscríbete para recibir la información económica exclusiva y las noticias financieras más relevantes para ti
¡Apúntate!

Archivado En

_
_