Emitirá un informe sobre las seis que se desviaron en 2013

La Autoridad Fiscal intensificará el control sobre las comunidades incumplidoras

Las regiones deberán acatar las recomendaciones de la Airef

En caso de no hacerlo deberán comunicar en público las razones de su rechazo

El presidente de Airef, José Luis Escrivá, durante la presentación de sus líneas de actuación para este año.
El presidente de Airef, José Luis Escrivá, durante la presentación de sus líneas de actuación para este año.

Este organismo de nueva creación arranca con el difícil propósito de garantizar que todas las administraciones cumplen con los criterios de sostenibilidad presupuestaria y financiero fijados en las leyes nacionales y europeas: un máximo de déficit público del 3% del PIB y de deuda pública del 60%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) velará por el cumplimiento de estas dos reglas, junto a otras de ámbito nacional como la regla anual de gasto público (que fija que siempre sea inferior al crecimiento del PIB a medio plazo) o el factor de sostenibilidad de las pensiones (que liga la evolución de esta partida al de la economía).

Escrivá pondrá la lupa en la creación de sendas de reducción de la deuda “exigentes y fiables”

Y el primer trabajo que se hará público en las próximas semanas será un informe sobre el grado de cumplimiento de los planes de reequilibrio que han presentado las seis comunidades que se desviaron del objetivo de déficit pactado el pasado ejercicio. Fueron Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra, cuyo déficit superó el 1,54% de media. El presidente de Airef, José Luis Escrivá, explicó que el informe incluirá recomendaciones sobre la evolución de los gastos y de los ingresos de cada una de las comunidades. “Las recomendaciones que se incluyan deben ser cumplidas por las Administraciones. O cumplen o tendrán que explicar en público las razones si no lo hacen”, apuntó Escrivá. Este organismo, sin embargo, no tendrá capacidad para sancionar o para activar mecanismos coercitivos contra las administraciones que no cumplan sus recomendaciones. “Todo el proceso, tanto la recomendación como la decisión de la autonomía en caso de rechazo, se revisará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”, remarcó. Este organismo, en el que están representados Hacienda y las comunidades autónomas, sí que tiene competencias para poder sancionar a las comunidades díscolas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria le faculta para suspender competencias normativas sobre tributos cedidos, aprobar acuerdos de no disponibilidad de crédito e incluso constituir un fondo como una especie de reserva en el Banco de España por el 0,2% del valor nominal del PIB autonómico. En última instancia incluso podría decretarse la intervención de la economía, algo que Hacienda descarta por ahora.

El informe del Airef verá la luz en las próximas semanas y fuentes de Hacienda confirman que se celebrará, aún sin fecha fija, un Consejo de Política Fiscal y Financiera a renglón seguido. Por lo tanto, el calendario cuadra para que Hacienda intensifique el control sobre aquellas autonomías que no hayan reconducido sus cuentas públicas.

Solo valorará la reforma fiscal si afecta a los niveles de déficit y deuda públicos

Además de informes, la Airef también se encargará de emitir opiniones, que en ningún caso serán vinculantes. Las dos primeras también se harán públicas este mes sobre cambios en el procedimiento del ciclo presupuestario y el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda. El calendario establece que en la segunda mitad del año emitirá tres informes sobre previsiones macroeconómicas, presupuestos de las distintas administraciones públicas y los mecanismos de corrección previstos en la Ley de Estabilidad. También ofrecerá en esas fechas una opinión sobre cuanto se tienen que revalorizar las pensiones.

Escrivá mostró especial atención por el control de la deuda pública. “Nos preocupa el nivel de deuda. En siete años ha alcanzado un nivel muy alto y eso debe llevar a que las administraciones hagan sendas de reconducción de la deuda pública que sean exigentes, fiables y fáciles de alcanzar”, apuntó. Asimismo apuntó que solo valorará la reforma fiscal si afecta al déficit o la deuda. “La ley no nos habilita a estudiar normativas legislativas”, remarcó.

¿Qué es la Airef y como funciona?

Presidente: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) es un organismo de nueva creación que supervisará las cuentas públicas de todas las administraciones. Estará presidida por José Luis Escrivá, exdirector del servicio de Estudios del BBVA hasta 2010 y posteriormente nombrado directo para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Fue nombrado presidente de Airef en febrero de 2014. Su presidencia durará seis años y no podrá ser renovado en el cargo. Tiene rango de subsecretario de Estado.

Financiación: El organismo arranca con una plantilla de 40 empleados y llegará, según las estimaciones, a 70 en el próximo año. El organismo se financiará, en un primera fase, a través de una tasa anual que se cobrará a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos con presupuestos que superen los 200 millones de euros. El tipo de gravamen aplicable se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado como un porcentaje de la base imponible que permita mantener el equilibrio financiero de las tasas y podrá ser modificado cada año. Posteriormente, tal y como confesó Escrivá, el objetivo es obtener financiación a través de la elaboración de informes para las administraciones.

Transparencia: Los tres principios que regirán la actuación de Airef serán la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas. En este último aspecto, Escrivá resaltó que la ley le obliga a comparecer una vez al año en el Congreso. “Espero que pueda hacerlo más veces”, puntualizó. El organismo será sometido a una auditoría externa dentro de tres años por otros organismo independientes. Asimismo, el presidente de Airef avanzó que se harán públicas las metodologías que usan para la confección de sus análisis, con el fin de “limitar la discrecionalidad de los criterios utilizados en sus recomendaciones”.