Denuncian la “pasividad” de las Administraciones para regularlas

Los hoteleros se rebelan contra las viviendas de uso turístico irregular

Alertan que la oferta irregular ya supera a la reglada en España

Denuncian la pasividad de las Administraciones para controlar la oferta "ilegal"

Un cliente en la recepción de un hotel en Madrid
Un cliente en la recepción de un hotel en Madrid

El caso Uber, la empresa que pone en contacto a particulares que tienen un coche y a aquellos que necesitan hacer un viaje, puso en pie de guerra a los taxistas, que incluso llegaron a hacer una huelga general por un día en Madrid y Barcelona para reclamar al Ejecutivo que pusiera coto a este tipo de plataformas. Esas mismas reivindicaciones fueron planteadas por la industria turística, representada por la patronal hotelera Cehat y otras diez patronales provinciales y municipales, que presentaron un manifiesto contra la economía sumergida y la actividad económica ilegal en el alojamiento turístico español.

Sin embargo, el presidente de Cehat, Juan Molas, quiso separar un caso y el otro. “No pretendemos impedir el alquiler de viviendas particulares, pero sí queremos que todos los actores jueguen con las mismas reglas”, señaló evidenciando el malestar de la industria hotelera, que ha visto como el número de camas irregulares (dos millones, según sus últimas estimaciones) supera ya con creces a las camas oficiales (1,4 millones, según el INE). Y en este aumento desmedido de las plazas irregulares ha desempeñado un papel fundamental la proliferación de plataformas por internet, que nacieron dentro de la economía colaborativa (solo intermediaban entre oferta y demanda). “Ya han empezado a cobrar comisiones a propietarios y arrendatarios y se han convertido en actividades económicas, al margen de la ley, que hacen perder millones de reservas a los hoteles”, apuntó Ramón Estalella, secretario general de Cehat. Y el segmento más afectado, según el estudio dirigido por la patronal hotelera, se concentra entre aquellos hogares que están dispuestos a pagar entre 50 y 250 euros por cada día de vacaciones.

"No vale todo para superar los 63 millones de turistas"

El malestar de las empresas, sin embargo, no solo se concentra en las plataformas por internet, sino que se extiende a las distintas administraciones públicas. “Queremos denunciar la inseguridad que genera la falta de regulación a las comunidades de vecinos, la gran cantidad de dinero que se pierde con la economía sumergida y el empleo ilegal que se genera, además de la degradación de la imagen que está sufriendo España como destino turístico de referencia”, apuntó Molas. En su opinión, las citadas plataformas están gozando de una permisividad por parte de las Administraciones Públicas que les permite operar en vacíos legales. “Estamos ante una oferta de fraude. No todo vale para volver a superar los 60 millones de turistas. No todas las decisiones se pueden tomar en clave electoral. Hay una permisividad y una actitud de connivencia con la economía sumergida que tiene unos efectos letales sobre los 16.000 hoteles, pensiones, campings y albergues regulados en España”, señaló Molas

Y en la proliferación de la oferta irregular, según denunciaron los hoteleros, está teniendo un protagonismo cada vez mayor el aumento de los extranjeros en la compra de casas en España. “Ya suponen el 22% de las operaciones de compraventa y detrás hay muchas empresas que están comprando casas para posteriormente alquilarlas”, remarcó Molas, quién destacó que el sector genera 268.000 empleos directos y otros 300.000 de forma indirecta (uno por cada cinco plazas legales).

Una actividad y un empleo que se pueden ver comprometidos si no se controla la oferta irregular. “Hay muchas empresas que se están replanteando inversiones, pese a que la llegada de turistas siga creciendo, por este aumento incontrolado de la oferta no reglada que está afectando a sus cuentas de explotación”, concluyó.

Cataluña impone una sanción de 30.000 euros

Cataluña fue pionera a la hora de acotar la oferta de vivienda de uso turístico ilegal. En 2012 lanzó una campaña informativa a ayuntamientos y empresas, informando a todos los establecimientos que deberían darse de alta en un registro y pagar la tasa turística que se cobra en Cataluña, que oscila entre los 0,75 euros y los 2,5 euros por pernoctación en función de la categoría del establecimiento.

En un año se logró regularizar 25.690 viviendas de uso turístico que representan 153.055 plazas. Sin embargo, un informe del gobierno autonómico reconoce que el proceso apenas ha comenzado y que puede haber otro medio millón de plazas más sin regularizar. Los que no lo hagan se exponen a sanciones y las empresas que las publiciten en Internet se exponen a su cierre.

Una advertencia que no ha caído en saco roto como muestra la multa de 30.000 euros al portal de Internet Airbnb. La Generalitat constató que intermediaba entre turistas y propietarios de viviendas que no están en el registro y que ofrece habitaciones en domicilios particulares, algo prohibido por la normativa catalana. En caso de que no retire las casas no habilitadas para ser alquiladas, la Generalitat se plantea impedir que se pueda acceder a la plataforma desde Cataluña.