Elpidio Silva es juzgado hoy de nuevo por el 'caso Blesa'
El juez Elpidio José Silva se volverá a sentar hoy en el banquillo de los acusados por haber prevaricado presuntamente cuando investigó al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a prisión.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) repetirá el juicio después de que la anterior vista tuviera que ser suspendida por la recusación de la magistrada María Tardón. Silva solicitó que fuera apartada del tribunal por haber integrado la Asamblea General de Caja Madrid.
En esta ocasión, el tribunal estará formado por los magistrados José de la Mata, Eduardo Urbano y el presidente Arturo Beltrán. La Sala rechazó la petición del acusado de que estos dos últimos jueces se abstuvieran por haber participado en la vista anterior.
El juez Silva, en excedencia y ahora abogado en ejercicio, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.
La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.
El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.
Blesa pedía inicialmente también tres años de inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal. ACOMPAÑADO DE UN NUEVO ABOGADO
El líder de Movimiento Red ha estado representado en este proceso por un nuevo abogado, Gonzalo Boyé, tras renunciar a la defensa de su anterior letrado, Cándido Conde-Pumpido Varela. En el juicio se escuchará a una veintena de testigos, entre testitos, peritos de KPMG, guardias civiles y el propio Blesa.
En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Silva dictó resoluciones “frontalmente contrarias a Derecho”, arbitrarias y carentes “por completo” de motivación durante su instrucción sobre el crédito de 26,6 millones de euros al ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.
Según el Ministerio Público, cercenó “de manera sistemática” el derecho de defensa de los recurrentes al no resolver oportunamente sus recursos y “despertó en el momento propicio” la causa contra Blesa por el banco de Florida. Todo ello tras “diseñar una estrategia de ampliación durmiente” de la denuncia de Manos Limpias, que no estaba personada y cuyo escrito debía ser enviado a reparto.
En este sentido, encarceló en dos ocasiones al expresidente de la caja madrileña “a instancias de una acusación que no tenía condición de parte” y de forma “absolutamente irregular y contaria a cualquier interpretación posible en Derecho”. El fiscal entiende que no existía riesgo de destrucción de pruebas para decretar su prisión sin fianza, después de que hubiera abonado ya los 2,5 millones que impuso en el primer encarcelamiento.
El juez Elpidio José Silva se volverá a sentar hoy en el banquillo de los acusados por haber prevaricado presuntamente cuando investigó al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, a quien envió en dos ocasiones a prisión.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) repetirá el juicio después de que la anterior vista tuviera que ser suspendida por la recusación de la magistrada María Tardón. Silva solicitó que fuera apartada del tribunal por haber integrado la Asamblea General de Caja Madrid.
En esta ocasión, el tribunal estará formado por los magistrados José de la Mata, Eduardo Urbano y el presidente Arturo Beltrán. La Sala rechazó la petición del acusado de que estos dos últimos jueces se abstuvieran por haber participado en la vista anterior.
El juez Silva, en excedencia y ahora abogado en ejercicio, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa.
La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.
El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.
Blesa pedía inicialmente también tres años de inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal. ACOMPAÑADO DE UN NUEVO ABOGADO
El líder de Movimiento Red ha estado representado en este proceso por un nuevo abogado, Gonzalo Boyé, tras renunciar a la defensa de su anterior letrado, Cándido Conde-Pumpido Varela. En el juicio se escuchará a una veintena de testigos, entre testitos, peritos de KPMG, guardias civiles y el propio Blesa.
En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Silva dictó resoluciones “frontalmente contrarias a Derecho”, arbitrarias y carentes “por completo” de motivación durante su instrucción sobre el crédito de 26,6 millones de euros al ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid.
Según el Ministerio Público, cercenó “de manera sistemática” el derecho de defensa de los recurrentes al no resolver oportunamente sus recursos y “despertó en el momento propicio” la causa contra Blesa por el banco de Florida. Todo ello tras “diseñar una estrategia de ampliación durmiente” de la denuncia de Manos Limpias, que no estaba personada y cuyo escrito debía ser enviado a reparto.
En este sentido, encarceló en dos ocasiones al expresidente de la caja madrileña “a instancias de una acusación que no tenía condición de parte” y de forma “absolutamente irregular y contaria a cualquier interpretación posible en Derecho”. El fiscal entiende que no existía riesgo de destrucción de pruebas para decretar su prisión sin fianza, después de que hubiera abonado ya los 2,5 millones que impuso en el primer encarcelamiento.