El mantenimiento del tipo al 30% garantiza los créditos fiscales del sector

La banca salva un impacto de 6.400 millones con la reforma tributaria

Eliminar el límite de 18 años para utilizar los DTA beneficia al sector y protege el aval estatal

El presidente de la AEB, José María Roldán.
El presidente de la AEB, José María Roldán.

La rebaja del impuesto de sociedades que ha diseñado el Gobierno, que pasará de un tipo del 30% a uno del 28% el año que viene para reducirse al 25% desde 2016, ha dejado fuera al sector financiero. La banca seguirá pagando el mismo tipo que hasta ahora. “Mantenerles el tipo en el 30% compensa de alguna forma esta asistencia”, justificaba la medida el lunes el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, en referencia a las ayudas y avales otorgados a un sector que “se ha visto bien tratado”, valoró, durante la crisis.

Paradójicamente, este argumento y el doble rasero que supone frente a otras grandes sociedades ha sido asimilado sin aspavientos por la banca y ni si quiera aquellos instalados en el discurso de que han sido las cajas, y no los bancos, quienes han requerido ayudas públicas, han reclamado un trato diferencial. La explicación es que la medida resulta más positiva que perjudicial para el sector.

Así lo entienden desde el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que hablan de un “nuevo apoyo gubernamental a la banca” en el diseño de la reforma tributaria. La clave reside en los créditos fiscales (DTA, por sus siglas en inglés), los derechos a pagar menos impuestos en el futuro a los que las empresas tienen derecho por las pérdidas sufridas o las dotaciones realizadas en el pasado. Si el tipo hubiera bajado del 30% al 25%, las deducciones potenciales de la banca se hubiera reducido sensiblemente.

Los técnicos de Hacienda estiman, concretamente, que teniendo en cuenta las bases imponibles negativas con que contaba el sector al cierre de 2011, “bajar el gravamen provocaría un deterioro de los activos de las entidades financieras de casi 6.400 millones”. Dado el esfuerzo en provisiones y los malos resultados de los últimos años, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, asume que la cifra actual sería en realidad aún mayor.

El impacto potencial no era menor teniendo en cuenta que estos derechos computan en el capital de la banca. Aunque la nueva regulación financiera Basilea III no lo permite, el Gobierno ya avaló con 30.000 millones de deuda pública buena parte de los DTA del sector a finales del año pasado para asegurar que sigan reforzando su solvencia.

El hecho de que los créditos fiscales no se hayan visto mermados con una bajada del tipo y el fin del límite de 18 años que se daba a las sociedades para deducirse impuestos por ellos –tras la reforma podrán hacerlo indefinidamente– no solo beneficia a la banca sino que protege al Estado de terminar compensando con deuda pública a las entidades por dicho aval.

“Entendemos que la reforma fiscal es adecuada a las actuales circunstancias del sector bancario, en tanto que preserva la neutralidad, el equilibrio competitivo y la estabilidad financiera, especialmente importantes estos momentos en que el sistema financiero europeo afronta las pruebas de solvencia de las autoridades europeas, previas a la entrada en vigor del BCE como supervisor bancario único”, argumentaba ayer un portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), donde reconocen que lo positivo de la norma es el impacto neutro que tiene sobre los créditos fiscales. Los técnicos de Hacienda remarcan que este beneficio es mayor que una rebaja impositiva, teniendo en cuenta además que el tipo efectivo que paga realmente la banca es del 8,5%.

Las entidades más beneficiadas

Una reducción del tipo de interés que paga la banca, con la consecuente rebaja del volumen de créditos fiscales (DTA, por su siglas en inglés) computables, hubiera tenido probablemente a Bankia como principal perjudicada. La entidad, según reza el informe anual de 2013, contaba a cierre del pasado año con 5.249,148 millones de euros en activos por impuesto diferido. La entidad avanzaba que aspira a aprovecharlos generando los beneficios necesarios como para deducírselos de los impuestos correspondientes pero recordaba que el aval estatal garantizaba su cómputo si no lo lograba en los próximos 18 años, puesto que serán monetizados en forma de deuda pública si resulta necesario. Una pérdida en estos derechos hubiera puesto en peligro la solvencia de la entidad implicando previsiblemente al Estado en la recapitalización de la nacionalizada. Ahora, por contra, la entidad no tendrá ni siquiera ese límite de 18 años para aprovechar estos DTA. Aunque en menor medida, puesto que el volumen de provisiones y pérdidas acumulado que les da derecho a generar estos DTA es menor, otro tanto ocurre con el resto de entidades participadas por el FROB. El golpe, sin embargo, habría sido prácticamente generalizado para el sector financiero que, según los cálculos presentados por el Ministerio de Economía, acumulaba unos 50.000 millones de euros en créditos fiscales el pasado año. Así, Santander cuenta con 5.400 millones, CaixaBank, con 4.985 millones; Sabadell, con 4.790 millones, o BBVA, con 4.370 millones.