_
_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Cultura de integridad contra la corrupción

En España, un país con poco más de 4.000 jueces hay 6.300 casos de corrupción instruidos. Estimaciones de un coste de más de 7.000 millones de euros producidos por los principales casos de corrupción en España desde el año 2000. Resulta obvio que los casos de corrupción en todo tipo de organizaciones (públicas, privadas o sin ánimo de lucro) son una de las mayores preocupaciones sociales y una de las principales causas de la falta de confianza en nuestro país y su economía.

Sólo es necesario revisar los datos del último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que revela que la corrupción volvía a sus cotas más altas, manteniéndose como segundo problema para los ciudadanos. Así lo citaban el 44,2% de los españoles, tras el paro (81,1%).

Tampoco podemos estar orgullosos del puesto que ocupa España en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de Transparencia Internacional. No estamos a la altura de ser la 13 economía sino que bajamos al puesto 40 (sobre 177 países) en percepción de corrupción.

¿Estamos haciendo algo para luchar contra la corrupción? Podemos decir que España está adoptando tímidamente y de forma paulatina las expectativas y leyes internacionales en lucha contra la corrupción en las prácticas empresariales. Tras la introducción de la responsabilidad penal de las empresas en 2010, ahora un proyecto de Ley pondrá en marcha la reforma que veremos si contribuye a fomentar un cambio cultural o simplemente avanza en una nueva generación de burocracia, una aplicación meramente formal del artículo 31 bis del Código Penal. El proyecto de Ley requiere que se adopten modelos de cumplimiento interno (compliance en la jerga empresarial). Para ello las empresas se deberían estar preparando para mantener un sólido programa de cumplimiento con el objetivo de prevenir, detectar y minimizar los riesgos relacionados con la corrupción en conformidad con los estándares nacionales e internacionales. A esta iniciativa se suman otras de promoción de la transparencia como la propia Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de diciembre de 2013 o el actual proceso que desembocará en el nuevo Código Unificado de Buen Gobierno de la CNMV. Sin embargo, la presión por la transparencia crece a nivel internacional. El Departamento de Justicia de EE UU está fomentando el cumplimiento de la Ley sobre prácticas corruptas en el extranjero (FCPA son sus siglas en inglés) a escala mundial, aplicable a empresas no estadounidenses que operen en cualquier país del mundo. Hasta ahora los 10 casos de corrupción más grandes han supuesto penas superiores a los 3.500 millones de dólares, debido a esta Ley. No se queda atrás el esfuerzo del Gobierno británico desde que en julio de 2011 entrara en vigor la UK Bribery Act, para muchos más exigente que la FCPA americana.

Somos todos conscientes de que España necesita trabajar más el ámbito de la lucha contra la corrupción. Es un aspecto de ética, pero también de marca, de eficiencia y de atracción de inversión. Datos recogidos en el estudio de Forética El valor de la transparencia, indican que las economías con mayor nivel de transparencia de sus instituciones crecerán un 12% más que el resto de las economías avanzadas en el periodo 2012-2017. Además, los niveles de transparencia afectan directamente a la prima de riesgo de los países. Hay que superar el tabú de la corrupción, reconocer que es una realidad y afrontarlo con coraje, y demostrar que se puede luchar y minimizar su impacto cuanto menos. Obviamente la magnitud del reto es grande y por ello cada uno debemos actuar en nuestro ámbito de influencia. En el caso de las empresas necesitamos ejemplos que pueden inspirar la agenda anticorrupción construyendo buenos sistemas de compliance y en definitiva de gestión ética. Empresas capaces de formar a sus equipos generando culturas internas alineadas con el cumplimiento y la integridad y empleados comprometidos con las exigencias más altas. Departamentos eficaces con las competencias necesarias para convertir los programas de integridad en una fortaleza (y no una carga), siendo proactivos a la hora de detectar y enfrentarse a los riesgos empresariales e implicando a la dirección y al consejo.

Una organización que cree en la ética es una organización excelente, que no sólo hace lo correcto, sino que tiene mecanismos de diálogo y de información para que sus grupos de interés valoren su comportamiento. Como decía Peter F. Drucker: “Dirigir es hacer las cosas adecuadamente; liderar es hacer las cosas adecuadas”.

Germán Granda es director general de Forética.

Archivado En

_
_