La evasión fiscal, asunto de gobierno
La Comisión Europea está utilizando el método adecuado para poner freno a la evasión fiscal de las multinacionales que operan en su jurisdicción –señalar a los gobiernos como principales culpables–. Bruselas lanzó esta semana una investigación sobre las facturas de impuestos sorprendentemente bajas de Apple, Starbucks y Fiat. Sin embargo, los sujetos de la investigación son, respectivamente, Irlanda, los Países Bajos y Luxemburgo. La CE quiere evaluar si las regulaciones fiscales favorables de los gobiernos de estos países fueron ayudas estatales ilegales.
Los miembros de la comisión se están manteniendo apartados del debate sobre las divergentes tasas de impuestos de sociedades entre los estados miembros, que ha enfrentado a los gobiernos que están a favor de armonizarlos contra los partidarios de la libre competencia. No es probable que este problema de gran carga política se resuelva pronto. Por ahora, predominan los defensores de la competencia.
Bruselas se centrará en su lugar en si los países han definido la base imponible –la cantidad de beneficios sobre la que se pagarán los impuestos– de una manera que podría considerarse como una subvención ilegal a las empresas citadas. Para llevar a cabo sus respectivas leyes fiscales, los gobiernos tienen un margen a la hora de prescribir, para casos individuales, sobre qué en concreto debería estar o no gravado. Las disposiciones fiscales que emiten en casos específicos se encuentran en el centro de la investigación de la CE.
Las sanciones definitivas recaerían sobre los gobiernos, no sobre Apple, Starbucks o Fiat
Las sanciones definitivas recaerían sobre los gobiernos. No está claro que Apple, Starbucks o Fiat se verán afectados en absoluto. Bruselas podría determinar que no eran conscientes de que estaban recibiendo apoyo estatal ilegal cuando se emitieron las resoluciones fiscales.
No hay duda de que la Unión Europea está dispuesta a llenar las lagunas jurídicas que permiten a las empresas más grandes hacer compras en el mejor paraíso fiscal. La mayoría de los Estados miembros quiere poner freno a los precios de transferencia –los utilizados para valorar las transacciones de bienes y servicios de un país a otro dentro de la misma empresa–. Pero el mensaje de Bruselas a los gobiernos es claro: si no les gusta la evasión fiscal, hay que empezar a comportarse.