España lanza una ofensiva para que las empresas emitan deuda en el país
Empresas y bancos españoles pueden vender deuda desde 2013. Pero casi la mitad de los más de 136.000 millones de euros emitidos desde entonces cotizan en Bolsas extranjeras. La CNMV, Economía y BME están en plena campaña para conseguir que España saque partido del ‘boom’ de la deuda.
España y su industria financiera no están sacando todo el partido que podrían del boom de las emisiones de renta fija. Los bancos, los despachos de abogados y la Bolsa nacionales están perdiendo comba en un negocio que ha vuelto a la vida después de varios años de pertinaz sequía.
Desde comienzos de 2013 empresas y bancos han vendido desde que se despejó definitivamente el horizonte para la renta fija de marca española más de 61.000 millones de euros fuera de España y unos 75.000 en el país, según datos recopilados por BME y Dealogic.
Las 18 compañías que se han debutado en el mercado de deuda –la última ha sido Aldesa–han vendido más de 9.000 millones de euros en bonos que cotizan en Bolsas extranjeras. Los parqués que han atraído más dinero son Luxemburgo con el 40,8% del importe, seguido de Dublín (19,8%) y Londres (18,5%).
El Ministerio de Economía, con Fernando Jiménez Latorre a la cabeza, la Comisión Nacional del Mercado de Valores con Elvira Rodríguez como gran impulsora y Bolsas y Mercados Españoles (BME) están en plena campaña para convencer a las empresas financieras –los bancos son más proclives a realizar las emisiones aquí– de que emitir en España es más ventajoso que salir fuera.
La jefa del supervisor de los mercados ha tomado este tema como una batalla personal y está desplegando todas las estrategias para que sea aquí donde las compañías salgan a financiarse. “Perseguimos, entre otros objetivos, potenciar el mercado español como plataforma atractiva para que las empresas realicen sus emisiones con todas las garantías jurídicas, pero con la mayor agilidad posible”, ha asegurado en el Congreso.
Desde el año pasado, la CNMV no realiza ninguna supervisión previa a la venta de valores entre inversores institucionales; es decir, en línea con el resto de supervisores europeos, da plena libertad al emisor para su comercialización. Además, el folleto de admisión a negociación tendrá lugar en un plazo máximo de cinco días. La Caixa ha sido pionera al emitir bonos en España bajo leyes británicas y con el folleto en inglés. Adif, que es una empresa pública, emitirá en España, tras haberse estrenado en Dublín. Economía y la CNMV han sido cruciales en esta decisión, y continúan haciendo proselitismo con otros potenciales emisores privados que barajan financiarse con deuda en lugar de con crédito bancario. El ICO es otro de los emisores que prefiere emitir fuera. También desde BME están haciendo esfuerzos para concienciar a las empresas de las ventajas de cotizar aquí. El precio no es un problema. Las tasas de la CNMV, y más después de que se haya aprobado la reforma de la ley que las regula, están en línea con las del resto de los países. Lo mismo ocurre con las tarifas que cobra BME en las emisiones de renta fija, que aplica un 0,015 por mil sobre el nominal de los valores.
Los argumentos utilizados para salir al extranjero
La deslocalización de las emisiones de renta fija es un hecho, pero, según un informe elaborado por la industria financiera española, los argumentos que se esgrimen para explicarla carecen de fundamento. Son cinco. Primero, la rapidez, la facilidad y previsibilidad del proceso de emisión. Desde que la CNMV tomó medidas para agilizar la aprobación de los folletos de admisión y la no supervisa previamente la emisión, este argumento ha dejado de tener validez. Segundo, la ley que ampara a los valores y el idioma de la documentación. Otro problema solventado por el supervisor y que ha quedado patente tras la emisión de La Caixa con un folleto en inglés y bajo ley británica. Tercero, la fiscalidad. Es un mito, pues no existe discriminación fiscal en función de la residencia del inversor. En la práctica, los rendimientos obtenidos por inversores no residentes no están sujetos a tributación o retención en España. Los extranjeros tendrán que tributar en sus respectivos países con sus respectivas normas. El cuarto argumento es la demanda. Es cierto que las emisiones de alto rendimientos colocan esencialmente entre extranjeros, pero desde antes de la crisis deuda por unos 450.000 millones se listaron en España y prácticamente el 100% del volumen se colocó entre extranjeros. Quinto, los costes. El informe asegura que son equiparables en todos los mercados y no solo eso, sino que las tarifas de los asesores legales foráneos son significativamente más caras que las de los españoles.
Las más pequeñas podrán acudir al MARF
Un problema del mercado de renta fija dirigido a pymes (MARF), lanzado el año pasado por BME, es la liquidez de las emisiones. Fuentes financieras calculan que la emisión mínima en el nuevo mercado asciende a 20 millones de euros. Este el importe necesario para asegurar el interés por parte de los inversores, que requieren que la emisión goce de una mínima liquidez (a mayor emisión mayor liquidez), y además sea lo suficientemente grande para diluir los costes fijos de estructuración de la misma.
La ley de fomento de la financiación empresarial amplía la posibilidad de vender deuda en el MARF a sociedades limitadas, que hasta ahora no podían emitir deuda. Estas sociedades, por lo general de menor tamaño que las anónimas, tendrán la oportunidad de emitir deuda de forma conjunta. Lo más parecido serían las cédulas multicedentes, emitidas por diversas entidades financieras. Antes de que estallara la crisis, esta era la fórmula más utilizada por parte de las cajas de ahorros para emitir este tipo de instrumento financiero.
Para emitir en el MARF, BME cobra por estudio de la documentación de pagarés el 0,025 por 1.000 sobre saldo máximo de emisión, con un mínimo de 2.000 y un máximo de 20.000 euros. Para valores con vencimiento superior a un año, el mínimo sube a 3.000 euros con el mismo máximo. En caso de que la empresa quiera emitir deuda a corto (pagarés) y a medio plazo tendría que abonar hasta 40.000 euros. Además, tiene que abonar la tarifa de incorporación, fijada en el 0,005 por 1.000 para títulos con vencimiento de hasta 12 meses, con un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 20.000. Si también emite valores a más de ese plazo, el precio será de 0,025 por 1.000, con un máximo de 20.000. En el peor de los casos, el coste máximo por empresa se situaría en los 80.000 euros.