El Parlamento europeo cierra el círculo de la unión bancaria

Interior de la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy, en su última sesión de la legislatura, las piezas que completarán la ansiada unión bancaria, un corpus normativo diseñado para atajar con mayor velocidad, eficacia y seguridad jurídica cualquier problema de solvencia de una entidad financiera europea, y así evitar que su desplome se contagie a la salud del conjunto de la eurozona.

Cuando faltan pocas semanas para que se cumplan siete años desde la caída del banco alemán IKB –primera víctima europea de la crisis financiera internacional–, los eurodiputados han ratificado las tres normas pendientes para completar la unión bancaria: el mecanismo único de liquidación de bancos en crisis y el fondo de 55.000 millones para financiar quiebras y reestructuraciones; la directiva que obligará a los accionistas y acreedores –incluidos bonistas sénior y grandes depositantes–, a asumir pérdidas en futuras crisis; y la norma que refuerza los sistemas nacionales de garantía de depósitos.

La Eurocámara aprobó ya en septiembre del año pasado el primer pilar de la unión bancaria, la creación de un supervisor único. La tarea ha sido encomendada al Banco Central Europeo (BCE), que la asumirá en noviembre tras realizar una nueva prueba de solvencia a los grandes bancos de la eurozona.

El proyecto de unión bancaria se lanzó en junio de 2012, en pleno epicentro de la crisis de deuda y en paralelo al rescate bancario de España. Su objetivo es romper el vínculo entre deuda bancaria y deuda soberana y lograr que sean los propios bancos y no los contribuyentes los que paguen la factura de futuras crisis. Los líderes europeos esperan que la unión bancaria acabe con la fragmentación financiera de la eurozona y permita que las empresas paguen un mismo tipo de interés, independientemente de que sean españolas.

1. Mecanismo y fondo de resolución

Los representantes del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión alcanzaron el acuerdo definitivo sobre el Mecanismo Único de Resolución (MUR) el pasado 20 de marzo. Después de 16 horas de dura negociación, y tras arrancar a duras penas el visto bueno de Alemania, las instituciones comunitarias acordaron la creación de un fondo de resolución que costearán las propias entidades financieras europeas. Este fondo dispondrá de 55.000 millones de euros para actuar (el equivalente al 1% de los depósitos garantizados).

Por imposición alemana, el fondo no será común desde el primer día, sino que nacerá compartimentado por países y no se fusionará por completo hasta ocho años después de su creación, es decir en 2023. El sector bancario europeo deberá aportar 6.875 millones de euros anualmente, entre 2015 y 2023, para dotar de medios al fondo de resolución.

Alemania también ha impuesto que sean los Gobiernos y no la Comisión los que tengan la última palabra sobre el cierre de un banco, y ha vetado que el fondo cuente con el aval del mecanismo europeo de estabilidad (MEDE).

En la recta final de las negociaciones, la Eurocámara ha logrado acortar de 10 a 8 años el periodo de creación de este fondo. Además, se acelera el ritmo de mutualización al principio del proceso, hasta alcanzar el 70% en los tres primeros años (40% el primer año, 20% el segundo y cerca del 10% el tercero).

En los próximos meses, Bruselas debe proponer un método para calcular cuánto deberá aportar cada banco, lo que dependerá de su perfil de riesgo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que la banca española aportará entre el 12% y el 13% de los 55.000 millones de euros. El fondo empezará a constituirse en 2015 pero solo podrá usarse a partir de 2016.

2. Reparto de la carga de los rescates bancarios

Otra de las piezas claves de la unión bancaria que ayer aprobó el Parlamento europeo fue la directiva de resolución y reestructuración de entidades financieras, una exhaustiva guía que establece quien debe hacerse cargo de la factura de las quiebras bancarias y fija el proceso que debe seguirse, con el objetivo último de evitar que los contribuyentes tengan que hacerse cargo de la factura.

Con la aprobación de esta normativa, se instaura por primera vez el principio de bail-in, esto es, que sean los accionistas, bonistas sénior, los preferentistas y los propietarios de grandes depósitos quienes tengan que cubrir los agujeros que se descubran en sus respectivas entidades financieras. “Así serán los propietarios de los bancos, y no los contribuyentes, quienes tengan que pagar por los errores de gestión”, explica la comisión de Mercado de Interior en un comunicado.

3. Depósitos garantizados

3La presión de Alemania también ha provocado que se retrase indefinidamente la creación de un sistema europeo común de garantía de depósitos, que iba a ser el tercer pilar de la unión bancaria. En su lugar, la Eurocámara ha aprobado una directiva que refuerza los sistemas nacionales de garantía de depósitos de hasta 100.000 euros, y cuya única novedad es reducir de 20 a 7 días el plazo de pago a los clientes en caso de quiebra. La norma entrará en vigor a mediados de 2015.