Elogios a la nueva Ley Concursal como medio para evitar quiebras

Los expertos auguran que la banca no capitalizará deuda de forma masiva

El negocio de las entidades es conceder crédito y no gestionar compañías

Los analistas apuestan por procesos más cortos y sencillos

Imagen de archivo de un registro mercantil de Madrid.
Imagen de archivo de un registro mercantil de Madrid.

Pocas veces una reforma legal de calado, como la que plantea el real decreto-ley relativo a la legislación concursal recientemente aprobado por el Gobierno, genera tantas reacciones positivas. Tal y como había denunciado Bruselas, la normativa española carecía de los instrumentos necesarios para facilitar a las empresas una segunda oportunidad. De hecho, las cifras eran demoledoras: más del 90% de las compañías que entraban en concurso de acreedores acababan desapareciendo.

El pasado 8 de marzo, el BOE publicó el real decreto-ley que modifica aspectos sustanciales de la Ley Concursal que, como objetivo general, fomenta y flexibiliza la posibilidad de suscribir acuerdos de refinanciación para evitar tener que llegar al concurso de acreedores y, con ello, a la quiebra o liquidación de la compañía.

Coto a las minorías

Registradores, despachos de abogados, consultoras y auditoras han valorado positivamente la práctica totalidad de las novedades que incluye dicho real decreto-ley porque fundamentalmente trata de hacer mucho más ágil y simple un proceso normalmente demasiado tedioso. Entre las nuevas medidas, destacan la eliminación de tener que presentar un informe de un experto independiente que argumente sobre la razonabilidad del plan de viabilidad, o el establecimiento de las nuevas mayorías del pasivo que serán necesarias para suscribir el acuerdo de refinanciación.

Además, aplauden que el nuevo marco legal contemple esperas de 10 años, la posibilidad de establecer quitas, la conversión de deuda en capital o la formalización de préstamos participativos y la aceptación de daciones en pago.

En este asunto, será determinante la comunicación que debe tener lista el Banco de España antes del próximo 9 de abril, en la que determinará cómo han de provisionar los bancos la deuda resultante de esos procesos de capitalización.

A este respecto, la mayoría de los expertos consultados coinciden en que no creen que la banca vaya a capitalizar deuda de las empresas de manera masiva, ya que su negocio se basa en conceder financiación y no en participar en la gestión de las compañías. “La capitalización de deuda es una de las vías que abre el real decreto-ley, no obstante, no es la única ni mucho menos, por lo que su utilización dependerá de otros factores tales como la capacidad de repago futura de la deuda, o los niveles de apalancamiento de las compañías”, aseguró ayer el socio del Área de Reestructuraciones de KPMG, Jesús García.

“Los cambios introducidos facilitan a las partes nuevas herramientas para la refinanciación, potenciando que deudores y acreedores no den por perdidas compañías que son viables operativamente, pero que tienen un problema de apalancamiento, lo cual es muy positivo”, añadió.

Cómo serán los procesos del futuro

Quizás la única incertidumbre que hoy por hoy nadie se atreve a contestar es qué hubiera ocurrido si esta reforma legislativa se hubiera aprobado antes. ¿Se habrían podido salvar algunas de las quiebras más sonadas de la economía española? El Gobierno defiende que este es el momento adecuado para sacar adelante los cambios porque el saneamiento del sector financiero está prácticamente concluido y los expertos solo se atreven a asegurar que sí, que muchas insolvencias se habrían evitado. De cara a futuro, el panorama es más prometedor. Todos los expertos coinciden en que las negociaciones de una posible refinanciación serán más ágiles, cortas y se reducirá la litigiosidad que suele ir aparejada a estos procesos. Todo un ahorro de tiempo y dinero.