El expresidente de la CMT recurre al Supremo su cese tras crearse la CNMC
Alegan que no se ha respetado su mandato de seis años En su misma situación están la mayoría de miembros de la CNE y la CNC
El expresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Bernardo Lorenzo, y el exconsejero de este organismo extinto, Xabier Ormaetxea, han presentado sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribubal Supremo contra su cese el pasado mes de septiembre. Aunque ambos habían sido nombrados en marzo de 2011 por un mandato que la ley fija en seis años, tras la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el 4 de octubre, que supuso la constitución de un nuevo consejo de administración con 10 nuevos miembros, el Gobierno no respetó el mandato y fueron destituidos.
La CNMC es el resultado de la fusión de los antiguos organismos reguladores sectoriales (además de la CMT, la Comisión Nacional de la Energía, o CNE, y la Comisión Nacional del Sector Postal) y de la autoridad de la Competencia (CNC).
El recurso fue presentado el pasado 15 de diciembre, fecha en que terminaba el plazo legal para recurrir, y en ella los denunciantes consideran su cese “un fraude de ley”, pues, aunque la CNMCes un organismo de nueva creación, “se debía haber respetado a todos los consejeros de los reguladores fusionados que no hubiesen terminado el mandato, algo que la normativa deja bien claro”, indican fuentes jurídicas. También la Comisión Europea se ha manifestado en varias ocasiones en contra de estas salidas.
En este sentido, de dar la razón a los demandantes, el Tribunal Supremo podría exigir o la restitución en el puesto de los afectados o una indemnización por los años que faltan hasta cumplirse los mandato, unos cuatro años.
Una tercera consejera de la CMT, Marta Plana, estaba en igual situación que Lorenzo y Ormaetxea, si bien, esta dimitó antes de que se produjera su cese. También fueron destituidos antes del fin de su mandato todos los miembros del consejo de administración de la CNE, excepto los representantes del PNV, Idoia Zenarruzabieta, exvicelendakari, y de CiU, Josep María Guinart, que son los únicos que se han incoporado al nuevo organismo que preside José María Marín. Guinart, exalcalde de L’Escada, fue uno de los más combativos contra una hipotética expulsión del consejo.
En total, quedaron fuera el presidente del regulador energético, Alberto Lafuente, y los consejeros Joan Batalla, Tomas Gómez, Marina Serrano y Teresa Baquedano, todos ellos nombrados en 2011, unos meses antes del cambio de Gobierno. Ya entonces, el portavoz de Economía del PP, a la sazón Cristóbal Montoro advirtió a quienes aceptaron dichos cargos, pues la intención de su partido, de llegar al poder, era eliminar los organismos.
Tembién tuvieron que abandonar sus cargos antes de tiempo la mayoría de los iembros del consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), pesidida en el momento de su extinción por Joaquín García Bernaldo de Quirós, que habían tomado posesión de su cargo también en el año 2011. Y lo mismo ocurrió con un organismo mucho menos conocido, la Comisión del Sector Postal, cinco de cuyos miembros salieron del consejo.
En este caso, el presidente en funciones, Ángel Chamorro, fue rescatado para una de las tres direcciones de instrucción de la CNMC, la de Transporte y Sector Postal (las otras dos son las de Energía y Telecomunicaciones). Algunos de ellos confían en que la Comisión Europea aún pueda abrir un expediente a España por
En el caso de los consejeros a los que se había agotado hacía tiempo su mandato en la CMT, algunos han estudiado posibles recursos, por considerar que su cese se produjo con carácter retroactivo, pero finalmente han desistido ante la certeza que no ganarían el jucio.
La CE estudia el relevo en los reguladores españoles
La Comisión Europea sigue mirando con lupa al macroorganismo creado por el Gobierno de Mariano Rajoy, sobre cuya independencia ha manifestado serias dudas en varias ocasiones. Así, su vicepresidenta, Neelie Kroes, en respuesta a una pregunta del grupo socialista, comunicó a medidados de diciembre que los servicios técnicos comunitarios estaban analizando si el cese de los consejeros y presidentes de los antiguos reguladores sectoriales españoles se ajustaba a la legalidad europea.
Kroes amenazó en febrero con abrir un procedimiento de infracción a España si no se modificaba la ley de creación de la CNMC, entonces en trámite. El PP introdujo algunos cambios, pero no, en opinión de la vicepresidenta, el relativo al nombramiento y cese de los miembros de los consejos y la atribución de ciertas competencias. El consejo de la CNMCestá compuesto por una decena de miembros, todos ellos, salvo uno de CiU y otro del PNV, fueron elegidos a propuestas del Partido Popular.
Según la misiva, la Comisión considera de gran importancia “la independencia de las autoridades nacionales de regulación, lo que incluye la de los miembros de sus consejos”, que deben gozar de autonomía. Una vez estudiada la situación, la Comisión “adoptará las medidas oportunas”, señaló.
La Comisión Europea mantiene abierto un expediente a Hungría por un proceso similar al de la CNMC española, en aquel caso, con su Agencia de Protección de Datos,
Fuentes políticas aseguran que también lo ocurrido el pasado 20 de diciembre con la anulación de la subasta Cesur por parte de la CNMC, “ha puesto en duda ante la UE la independencia del nuevo organismo, que invalidó el proceso de la puja a petición del Gobierno”. Tras la invalidación de la subasta eléctrica a las 24 horas de producirse, el consejo envió al Gobierno dos propuestas para fijar un precio político a partir del 1 de enero para la tarifa de último recurso de los consumidores domésticos y las pymes. Este precio, incluido en un RDL, será ajustado en abril según la evolución del mercado.
El PSOE, fuera de combate
El Partido Popular ofreció en su día al PSOE dos puestos en el consejo de la CNMC, pero, tras estudiar la propuesta, Pérez Rubalcaba, declinó la oferta en julio alegando que había roto sus relaciones con el PP a raíz del escándalo de Bárcenas.
La decisión fue criticada por los miembros de su partido, que consideraban necesario participar en un organismo de nueva creación, aunque solo fuese para fiscalizar la labor. Lo ocurrido con la invalidación de la Cesur ha hecho comprender al PSOE que su presencia en la CNMC era necesaria. Sus consejeros tienen mandatos de seis años.
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